La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración de Terrenos relacionadas con los contratos de arrendamiento. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, al 31 de diciembre de 2018, la Administración tenía 158 cuentas vencidas pendientes de cobro por la cantidad de $2.7 millones. El director de la Oficina de Presupuesto indicó que, en la Administración, no se preparaban los informes de cuentas por cobrar. Además, en el examen realizado de una muestra, se encontró que no se habían realizado las gestiones de cobro legales en el 25% de las cuentas.

El hecho de que la Oficina de Servicios Legales no realizara gestiones de cobro, causa la acumulación, envejecimiento y que las cuentas resulten incobrables. Estas situaciones, contrarias al Reglamento de Cuentas por Cobrar, impiden a la Administración mantener un control adecuado.

La auditoría de dos hallazgos señala también que en el 33% de los contratos de arrendamiento otorgados entre el 2015 y 2017, los arrendatarios no obtuvieron las pólizas de responsabilidad pública. Además, al 29 de enero de 2019, un 66% de los arrendatarios, tenían las pólizas vencidas hasta por más de tres años. Estas situaciones dejan sin garantía a la Administración en caso de una reclamación judicial.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría CP-20-05.

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