La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión adversa sobre la adquisición e implantación del Crime Information Warehouse (CIW), y sobre los controles establecidos para la entrada y salida de datos del Sistema de Expedición de Certificados de Antecedentes Penales (ANPE) y del Firearms Administration System (FAS).

La Policía de Puerto Rico invirtió $4.4 millones en el 2010 para la adquisición e implantación del CIW y $735,000 en el 2012 para su mantenimiento y operación. El examen realizado reveló que desde el 2013, el CIW no cuenta con información actualizada de las bases de datos de los Departamentos de Corrección, Justicia, y Transportación y Obras Públicas. Además, al 20 de octubre de 2014 no se utilizaba el módulo de Estadística del CIW. Estas situaciones no permitieron que la Policía obtuviera el máximo beneficio de los $5.1 millones invertidos y que tampoco la Policía contara con la información estadística necesaria para investigar los delitos. Por el contrario, la Policía trabajaba las estadísticas en el Sistema SAEC+ creado en el 2002 y en una hoja Excel.

El Informe de seis hallazgos señala que la información contenida en el FAS está incompleta y no es confiable. Por ejemplo, la base de datos de las armas de fuego no indicaba el modelo de las armas en 60,625 registros y la base de datos de las licencias indicaba como activas –luego de los 5 años de la vigencia de una licencia- unas 12,438 registros para los cuales habían transcurrido hasta ocho años luego de la vigencia. Nuestros auditores además, identificaron deficiencias con el proceso de notificación del vencimiento de las licencias de armas.

La auditoría desvela que para el 2014 no se habían registrado en el Sistema ANPE, unas 15,000 sentencias por delitos menos graves y que al 2015 los certificados expedidos por la Policía no incluían los delitos cometidos en las jurisdicciones locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Tampoco el Sistema ANPE había incorporado algunos artículos del Código Penal de del 2004 y los artículos del Código Penal del 2012. Estas situaciones afectan la integridad y confiabilidad del Sistema que expide Certificados de Antecedentes Penales.

Vea el Informe de Auditoría TI-17-07.

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