EL VOCERO – 8 de febrero de 2018

A pesar de que el propietario de la empresa Ecolift, Ernesto Di Gregorio, fue acusado el pasado año por un presunto esquema de fraude en la venta de helicópteros al Negociado de la Policía, el ejecutivo continúa siendo investigado por las autoridades federales en relación con la adquisición de otra nave por parte del Departamento de Salud.

Fuentes de EL VOCERO confirmaron que la pesquisa contra Di Gregorio sigue en pie, pero esta vez en relación al helicóptero adquirido por Salud bajo la pasada administración para ser utilizado como ambulancia aérea, a un costo de $8 millones.

Según las fuentes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está a cargo de la investigación, a la que se le unió la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El portavoz de prensa del ICE, Iván Ortiz, dijo a este medio que no podía confirmar ni negar la existencia de investigaciones.

La Oficina del Contralor también participa en la investigación, confirmó la portavoz de prensa, Lisandra Rivera. De igual forma, indicó que aún no ha concluido su pesquisa sobre la compra de los helicópteros para la Policía.

“Nuestra investigación de la compra de los helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en la Policía resultó en la acusación contra el empresario; aún esto no ha culminado”, señaló Rivera en declaraciones escritas.

“Además, seguimos trabajando con las agencias federales sobre la transacción en la adquisición del helicóptero en el Departamento de Salud”, agregó. Indicó que mientras las partes investigadoras no concluyan su trabajo, no pueden publicar los informes del Contralor.

EL VOCERO intentó obtener una reacción de la defensa del empresario, pero al cierre de esta edición, no había devuelto llamada.

Di Gregorio fue acusado por un gran jurado el 28 de agosto de 2017 en relación a la venta de los helicópteros a FURA. La acusación fue desellada el pasado 12 de enero.

El pliego acusatorio contiene cargos por fraude electrónico y fraude de piezas de naves aéreas. La acusación incluye cinco cargos por el contrabando de mercancía de Estados Unidos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La acusación alega que entre el 13 de febrero de 2014 y el 17 de septiembre de 2014, el acusado diseñó un esquema para defraudar al gobierno de Puerto Rico en la venta de helicópteros Bell a la Policía, a fin de obtener dinero mediante representación fraudulenta.

El juicio contra Di Gregorio fue señalado para el 4 de junio. Además, la Fiscalía federal solicita una confiscación monetaria de $2,209,967.