Fuente: Javier Colón Dávila. El Nuevo Día. jueves, 11 de marzo de 2021

No obstante, la contralora solicitó que se extienda el periodo de tiempo que le otorga una resolución conjunta para cumplir con la encomienda y pidió más dinero para hacer el trabajo

La contralora Yesmín Valdivieso afirmó esta mañana que su oficina puede cumplir con la encomienda de auditar la deuda pública emitida al sostener que tiene el personal y la capacidad administrativa para así hacerlo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 63 (RCC-63) presentada por La Fortaleza dispone que una vez concluya la auditoría, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) podrá, a través del Secretario de Justicia y en representación del pueblo de Puerto Rico, impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine

Sin embargo, Valdivieso propuso en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes enmiendas a la resolución con que se planifica darle esta encomienda a la OCPR para tener tiempo adicional para realizar la labor. La medida dispone que sea hasta un año, pero la funcionaria quiere que sean al menos dos años.

“Lo razonable es de 18 a 24 meses, con una opción a seis meses”, dijo Valdivieso al describir el término incluido en la medida como “una locura”.

Por su parte, el Departamento de Justicia, en una ponencia firmada por su secretario designado, Domingo Emanuelli , sostuvo que si bien la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció un proceso para revisar la ilegalidad de la deuda pública, esto no debe interpretarse como una limitación a que el gobierno haga lo propio.

En el caso de Valdivieso, propuso que el periodo a auditarse se reduzca de 1972-73 al 2016. La RCC 63 le requiere que audite emisiones desde 1952 hasta el 2016. La medida la faculta a hace referidos a Justicia, la Oficinal del Panel del Fiscal Especial Independiente “o a cualquier agencia federal con jurisdicción sobre la materia, para imponer las responsabilidades civiles o criminales que correspondan contra quienes les hallan fallado a la confianza del Pueblo, y para impugnar en los foros competentes con jurisdicción cualquier deuda emitida ilegalmente y solicitar que se anule o elimine”, lee la medida

“Contamos con la capacidad administrativa, la experiencia colectiva y con un equipo de más de 325 profesionales en el área de auditoría. Entre estos, contadores públicos autorizados, auditores, abogados, examinadores de fraude y peritos forense digitales”, reza parte de la ponencia de Valdivieso presentada hoy ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

La funcionaria rechazó, a preguntas de El Nuevo Día, que la encomienda que recibiría la OCPR comprometa el personal que ahora trabaja en auditorías ordenadas por ley, como la de la Compañía de Turismo.

Valdivieso indicó que tiene dinero para poder reclutar personal. “Tengo plazas vacantes. Pero tenemos más personal… somos la firma de auditoría más grande de Puerto Rico”.

Objetó también el tiempo que le otorga la RCC-63 para realizar su trabajo. La medida dispone que el informe final deberá ser entregado dentro de un término de seis meses a partir de comenzada la auditoría, aunque ese periodo puede ser aplazado seis meses más.

“El tiempo establecido en la resolución no es el adecuado para realizar una auditoría responsablemente”, indicó Valdivieso, al sostener que una vez finalizada la fase de planificación, identificar los objetivos y el tipo de auditoría a realizarse, entonces estaría en una mejor posición de determinar cuánto tiempo necesitaría.

La contralora recordó que la resolución cameral le requiere a su oficina que se determine el propósito de cada emisión de deuda, su legalidad, si tenían fuente de repago al ser autorizadas, para qué se usó el dinero y si se cumplió con lo que se conoce como el “trust agreement”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el representante popular Jesús Santa Rodríguez, evalúa tres medidas en torno al tema de la auditoría de la deuda pública, incluyendo la RCC-63.

La medida establece que la Oficia de Gerencia y Presupuesto le asignará $1 millón anual a la OCPR para realizar esta labor y también le requiere a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la OGP que le brinden el asesoramiento técnico necesario a la OCPR.

Valdivieso indicó a este diario que ese dinero no es suficiente, aunque recordó que la resolución incluye un lenguaje que le permite recibir dinero “fondos adicionales” al dispuesto en el presupuesto con cargo al Fondo General

En su ponencia, Valdivieso indicó que su oficina ha auditado deuda gubernamental en entidades como la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación de Interés Apremiante y la Autoridad del Distrito de Convenciones. Igualmente, se han publicado informes de emisiones de deuda relacionadas al Tren Urbano, el Superacueducto, el Distrito del Centro de Convenciones , el coliseo José Miguel Agrelot, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura.

No obstante, la funcionaria sí advirtió a los legisladores que las negociaciones que realiza la JSF con los acreedores y los acuerdos finales aceptados por la jueza Laura Taylor Swain podrían tener un efecto “drástico” en los criterios que tenga que aplicar al hacer las auditorías.

Valdivieso llamó la atención a que la lista de entidades que deben dar apoyo técnico a la OCPR debe ser ampliada para incluir a la Oficina de Instituciones Financieras y la Oficina del Comisionado de Seguros.

Otras medidas discutidas

La Comisión cameral de Hacienda también atendió hoy otras dos medidas: el Proyecto de la Cámara 457 y el Proyecto de la Cámara 506.

El PC-457 es del representante popular José Rivera Madera y crea la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública de Puerto Rico, que tendría la encomienda de auditar la deuda pública desde 1972-73. Estaría integrada por el director de Instituto de Estadísticas y el presidente del Banco de Desarrollo Económico, cuatro miembros de la Asamblea Legislativa, entre otras figuras para un total de 15.

El PC 506, de los representantes Denis Márquez, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez propone crear una la Comisión de la Verdad y para la Auditoría Integral de la Deuda Pública de Puerto Rico y tendría la encomienda de realizar una auditoria integral de la deuda, comenzando en el año fiscal 1972-73, comprendiendo cuatro aspectos: auditoría financiera, auditoría forense, auditoría de cumplimiento y rendimiento y auditoría de impacto social.

Esta comisión estará integrada por 17 personas.

En lo que concierne a estas dos medidas, Justicia concluyó que ambas son “legítimas y válidas”. No obstante, la dependencia insistió en que, aunque reconoce que la Legislatura (en el caso del PC-457) tiene toda la facultad constitucional para realizar investigaciones, es la OCPR la que tiene la facultad constitucional, el andamiaje y los recursos para llevar a cabo una auditoría a gran escala, que es lo que propone la RCC-63.