La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones del Sistema de Información de Justicia Criminal del Departamento de Justicia relacionadas con, entre otros, los controles internos para la administración de la seguridad, el acceso lógico y físico y la continuidad del servicio del Registro Criminal Integrado (RCI) y del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso de Menores (SORNA). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que tras casi cuatro años de haberse creado mediante la Ley 143-2014, un Comité para dirigir y, entre otros deberes, crear un Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, éste Protocolo no se había aprobado ni enviado a la Legislatura. Tampoco se había aprobado ni remitido a la Legislatura, el plan de trabajo para implementar las medidas dispuestas en la Ley.

La auditoría de seis hallazgos señala el atraso de casi tres años en la validación de la información de los registros en el Registro Criminal Integrado creado en 2013. Al 21 de septiembre de 2016, sólo se habían validado el 89% de los 380,000 registros.

Además, el Sistema de Información no contaba con un plan de contingencias sobre los sistemas ni un centro alterno para la recuperación de las operaciones computadorizadas. Estas situaciones que podrían propiciar la improvisación y que en casos de emergencia, se tomen las medidas inapropiadas y sin orden alguno, ya habían sido señaladas en el Informe de Auditoría TI-05-07 en el 2004.

El Informe indica que el Centro de Datos estuvo sin aire acondicionado del 4 de octubre de 2015 al 11 de mayo de 2016 y sin sistema de alarma del acondicionador del aire que alertaba sobre la necesidad de apagar los equipos de las altas temperaturas. Como consecuencia se dañaron los discos del servidor en el que mantenían los datos de la Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y del Prosecution Case Management System.  Además, se puso en riesgo la continuidad de las operaciones y los equipos del Centro de Datos cuyo costo estimado ascienden a $767,500.

Nuestros auditores identificaron que se le había otorgado accesos al SORNA a empleados que no utilizaban el sistema ni registraron transacciones. Además, hallaron que falta una metodología formal para la adquisición y desarrollo de aplicaciones en el Sistema.

El Informe cubre el periodo del 25 de enero de 2016 al 15 de junio de 2017.

Vea el Informe de Auditoría TI-18-14.

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