fuente: El Nuevo Día
por: Wilma Arrigoitía
4 de julio de 2016

La contralora Yesmín Valdivieso dio paso al desarrollo de dos divisiones especializadas en el análisis de datos e inteligencia fiscal como medida para detectar de manera más eficiente y oportuna la corrupción gubernamental.

Al tiempo en que se sofisticó la presentación, tramitación y almacenamiento de documentos en la administración pública de agencias, corporaciones y municipios, surgieron también las nuevas formas de corromper y defraudar al sistema.

En muchos casos se trata de las viejas prácticas de corrupción, como la falsificación y alteración de cotizaciones y facturas, pero ahora mediante el uso de tecnología digital para registrar documentos como si fueran genuinos.

Por supuesto que también opera dentro del sistema la utilización de maniobras más intrincadas que permiten la desviación de fondos a través de tramitaciones electrónicas bancarias y otros refinados esquemas para defraudar al fisco.

Ante la complejidad de esos sistemas y la de probar esa actividad delictiva en los tribunales, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) creó en el 2011 la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, explicó su director, Iván Denizac.

Esta división utiliza la tecnología disponible para identificar, extraer y preservar datos de cualquier dispositivo electrónico, ya sea computadoras, teléfonos móviles o tabletas, para luego analizar la información obtenida y emitir conclusiones.

“Esta unidad es especializada y única en Puerto Rico porque ya vienen (los analistas) con un ‘background’ de conocimiento en el área de contabilidad”, explicó Denizac, quien labora en la OCPR desde hace 27 años. “Ellos (los analistas) pueden, no solamente encontrar evidencia electrónica y presentársela al auditor, sino que también pueden recopilar información y establecer lo que es una opinión, una conclusión de lo que ellos entienden es el esquema que pudiera estar ocurriendo”, agregó.

Esta división tiene ocho empleados, que en su mayoría tiene estudios universitarios en contabilidad y administración de empresas, lo que les permite detectar irregularidades administrativas, fiscales o violaciones de ley. Además, tienen certificaciones internacionales en forense digital y se han preparado en el área de fraude.

Entre sus funcionarios, hay una abogada que se encarga, entre otras cosas, de que la información recopilada cumpla con las reglas de evidencia y se preserve la cadena de custodia.

La mayoría de los casos en los que se ha requerido la colaboración de los analistas forenses de la OCPR están relacionados con auditorías de agencias gubernamentales y es en los procesos de compra donde con mayor frecuencia se ven las prácticas fraudulentas a través del uso de tecnología, explicó el director.

“Hay mucha creatividad y hemos descubierto casos en los que el auditor va y examina el expediente del proceso de compra, y están todos los documentos, y se da a entender que todo está razonablemente bien”, comentó Denizac.

“Sin embargo, cuando intervenimos, ocupamos la computadora y examinamos los documentos, nos percatamos que el expediente que vio el auditor fue todo recreado, que todo eso se creó cuatro o cinco meses después (de iniciado el proceso de compra)”, relató el funcionario.

Denizac indicó que se ha difundido entre algunos empleados gubernamentales y municipales la práctica ilegal de alterar cotizaciones que llegan electrónicamente en formatos Excel o Word y así “modifican las cuantías, las suben o las bajan” para beneficiar a una compañía en particular.

“Pero en la metadata del documento electrónico queda registrado quién fue el último que lo accesó (sic), el último que lo imprimió y si hubo modificaciones”, señaló Denizac. “Si no fuera por este tipo de recursos y de esfuerzo que se está haciendo dentro de la Oficina del Contralor, ese expediente hubiese pasado por correcto”, añadió.

El funcionario aclaró que la intervención forense se ejecuta solo cuando se presume de manera razonable que el aparato electrónico se usó para la comisión de un acto irregular o ilegal.

Una vez el funcionario a cargo de la auditoría tiene esa sospecha, se reúne con Denizac, le explica lo que encontró y, si el director entiende que existe la necesidad de examinarlo, se crea un caso forense y se asignan a los examinadores.

“Como miembros de la Oficina del Contralor, tenemos la autoridad para solicitar acceso a todo lo que sea propiedad pública y, entre ella, están los equipos tecnológicos”, mencionó el director. “Nosotros llegamos, identificamos el equipo de interés… e inmediatamente iniciamos un protocolo forense. Dentro de los pasos iniciales, y más importante, está la preservación de evidencia”, abundó.

Los funcionarios de la OCPR pueden llevarse el equipo para trabajarlo en el laboratorio forense -ubicado en Hato Rey, aunque fuera de la sede del Contralor-, pero también pueden hacer las imágenes en el lugar intervenido si es imprescindible para la continuidad de los servicios en esa dependencia.

“Una vez hacemos las correspondientes copias forenses -las que exigen las mejores prácticas a nivel internacional de lo que es manejo de evidencia digital-, empieza el proceso de extracción de información y de recuperar cualquier información que haya sido eliminada de los discos porque, aunque la eliminen, la vamos a recuperar. Tenemos herramientas especializadas para ese fin”, dijo Denizac. “Empezamos a buscar documentos de interés pertinente para la investigación y a compartirlos con el auditor a cargo de la auditoría, y así vamos levantando esa evidencia digital necesaria”, detalló.

Esta división colabora con el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y con el Departamento de Justicia. El ICF tiene su propia unidad forense digital, pero cuando se trata de crímenes de cuello blanco acostumbran a referirlo a la OCPR. Mientras que el DJ ha usado el conocimiento de estos analistas para diversas investigaciones.

CON EL OÍDO EN TIERRA. Para fortalecer las herramientas que disponen para fiscalizar la gestión pública, la OCPR también organizó una Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal con el propósito de atender con premura las quejas que llegan sobre posibles actos irregulares o delictivos en las agencias estatales y entidades municipales. Su directora, Egda Magaly Pagán Rivera, explicó que su personal puede poner en marcha una investigación preliminar sobre las querellas que reciben sin tener que aguardar por que la OCPR realice una auditoría en la agencia, corporación o municipio sobre la que se recibió la querella.

Una vez se recibe la queja, se procede a realizar un análisis jurisdiccional: si entienden que es un asunto que compete a la OCPR, realizan una investigación preliminar, pero si la descartan como asunto a atender por la Contraloría, hacen el referido a la entidad competente.

A partir de esa investigación preliminar pueden recomendar que se haga una auditoría de inmediato o que se proceda al archivo del caso si determinan que la queja no tiene méritos, explicó Pagán Rivera.

Esta división, que está adscrita a la oficina del subcontralor, Natanael Arroyo, recibe más de 700 querellas al año.

La oficina tiene un analista de inteligencia fiscal que se encarga de obtener e interpretar la información sobre las bases de datos que la OCPR tiene disponible, ya sea por disposiciones de ley o por acuerdos colaborativos con otras agencias.

“Unimos todo lo que tenemos de datos e información y le damos una interpretación para que haya un conocimiento, y es dirigido con unas conclusiones que puedan ayudar a los investigadores a culminar sus investigaciones”, señaló Joan D. Batista Manzano, analista de inteligencia fiscal de la OCPR.

Rivera Pagán adelantó que planifican estrenar durante este año una aplicación móvil para facilitar a los querellantes enviar información, fotos y documentos sobre posibles actos irregulares que observen dentro de la administración gubernamental.

“Lo que queremos es que vean presencia de la OCPR (en las entidades de gobierno) no solo cuando se va a hacer la auditoría”, expresó la directora de esta oficina de querellas.

Iván Denizac “Trabajamos desde la ocupación de equipo, la extracción de los datos a nivel del laboratorio y la preparación del informe con conclusiones”.

$400,000 La DE OCPR INVERSIÓN destinó esta suma para desarrollar esta división especializada.

29 PROCESOS ASISTIDOS Este es el número de casos en los que ha intervenido la División de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico para apoyar hallazgos de auditoria.