La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Dorado. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que, se autorizaron 126 transferencias de crédito entre partidas presupuestarias por $4.3 millones, sin las certificaciones de sobrantes. El director de Finanzas no preparó las certificaciones sobre los balances y sobrantes disponibles. Una deficiencia similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-05 del 4 de septiembre de 2014.  Además, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el Alcalde aprobó transferencias de crédito sin asegurarse de remitirlos a la aprobación de la Legislatura Municipal.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio se vio obligado a pagar $10,839 en recargos por sobregiros de hasta $1.4 millones en las cuentas bancarias y cheques pagados sin fondo. Una situación similar se había identificado en el Informe M-15-05 de 2014. El Municipio también tuvo que pagar una multa a la Junta de Calidad Ambiental por no remitir el Manifiesto de la disposición de los desperdicios sólidos no peligrosos.

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio de Dorado, registró y remitió a la Oficina del Contralor de Puerto Rico sólo 266 de los 3,375 contratos otorgados y 439 enmiendas de las 1,969 otorgadas, con atrasos de hasta año y medio. El monto total de los contratos formalizados del 2013 al 2016, ascendió a $191 millones.

Nuestros auditores detectaron deficiencias en las facturas y en los comprobantes de desembolso como la falta de información sobre los servicios y trabajos realizados conforme a lo contratado. Además, la recaudadora oficial no firmó 66 informes de cierre por $1.1 millón y se cancelaron 90 recibos de recaudaciones sin registrar la firma ni indicar las razones para la cancelación.

El Informe comenta que Dorado tuvo que pagar $47,150 en honorarios a los abogados de una organización religiosa por orden del Tribunal, al incumplir una sentencia sobre el acceso de esta organización a las urbanizaciones del Municipio. Además, al 31 de diciembre de 2016, el Municipio tenía pendiente de resolución en el Tribunal, 15 demandas civiles por $8.2 millones, 3 demandas por injuction preliminar y cinco casos de empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

El Informe cubre el período del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2017

Vea el Informe de Auditoría M-19-06.

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