La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales de la Oficina del Procurador del Veterano.

El Informe de dos hallazgos revela que la OPV no ha recibido el pago de $89,280, por concepto del arrendamiento de las camas, que le debe la corporación con fines de lucro que administra la Casa del Veterano desde el 2014. La OPV tampoco había realizado gestiones de cobro a dicha corporación cuyo contrato asciende a $7.4 millones y vence en mayo de 2017.

Nuestros auditores identificaron además, que del 2013 al 2016 la OPV no contó con un nombramiento de administrador de documentos y tampoco con un inventario ni un plan de retención de los documentos. Esta situación impidió mantener un control adecuado y efectivos sobre los documentos públicos según dispone el Reglamento 15, Reglamento de Administradores de Documentos.

La auditoría comenta que la Oficina del Procurador del Veterano nunca ha constituido el Consejo Asesor como dispone la Ley 79-2013. El Procurador señaló que en el 2014 remitió al entonces Gobernador, los nombres de tres candidatos a representantes del interés público, pero no recibió contestación. La falta de un Consejo Asesor priva a la OPV de contar con el asesoramiento y la contribución de estos al cumplimiento de la misión y objetivos programáticos. Se recomienda al Gobernador de Puerto Rico que considere la situación descrita y que tome las medidas que correspondan.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016.

Vea el Informe de Auditoría DA-17-27.

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