La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario (Comisión) de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Comisión remitió hasta 34 meses más tarde, la certificación anual de Registro de Contratos, y la certificación anual de Notificación de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos, a la Oficina del Contralor. Esta situación se atribuye a que los directores ejecutivos no velaron por el cumplimiento de la   reglamentación vigente.

La auditoría de tres hallazgos señala deficiencias y faltas de control en los inventarios físicos de la propiedad; por ejemplo, la Comisión no remitió a Hacienda los inventarios físicos anuales del 2014 al 2017, ni había contestado el último informe de diferencias enviado por Hacienda desde el 2009. Además, no suministraron los documentos justificantes de la adquisición de 30 unidades de propiedad examinadas y el 47% de estas no estaban bajo la custodia de la persona asignada en el Inventario de Propiedad en Uso.

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el director ejecutivo de la Comisión, autorizó la instalación de sirenas, biombos y cristales ahumados en los dos vehículos que utilizaban para mensajería. Además, los vehículos se utilizaron en viajes sábados y domingos sin que se cumplimentara la Solicitud y Autorización de Servicio de Transportación.

El Informe recomienda a los copresidentes de la Comisión, que se aseguren que el director ejecutivo cumpla con las disposiciones de ley y proteja adecuadamente los intereses de la Comisión, entre otras.

Este primer Informe de la Comisión, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría DA-20-18.

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