La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que Cabo Rojo desembolsó fondos públicos por trabajos no realizados en la reparación de vehículos y equipo pesado. Nuestros auditores hallaron en el Garaje Municipal, un camión y un digger que no tenían instalados los motores que se habían enviado a reparar con un mecánico privado en el 2015. De hecho, las piezas y motor del digger estaban en el taller privado del mecánico y el motor del camión lo devolvió tan pronto nuestros auditores preguntaron por el mismo (ver fotos en el anejo 1).

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio compró piezas y servicios de reparación de vehículos y equipo pesado, sin obtener al menos, tres cotizaciones de proveedores representativos en el mercado. Una situación similar se había comentado en el Informe M-17-39 del 2016.

Además, el Municipio llevó una excavadora a un taller privado en el 2013 y un traxcavator a otro taller privado en el 2016, ambos para reparar. Sin embargo, el Municipio desistió de arreglarlos por el alto costo de la reparación. No obstante, la administración municipal no hizo los trámites para recoger ambas propiedades de los talleres, y con el tiempo se deterioraron, no se podían reparar y estaban en estado de abandono (ver fotos en el anejo 2). El costo original de ambos equipos en el 1999, fue de $150,880.

Contrario a reglamentación, el Municipio no solicitó ni el proveedor estableció por escrito, las garantías en la reparación a 12 vehículos y equipos pesados. Además, de una muestra de los expedientes encontramos que el 95% estaban incompletos, no mantenían un inventario físico y perpetuo de las piezas, no preparaban requisiciones para el despacho de estas y la protección física del inventario era inadecuada.

El Informe indica que del 2015 al 2017 ocurrieron en Cabo Rojo, 36 accidentes de vehículos y cinco perdidas de propiedad, que no fueron notificados a la Oficina del Contralor como dispone la reglamentación. Además, para ninguno de los accidentes examinados, se realizaron investigaciones administrativas para determinar si hubo falta, culpa o negligencia para fijar las responsabilidades correspondientes.

La auditoría comenta que Cabo Rojo tuvo déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $7.1 millones en el 2016 y $6.9 millones para el 2017. Estos déficits representan un 34% y un 31% del total del presupuesto respectivamente, para dichos años fiscales. El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-19-40.

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