Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
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OFICINA DEL CONTRALOR

Conferencia Magistral

CPA Manuel Díaz Saldaña,
Escuela Graduada de Administración Pública
Universidad de Puerto Rico
15 de febrero de 2000

Muy buenos días a todos.

Agradezco a la comunidad universitaria de la Escuela de Administración Pública su gentileza al invitarme en este día. Regreso a mi Alma Mater con mucho gusto, especialmente ante un grupo como ustedes, con quienes tengo mucha afinidad en vocación e ideales.

Yo sé que la Conferencia Magistral a nombre de Don Roberto Sánchez Vilella es una ocasión importante para esta comunidad universitaria. Es un gran honor que el Dr. Mario Negrón Portillo y la Dra. Palmira N. Ríos González hayan pensado en nosotros para dirigirles hoy unas palabras. Usaré en lo posible el pronombre plural "nosotros" porque yo no vengo en calidad individual, sino como parte de un equipo de trabajo que se siente muy unido en el esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer una ética de gobierno que nos haga sentir más orgullosos de las instituciones de gobierno que sostienen nuestra democracia. Así que a nombre de mis compañeros y compañeras de la Contraloría, les extiendo a todos ustedes nuestra gratitud y solidaridad en este día.

Creo que el ser humano se realiza, se perfecciona y se santifica por medio de su profesión, oficio o trabajo. Por eso debemos poner el máximo de esfuerzo en lo que hacemos de manera que podamos ofrecerlo, continuamente a Dios.

En Puerto Rico nos hace bien una filosofía del trabajo que fomente la honestidad y la responsabilidad. Eso lo saben ustedes que estudian Administración Pública. Nos conviene una filosofía social que ennoblezca al ser humano en su conciencia de servir al prójimo. La solidaridad con el prójimo y el compromiso con el bien común son valores supremos en el servidor público.

El trabajo, y el estudio, que también es trabajo, expresa lo que se es, lo que se quiere y lo que se desea. Es una dimensión esencial de la naturaleza humana. Trabajar es ser co-creadores con Dios en la vida económica, social y espiritual de la humanidad. El trabajo tiene un alto contenido ético. Y por eso, la humanidad tiene que erradicar todo trabajo que sea instrumento de explotación, enajenación y deshumanización. Cuando la corrupción permea un trabajo el ser humano se denigra. En sentido profundo, la corrupción es una perversión de la dignidad humana. Nosotros definimos la corrupción como Abuso del puesto para beneficio personal.

La Conferencia Magistral bajo el legado de Don Roberto Sánchez Vilella, nos obliga a continuar su esfuerzo de avanzar la Administración Pública por cauces de responsabilidad social, de eficiencia institucional, de excelencia profesional y de ética pública.

Nuestro mensaje es el siguiente:

"La corrupción es controlable, el gobierno es manejable y la ética es aplicable".

Etica pública y buen gobierno es el binomio indispensable para Puerto Rico. Es el antídoto contra la corrupción. Si aplicamos principios éticos y buenas prácticas de administración pública, no hay razón alguna para que nuestros gobiernos no demuestren la eficiencia y la responsabilidad que todos esperamos y exigimos.

Los puertorriqueños hemos alcanzado un nivel sofisticado en conocimientos de gerencia, de administración, de auditoría financiera, y contamos con la tecnología de información, para hacer buen gobierno.

Diferimos radicalmente de quienes piensan que la corrupción es imparable, que los gobiernos son ingobernables y que en política pública la ética no tiene cabida. Estamos en desacuerdo. Esa línea de pensamiento conduce a cuestionar la propia racionalidad de querer vivir en una sociedad libre, de derecho y de justicia. Nuestra experiencia me da la convicción de que no solamente es posible, sino enteramente necesario, hacer buenos gobiernos, tener buenas administraciones públicas y disponer de una ética pública.

No vemos ninguna dificultad en proclamar que Puerto Rico reclama servidores públicos que trabajen con integridad profesional. Que respeten la constitución y las leyes que nos rigen. Que todas las agencias e instituciones públicas deben fortalecer su ética de trabajo, su eficiencia operacional y su efectividad al servicio del bien común.

En la Contraloría tenemos una batalla incisiva, permanente y sistemática para combatir la corrupción, venga de donde venga, sea de quien sea, la fomente quien la fomente, se beneficie quien se beneficie. No damos ni pedimos tregua a nadie.

Tenemos que decirlo y reiterarlo una y otra vez: la corrupción es injusta, es inmoral y es intolerable. Sus consecuencias para un país son devastadoras. Mina el buen gobierno y lo torna inefectivo. Fomenta la secretividad y ocultamiento de información que debe ser conocida. Distorsiona las bondades de la política pública. Vulnera la calidad de vida social. Hace que el sector privado se torne insensible a su responsabilidad social. Crea desconfianza en las instituciones democráticas. Conduce a una falsa inversión de los recursos del pueblo. Y sobre todo, afecta a los hermanos pobres y más desfavorecidos de nuestra sociedad. Si esos no son motivos suficientes de indignación y de voluntad para cambio, pues no sé qué más pensar.

La corrupción trasciende fronteras geográficas e ideológicas. Es una mafia, como los carteles de drogas, cuya única lealtad es servirse a sí misma y beneficiar a unos pocos individuos. No distingue partidos políticos, ni personas, ni clases sociales, ni niveles educativos, ni profesiones, ni sectores demográficos. Por esa razón las estrategias para combatir la corrupción deben ser abarcadoras e incluir los sistemas jurídicos, los mecanismos penales, las organizaciones educativas, la sociedad civil, las agrupaciones profesionales y las empresas privadas.

La corrupción penetra en los sistemas de gobierno y la empresa privada de diversas maneras. Nosotros publicamos un Manual titulado "Servidor Público: conducta, efectos y consecuencias" que define y describe las conductas que constituyen delito. Ese Manual está disponible para que lo consulten.

Subyacente a los modos de corrupción podemos encontrar cuatro factores generales. Quiero explicarlos brevemente, para ampliarlos luego con sus preguntas y comentarios. Podemos entender la corrupción como una relación entre oportunidad, necesidad, riesgo e inclinación. Esos son los factores que yo llamo condicionantes: primero, cuando existen bienes o riquezas públicas que están disponibles para el beneficio de intereses privados; segundo, cuando hay individuos o grupos con necesidad económica, de gratificación o de control, que tienen acceso a esos bienes públicos y además tienen el poder de negociar y sobornar; tercero, cuando los riesgos de detección y penalidad son mínimos; y cuarto, cuando la conciencia no tiene la formación moral correcta o la voluntad es débil y propensa a ceder a la tentación de corrupción.

Vamos a decirlo de forma más abreviada. Piensen en la corrupción como una combinación de oportunidad e inclinación ante una transacción con el gobierno. Puede iniciarse por cualquiera de los dos lados de la transacción: un soborno se le ofrece al político o funcionario; o el político o funcionario requiere y demanda un pago ilícito por hacerles favores que benefician a ese proveedor. Se llama extorsión. Cuando proviene del contratista privado que negocia con el gobierno, estos sobornos se ofrecen porque esa parte quiere algo que no debe tener, y soborna al funcionario o político para que viole las normas o la ley, o porque piensa que se le hace más fácil obtener mayores beneficios del erario (es decir, robar más cantidad de dinero) mediante el soborno al funcionario o político en cuestión.

Por esta razón, las estrategias para controlar la corrupción deben dirigirse a los dos polos de la transacción. Por un lado, las oportunidades deben minimizarse a través de reformas sistemáticas, a veces radicales -como algunas que proponemos- en la legislación, las normas de las agencias, los procedimientos operacionales, los modos de contratación, etc.; y por otro lado, las inclinaciones deben reducirse mediante una alteración del escenario inicial, que es de high profit, low risk es decir, "vas a obtener grandes beneficios con riesgos muy bajos", a otro escenario más favorable al interés público, que es de low profit, high risk, es decir, "no te arriesgues que los beneficios son muy bajos y las oportunidades de detección y penalización son muy altas".

Por consiguiente, logramos ese propósito de disminuir oportunidades y reducir inclinaciones con programas de reforma gubernamental en las tres ramas del gobierno - ejecutiva, legislativa y judicial - que cumplan estos requisitos:

• eficientes en las formas de prevención
• eficaces al fiscalizar el cumplimiento de la ley
• y efectivos al penalizar el incumplimiento.

En la Contraloría de Puerto Rico tenemos tres enfoques para combatir la corrupción:

• el enfoque preventivo
• el enfoque fiscalizador
• el enfoque ético

La prevención busca las condiciones para que no ocurran acciones de corrupción. La fiscalización provee mecanismos efectivos para detectar problemas a tiempo, ponerles remedios y facilitar una buena administración de los bienes públicos. Y la ética nos hace más sensibles para trabajar en el servicio público con integridad, responsabilidad y excelencia profesional.

Hemos implantado numerosas estrategias de acción, desde octubre de 1997 en que iniciamos la gestión en la Oficina del Contralor.

Lo primero que entendimos fue la necesidad de consenso con todo el pueblo de Puerto Rico. Aquí no hay cabida para héroes aislados ni llaneros solitarios en la lucha contra la corrupción. Es un problema que concierne a toda la sociedad. La forma de controlar la corrupción en un Estado democrático y de derecho es mediante la colaboración de un amplio espectro de individuos, grupos e instituciones sociales.

De manera muy especial, identificamos algunos sectores que tienen un alto grado de poder o influencia en la sociedad. Nos referimos concretamente a los partidos políticos, a los servidores públicos de carrera, a todas las agencias y ramas del gobierno, al sector empresarial privado, a los medios de comunicación social, a las instituciones educativas, a las organizaciones profesionales (por ejemplo, el Colegio de Abogados y mis colegas los Contadores Públicos), las uniones y sindicatos obreros, los grupos religiosos e iglesias, y en general, a toda la sociedad civil.

Cada sector, directa o indirectamente, incide en la ética pública y el buen gobierno. Todos tienen mucho que decir y mucho que hacer para prevenir y controlar la corrupción. Todos tienen una responsabilidad ética compartida con el bienestar de Puerto Rico. Y nosotros, en la Contraloría, hemos tocado la puerta de casi todos, para dar a conocer nuestro trabajo, unir propósitos y emprender acciones comunes.

En la Contraloría nos interesa promover el mayor número de coaliciones educativas y sociales que se movilicen no sólo para control y prevención de la corrupción, sino más aún: para fomentar buenas prácticas de gobierno. Por ejemplo, nos sentimos muy unidos a esta Escuela Graduada, a sus profesores y sus trabajos académicos; algunos de ustedes son asesores de nuestra Oficina y yo les consulto frecuentemente para recibir sus consejos y orientaciones. Asimismo, en 1998 convocamos a los presidentes de universidades en Puerto Rico para iniciar un proyecto común de enseñar ética pública a través de sus programas académicos.

Al principio de nuestra gestión, en octubre de 1997, tuve una experiencia muy interesante que me gustaría contárselas ahora. Un buen día de ese octubre, le comuniqué a mi equipo de trabajo el deseo de visitar los Municipios. ¿Por qué los Municipios? Porque sabemos que son lugares importantes donde los funcionarios, políticos y contratistas privados manejan muchos bienes, fondos y recursos que pertenecen al pueblo puertorriqueño. Y sabemos, además, que esos recursos se pueden administrar con mucha amplitud discrecional (y tengo bien subrayada esa frase de "mucha amplitud discrecional). Porque en buen castellano significa que por esos "loopholes" de mucha amplitud discrecional se pueden drenar y derrochar los recursos que son necesarios o que se han definido para cumplir las promesas de política pública a las que se obligan las instituciones políticas y sus representantes, con el pueblo de Puerto Rico.

Cuando dije que iba a visitar los Municipios, mis compañeros pensaron que me refería a una muestra bien selecta de Municipios. Tal vez ocho o diez.

- "Bueno, Sr. Contralor, ¿a cuáles quiere ir?" -

Yo respondí -"Quiero ir a todos". -

Hubo silencio y sonrisas disimuladas. Hasta que alguien escépticamente preguntó:

-"¿Usted dice a todos? Mire que son 78". -

-"Sí, a los 78, a cada uno"- me reafirmé sin titubeo.

Entonces, alguno se puso compasivo y me dijo:

-"Pues tiene diez años para hacerlo, si no se muere antes".

A lo que respondí enseguida:

- "Bueno, por si acaso me muero rápido, vamos a ir a los 78 Municipios en los próximos seis meses"-.

Ustedes se imaginarán las caras de incredulidad y asombro que pusieron en esa reunión. Algunos me aconsejaron que no lo hiciera, que eso era físicamente imposible, por el tiempo disponible, el desgaste a la salud y a los nervios.

Lo bueno de tomarse el trabajo en serio es que nos hace apasionados y un poco tercos en algunas convicciones básicas. Allá los que crean en cosas imposibles. De mi parte, yo creo que siempre podemos hacer más y mejor cuando tenemos pasión y perseverancia en nuestros proyectos de vida.

Pues les contaré que fuimos a los Municipios. A todos. Visitamos las 78 alcaldías, todas las asambleas municipales, los alcaldes, el personal clave de cada municipio. Fuimos, hablamos, expusimos, discutimos y aclaramos. Lo hicimos en 6 meses. Nos preparamos con un plan de visitas, un itinerario de reuniones y una agenda de discusión. Quiero que sepan que las visitas tenían que ser nocturnas y los sábados, porque las asambleas municipales se reúnen fuera de horas laborales. Cumplimos al pie de la letra nuestro programa de itinerario. No fallamos. Yo creo mucho en la buena planificación. Y creo todavía más en la buena implantación. Y creo todavía más en el buen seguimiento y evaluación de lo que se planifica y se implanta.

¿Qué dijimos a los Municipios? Que no hay nada misterioso en administrar bien su municipio. Que la administración pública responsable y eficiente está a la mano de cualquiera que se tome un poquito de tiempo para leer las normas, los reglamentos, los procedimientos, los deberes y funciones de su cargo.

Le dijimos a los alcaldes, a su personal clave y a las asambleas municipales que el municipio es un bien del pueblo y no una finca privada de nadie. No importa lo mucho que uno quiera a su municipio, o lo muy apegado que esté, o los muchos años que lleva trabajando, ese municipio NO ES PROPIEDAD PRIVADA de ninguna persona, de ningún partido político, de ninguna empresa particular, ni de ningún interés especial que no sea el bien común de las personas que residen en esta zona geopolítica, social, económica y cultural del país. Punto. Eso es muy fácil de entender.

Dijimos que los bienes y propiedades no son para ser manejados al antojo de nadie. Aquí hay dinero (a veces mucho dinero, estatal y federal), hay recursos materiales, equipos, infraestructuras y recursos humanos, y todo eso es para darle servicios al pueblo. Esto es patrimonio puertorriqueño. No es predio privado de las familias, amigos, compadres de los políticos o funcionarios. No se puede administrar con arbitrariedad, injusticia o inmoralidad.

Hablamos de algo que para nosotros tiene una gran importancia, y eso sí que nos indigna moralmente. En Puerto Rico todavía mucha gente vive en condiciones de pobreza, en condiciones marginadas, con necesidades básicas de salud, de vivienda, de empleo, de educación, de agua y de luz, de transporte, de eso que es necesario para subsistir, y que increíblemente en el siglo 21, todavía tenemos familias enteras que no tienen los recursos ni las condiciones para satisfacer esas necesidades. Si los Municipios no lo proveen, por ineficiencia, irresponsabilidad o corrupción, nos encontramos en un grave problema social, económico y moral de injusticia y desigualdad humana. Es una cuestión muy seria, muy grave, que no podemos ignorar ni tolerar.

Los Municipios asumen una responsabilidad con sus ciudadanos al prometer un programa de política pública que han de cumplir en plazos determinados. Esa responsabilidad tiene cuatro componentes: es legal, porque hay normas a cumplir; es ética, porque hay códigos de conducta en el gobierno; es económica, porque hay una relación de necesidades, bienes y transacciones; y es política, porque las reglas del juego democrático obligan a rendir cuentas al pueblo. En la implantación de la política pública, los gobiernos municipales y estatales asumen esas cuatro vertientes de responsabilidad con todas las implicaciones éticas, jurídicas, económicas y políticas que se pueden considerar.

En nuestras estrategias hacia los municipios, dimos a conocer unos criterios para evaluar los informes y otros asuntos financieros que regularmente deben producir así como otros asuntos relacionados a la gerencia.

Además hemos desarrollado los 10 principios para lograr una administración pública de excelencia. Si esos principios gerenciales se aplican de manera consistente y sistemática, yo les aseguro que vamos a tener unos niveles muy altos de eficiencia, efectividad, responsabilidad y honradez en los gobiernos municipales y en todas las agencias públicas. Desde fines de 1997 no cesamos de promover esa información donde quiera que vamos.

Volviendo a los 78 municipios, sepan que nosotros le dedicamos todo el tiempo necesario para contestar sus preguntas y dudas. Explicamos en detalle cómo administrar los fondos y propiedad públicos. Aclaramos lo que NO se debe hacer. Subrayamos que NO íbamos a tolerar corrupción de nadie. Insistimos en revisar las prácticas inadecuadas de:

• en contratos mal hechos
• en subastas mal decididas
• en obras que no se cumplen
• en la falta de controles de calidad
• en los informes financieros demorados, inconsistentes o con falsa información.

Discutimos cada uno de los diez criterios de evaluación: estados financieros, sistemas de contabilidad, conciliaciones bancarias, déficits presupuestarios, planes de inversiones, todo eso, que ustedes pueden consultar luego. Todo fue aclarado en nuestras visitas. No hay excusas por ignorancia ni por falta de información.

Tenemos evidencia de que esa gestión ha sido exitosa y que continua siéndolo. Para la evaluación del año pasado 51 municipios demostraron una mejoría sustancial en sus operaciones. De hecho, el 4 de junio de 1999 hicimos por primera vez, un acto especial para darles reconocimiento público. Nosotros creemos en reconocer cuando los funcionarios y servidores públicos ponen empeño y dedicación en su responsabilidad pública. Los restantes 27 municipios ya saben lo que deben hacer, y me parece que están encaminados en una dirección que esperamos sea satisfactoria a corto plazo. Anticipamos que este año sólo 10 municipios no reciban el reconocimiento.

También estamos promoviendo de manera muy insistente las cuatro recomendaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional). La Primera, que se demuestre la voluntad política de Cero Tolerancia a toda actividad que genere corrupción en el gobierno. Segunda, que se reduzcan y se dé mayor transparencia a las facultades discrecionales que favorecen la corrupción. Tercera, que se aumenten los sueldos del sector público y los incentivos para promover un comportamiento honesto. Y cuarta, que se busque una solución a la financiación de los partidos políticos.

Estudiamos detenidamente esos parámetros a fin de especificar las implicaciones concretas para la política pública puertorriqueña. El resultado fue que en diciembre de 1999 dimos a conocer al país cerca de 50 Recomendaciones para Combatir la Corrupción y Fomentar Buenas Prácticas de Administración Pública. Hicimos hincapié en el liderato de los partidos políticos.

Los partidos políticos desempeñan un papel central en nuestro sistema de gobierno. Somos una democracia indirecta en la que gobiernan, deliberan y deciden los representantes electos por el pueblo. Los partidos funcionan como interlocutores de las expectativas de los ciudadanos y deben traducir la voluntad del pueblo en políticas públicas. Por lo mismo, la Contraloría hizo un llamado abierto a los líderes de los partidos para que sean estrictos en controlar la corrupción, especialmente en años electorales.

La democracia puertorriqueña no es solamente el derecho al voto para elegir a los gobernantes cada cuatro años. Es mucho más: es la obligación permanente y sistemática de exigirles cuenta de sus intenciones y ejecutorias. Hay que evitar que nuestra política se mercantilice en la búsqueda de votos a toda costa. El pueblo puertorriqueño no es un cliente al que se puede manipular con propaganda más o menos engañosa o demagógica. De ahí la necesidad de una sociedad civil activa, bien informada y comprometida para exigir a los gobiernos la responsabilidad de sus actuaciones.

Desde la Contraloría hacemos una convocatoria a todos los sectores sociales para que se unan en promover la ética pública en Puerto Rico y en controlar la corrupción. Los valores éticos son como levadura en la conciencia moral de los puertorriqueños.

Ahora bien... no somos tan ingenuos como para suponer que la corrupción y el mal gobierno se resuelven introduciendo códigos de buena conducta. Para erradicar el vicio de la corrupción no basta con rasgarse las vestiduras, ni instituir leyes, ni aumentar los aparatos judiciales o de seguridad del Estado.

Hace falta algo más hondo y más profundo. Se pide una auténtica transformación en la conciencia individual. Debemos decirlo aunque suene radical: los discursos de ética pública no sirven para nada si no existe una voluntad política de aplicarla cotidianamente. Por el contrario, el propio discurso moral puede en ocasiones servir como coartada para ofrecer una falsa imagen de limpieza que oculta la corrupción, ya sea por acción o permitida por omisión. Cuando eso ocurre, el discurso moral es falso, cínico e hipócrita.

Estamos convencidos de la necesidad de una ética individual. Ciertamente que en la Contraloría enfocamos nuestro trabajo en controles externos: por ejemplo, las auditorías son eso. Pero debe quedar claro que no todas las conductas humanas y sus motivaciones son, ni deben ser, regulables externamente. La práctica de las virtudes es indispensable para la vida pública. Eso significa que el funcionario, servidor público y político, tiene que practicar la templanza, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la honestidad. entre otras virtudes.

No puede haber verdadera reforma en la administración pública y en el gobierno, sin voluntad política. Voluntad política es el factor crítico para combatir la corrupción. Voluntad política es indispensable para impulsar programas efectivos de prevención y control; es indispensable para sostener y mantener esos programas y medidas. Sin voluntad política las estrategias propuestas se tornan ineficaces. Para nosotros la voluntad política se define de manera muy directa: es la intención creíble y demostrable de los actores políticos para combatir las causas, condiciones y efectos de la corrupción. Hablamos de voluntad política para referirnos a personas concretas, con nombres y apellidos, que pretenden ser los protagonistas públicos de Puerto Rico y piden la confianza del pueblo con sus votos. Queremos ver de verdad que estas personas hagan transparentes sus intenciones, decisiones y actuaciones a favor de una política de CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCION - C. T. C. Voluntad política es donde convergen los discursos teóricos y las conductas prácticas. Es donde los políticos de verdad demuestran su valentía, su coraje, su determinación, su integridad, para hacer gobiernos honestos, responsables, y comprometidos con el bienestar del pueblo.

Los períodos de transición de gobierno y de procesos electorales son momentos ideales para demostrar esa valentía y determinación. Vamos a confiar en lo mejor. Ya entregamos 50 recomendaciones a los partidos políticos y a sus candidatos a puestos electivos. Además, se envió a todos los legisladores, jefes de agencias y alcaldes en funciones. Ahora tienen una magnífica oportunidad de demostrar su voluntad política de Cero Tolerancia a la Corrupción.

El gobierno y la administración pública tienen que demostrar su transparencia, para que :

• sus acciones sean visibles,
• sus intenciones conocidas,
• sus resultados evaluables,
• sus procesos controlables,
• sus informaciones publicables,
• y en esa constante rendición transparente de cuentas, sea el Pueblo mismo quien quita a los corruptos y elige a personas honestas y competentes.

Existe la concepción filosófica de que una sociedad de justicia, libertad y democracia sólo puede mantenerse si genera mecanismos para hacerla abierta y transparentemente gobernada.

En esa sociedad merecemos vivir y por ella vale la pena luchar. A esa sociedad aspiramos los puertorriqueños. Todas las agencias e instituciones públicas, sin excepción, deben hacer explícita su filosofía de trabajo. Que expresen sus valores y principios, que implanten sus planes estratégicos, que evalúen constantemente sus operaciones, que demuestren sistemas administrativos eficientes. En la Contraloría no hablamos por hablar. Nuestras acciones son el testimonio. Tienen copias de nuestra Misión, Visión y Valores. Creemos que esas palabras son para ser cumplidas. En ello nos jugamos la seriedad, la credibilidad y el honor.

Es común hablar de las famosas Tres E: Economía, Eficiencia y Efectividad. Nadie las discute. Pero hoy venimos a reconocer que la Escuela Graduada de Administración Pública trabaja para añadir la cuarta E que nos falta. A la Economía, a la Eficiencia y a la Efectividad se les ennoblece con la ETICA, la cuarta E que completa la ecuación.

Hoy venimos a felicitar a los estudiantes graduados de esta Escuela, porque ustedes enriquecen a Puerto Rico con una vida de trabajo responsable y honrado por nuestro pueblo. Hoy queremos reconocer y felicitar a esta Facultad de la Escuela de Administración Pública por su tesón investigativo, por su valentía intelectual, por el rigor de sus críticas a favor de una sociedad y un buen gobierno.

Nuestro capital ético es el tesoro de honradez y de integridad más preciado que podemos ofrecer. Démoslo a Puerto Rico con generosidad y buena voluntad.

Nuestro mensaje ha sido muy sencillo. Creo y espero que nos unan los mismos ideales: la corrupción es controlable, el gobierno es manejable y la ética es aplicable.

Aplaudo y felicito a este generoso público por su inquebrantable voluntad de hacer un Puerto Rico digno de nosotros.

Agradecemos de todo corazón su gentileza de invitarnos y su gran paciencia de escucharnos.

Dios les bendiga a todos.

Muchas gracias.