La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones relacionadas con los desembolsos de los programas federales y los contratos de servicios profesionales y consultivos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela la falta de información sobre la labor realizada y/o descripción de los servicios prestados en las facturas pagadas por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada en los años 2013 al 2017. Esta deficiencia de control interno, propicia la comisión de irregularidades en los desembolsos y evita que, en caso de cometerse, se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

La auditoría de tres hallazgos señala que la OPPEA se tardó hasta 688 días en contratar la preparación y radicación de los single audits de los años 2014, 2015 y 2016. La ley 273-2003 sobre las Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas de Entidades Gubernamentales, dispone que las entidades que reciben fondos federales deben contratar auditores externos para realizar las auditorías financieras 90 días antes del cierre del año fiscal auditado. Además, nuestros auditores identificaron que no se había realizado la auditoría de las operaciones fiscales de la OPPEA en el 2016, contrario a lo dispuesto en el Manual de Auditoría de dicha entidad.

El Informe comenta que al 3 de octubre de 2016 no se había constituido el Consejo Consultivo llamado a asesorar la entidad sobre las necesidades y el bienestar de las personas de edad avanzada. Además, la OPPEA llegó a unos acuerdos transaccionales por dos demandas contra la entidad que ascienden a $60,000 y $92,861.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de abril de 2017

Vea el Informe de Auditoría DA-18-15.

Para ver otros informes publicados, visite nuestra sección de Informes de Auditoría.