Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Nota: Este Comunicado de Prensa incluye información sobre la unidad auditada (Anejo 1), la
clasificación y contenido de los hallazgos del informe (Anejo 2).

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de la Central y Refinería Mercedita de la Corporación Azucarera de Puerto Rico (Corporación) para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación vigentes.^/

Determinamos emitir varios informes de dicha auditoría. Este tercer informe contiene el resultado del examen que realizamos sobre los contratos de compraventa de residencias a empleados y exempleados de la Corporación.

Las pruebas efectuadas revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, así como de normas de política pública, de sana administración y de control interno aplicables a las operaciones que atañen a este informe. Por ello, en nuestra opinión, dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

A continuación se resumen los hallazgos 1 al 5 del informe, clasificados como principales:

1. Los funcionarios concernidos de la Corporación actuaron contrario a la ley y a la reglamentación aplicable respecto a lo siguiente:

a(1) El 6 de febrero de 1980 la Junta de Gobierno aprobó el "Reglamento de la Junta de Subastas" para establecer su organización y los deberes y los procedimientos que se deben seguir en las subastas que celebre la Corporación.

La Corporación no radicó dicho Reglamento en el Departamento de Estado, ni ajustó el mismo a las disposiciones de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme".

(2) El 21 de septiembre de 1995 la Junta de Gobierno aprobó un nuevo "Reglamento de la Junta de Subastas" de la Corporación que enmendó el Reglamento del 6 de febrero de 1980 mencionado.

El nuevo Reglamento tampoco se radicó en el Departamento de Estado, ni se publicó un aviso en un periódico de circulación general con un resumen del mismo y sobre la intención de adoptarlo oficialmente.

Las situaciones señaladas impidieron que los reglamentos mencionados estuvieran accesibles a la ciudadanía en el Departamento de Estado en calidad de documentos públicos, y propician que se cuestione la validez de los mismos. Además, privaron al público en general de tener conocimiento sobre los reglamentos para expresar sus opiniones.

b. El 13 de diciembre de 1984 la Junta de Gobierno aprobó el "Reglamento para la Venta de Viviendas" para regir la venta de solares y viviendas localizadas en las centrales Roig, Coloso y Plata que no fueran de utilidad operacional para las actividades agro-industriales de la Corporación.

Dicho Reglamento no se enmendó para atemperarlo a las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental". Tampoco se enmendó para incorporar los requisitos establecidos en la Carta Circular Núm. 95-02 del 28 de diciembre de 1994 del Director Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental.

Por otro lado, en el Reglamento mencionado no se incluyeron disposiciones para prohibir la venta directa de los solares y residencias a los empleados y funcionarios de la Corporación que fueran propietarios de otras residencias.

La situación comentada, entre otras cosas, puede dar lugar a que no se observen procedimientos adecuados para regir las operaciones fiscales relacionadas con la venta de solares y residencias. Ello pudo propiciar las situaciones que se comentan en los hallazgos 3 y 4 y se presta para favoritismo.

2. El Director Ejecutivo en funciones no cumplió, entre otras disposiciones, con directrices de la Oficina del Gobernador sobre dispensas en la contratación de un exfuncionario de la Corporación del 1 de marzo al 31 de diciembre de 1992.

También dicho Director Ejecutivo permitió que el exfuncionario mencionado utilizara gratuitamente de enero de 1993 a septiembre de 1994 una residencia de la Corporación. El uso de dicha residencia incluía los servicios de agua y de energía eléctrica.

La situación comentada, entre otras cosas, no permite ejercer un control adecuado sobre la formalización de contratos en la Corporación y el uso de la propiedad del Gobierno.

3. Del 11 de septiembre de 1994 al 22 de agosto de 1995 el entonces Director Ejecutivo formalizó cuatro contratos para la venta de igual número de residencias localizadas en los terrenos de la Central Guánica por $215,963. Los contratos los formalizó con dos funcionarios, un exfuncionario y un exempleado de la Corporación.

En dichas transacciones de venta el entonces Director Ejecutivo, entre otras cosas, incumplió disposiciones de la "Ley de Etica Gubernamental" relacionadas con las dispensas requeridas para poder formalizar los referidos contratos.

La situación comentada, entre otras cosas, no permite ejercer un control adecuado de las transacciones de venta de las propiedades de las centrales de la Corporación.

4. Contrario a normas de sana administración, el entonces Director Ejecutivo autorizó las ventas de las cuatro residencias que se indican en el Hallazgo 3, a pesar de que los empleados compradores tenían otras residencias de su propiedad. Dos de éstos tenían dos residencias cada uno, otro tenía tres y el restante tenía una.

La prioridad para la venta a los ocupantes de las residencias se estableció con el propósito de garantizar una vivienda a éstos. Ello por entender que si ocupaban dichas residencias era porque los ocupantes no tenían otras propiedades.

Esta situación propició que se otorguara el beneficio de la venta a empleados cuya situación no era meritoria por éstos poseer otras residencias.

5. Contrario a la ley creadora de la Autoridad y de la Corporación y a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Corporación concedió el uso gratuito de residencias de la Central Guánica a funcionarios ejecutivos de ésta con posterioridad al cierre de las operaciones de dicha Central en noviembre de 1981.

Ejemplo de ello son los casos que se comentan en el Hallazgo 3. Los cuatro empleados mencionados disfrutaron del uso de las residencias asignadas gratuitamente y no pagaron por los servicios de agua y energía eléctrica luego del cierre de las operaciones de la Central Guánica en noviembre de 1981 hasta las fechas de las ventas de las residencias entre septiembre de 1994 y agosto de 1995. Al 31 de enero de 1998 todavía la Corporación suministraba gratuitamente el servicio de agua a las cuatro residencias.

La situación comentada ocasionó que la Corporación concediera ilegalmente el uso gratuito de las referidas residencias y sufragara los gastos de agua y energía eléctrica de las mismas. Estos gastos y las rentas dejadas de devengar privaron de recursos a la Corporación por una cantidad indeterminada.

La Corporación fue creada el 29 de enero de 1973 mediante Resolución de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (Autoridad), a base de los poderes que le fueron conferidos a ésta por la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, conocida como "Ley de Tierras de Puerto Rico", según enmendada. La Corporación se creó como una corporación subsidiaria de la Autoridad. Su función principal consiste en conservar, desarrollar, mejorar e intensificar el cultivo de tierras dedicadas a la producción de cañas y operar centrales para la producción y elaboración de azúcar en su forma más económica y amplia posible.

Por virtud de la Resolución Núm. 321 del 1 de febrero de 1973, la Junta de Gobierno de la Administración de Terrenos autorizó la transferencia a la Corporación de todas las centrales azucareras, refinerías y los terrenos propios y arrendados. También autorizó la transferencia a la Corporación de toda la propiedad mueble e inmueble y las deudas relacionadas con la industria azucarera.

Los poderes de la Corporación son ejercidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad (Junta de Gobierno). La Junta de Gobierno está compuesta por el Secretario de Agricultura, quien actúa como su Presidente, y cuatro miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. La administración y supervisión de las operaciones de la Corporación las ejerce un Director Ejecutivo, quien es nombrado por el Director Ejecutivo de la Autoridad, con la aprobación de la Junta de Gobierno.

En el Reglamento Interno de la Corporación ("By Laws"), aprobado por la Junta de Gobierno el 2 de octubre de 1985, se estableció que el Director Ejecutivo responderá directamente a dicha Junta. Este será el Primer Ejecutivo de la Corporación y será responsable de la ejecución de la política, planes y programas aprobados por la Junta de Gobierno. Se estableció, además, que el Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad general de la administración, dirección y supervisión de los asuntos de la Corporación y de todas las pertenencias de ésta. También tendría la supervisión de todos los departamentos, divisiones y unidades funcionales de la Corporación.

Mediante contrato del 16 de noviembre de 1973 la Administración de Terrenos transfirió a la Corporación el contrato de arrendamiento formalizado el 13 de octubre de 1971 con la Central Mercedita Co. y la Puerto Rico American Refinery, Inc., para el arrendamiento de la Central y la Refinería Mercedita, con todos los derechos y obligaciones asumidos por dicha Administración en virtud del mismo.

El 28 de octubre de 1976 la Autoridad formalizó dos contratos para la compraventa y sumisión de arbitraje de la Central y la Refinería Mercedita. El panel de arbitraje establecido en virtud de dichos contratos determinó que el valor de éstas era de $16,725,271 y $6,000,000, respectivamente. El 29 de enero de 1979 la Autoridad formalizó un "Contrato de Compraventa, Hipoteca y Cancelación de Pagarés Hipotecarios" con funcionarios de la Sucesión J. Serrallés mediante el cual la Autoridad adquirió la Central Mercedita por $16,725,271. El 31 de marzo de 1981 la Autoridad formalizó el "Contrato de Compraventa" con la Puerto Rico American Refinery, Inc. para la adquisición de la Refinería Mercedita por $6,000,000.

El 31 de diciembre de 1994 la Central Mercedita descontinuó las operaciones relacionadas con la molienda de caña y continuó con las operaciones de la Refinería Mercedita. Las operaciones de la molienda de caña de la Central Mercedita fueron transferidas a la Central Coloso en Aguada. Con posterioridad a la zafra de 1994 todo el equipo y la maquinaria agrícola de la Central Mercedita fue transferido a las centrales Coloso y Roig.

Los recursos para financiar las operaciones de la Central Mercedita y de la Refinería Mercedita provienen de las ventas del azúcar cruda y refinada, de las mieles, los ingresos por intereses bancarios y de refacción, el arrendamiento de terrenos y estructuras y las ventas de la propiedad y el equipo excedente. Durante los cuatro años naturales del 1993 al 1996 éstas tuvieron ingresos y gastos consolidados por $73,138,137 y $65,909,289, respectivamente, según se indica:

Año	Ingresos	Gastos	Sobrante o (déficit)

1993	$23,798,671	$21,144,805	$2,653,866

1994	19,970,739	20,386,715	(415,976)

1995	17,410,180	12,116,461	5,293,719

1996	11,958,547	12,261,308	(302,761)

Totales	$73,138,137	$65,909,289	$7,228,848

Mediante la Ley Núm. 189 del 5 de septiembre de 1996, conocida como "Ley de Transferencia de Activos y Pasivos para la Negociación de la Corporación Azucarera de Puerto Rico y de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico", se autorizó la negociación conducente a la transferencia de los activos de la Corporación por el valor nominal de un dólar a una empresa a ser creada por los colonos productores de caña de azúcar (Empresa). En dichos activos se incluyó la Refinería Mercedita, las centrales azucareras Coloso y Roig y el equipo y la maquinaria allí localizados. Se incluyó, además, el equipo y la maquinaria de las centrales Mercedita y Plata. También se incluyeron los terrenos arrendados por la Corporación, en la medida en que éstos puedan ser cedidos, los terrenos y las propiedades inmuebles necesarios o convenientes para las operaciones de las centrales Coloso y Roig y la Refinería Mercedita.

En los activos mencionados también se incluyeron las franquicias, los permisos, las marcas de fábrica (incluye, pero sin limitarse, la marca de fábrica "Snow White" la cual sólo podía utilizarse para azúcar producida y envasada en Puerto Rico), el inventario y las cuentas por cobrar, y cualquier otro activo mueble e inmueble de la Corporación y de la Autoridad.

- La transferencia de los activos de la Corporación y de la Autoridad y las gestiones y actuaciones del Director Ejecutivo estarán sujetas a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Autoridad y de la Asamblea Legislativa.

- Durante los primeros 25 años, a partir de la fecha de transferencia de los activos, éstos sólo podían ser utilizados para el cultivo, producción, mercadeo y venta de azúcar de caña y sus productos derivados. Además, que dichos activos no se podían vender, transferir, ceder o de otra forma enajenar excepto en el caso de que dicha venta, transferencia, cesión o enajenación resultare en el pago a la Autoridad de $15,000,000.

- Si los activos transferidos a la Empresa dejaban de utilizarse en el cultivo, producción, mercadeo y venta de caña de azúcar y sus productos derivados, éstos revertirían a la Corporación, o si la Corporación hubiese sido liquidada, a la Autoridad. Al 31 de diciembre de 1997 no se había realizado la transferencia de los activos.

- La Autoridad tendría el derecho a examinar los libros, las cuentas y los récords de la Empresa durante el término de 25 años para verificar que los activos enajenados sean reinvertidos en las operaciones de la misma.

En nuestros informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados en las pruebas realizadas. Estos se clasifican como principales y secundarios. Los principales incluyen desviaciones de disposiciones con un efecto material, tanto en el aspecto cuantitativo como el cualitativo, sobre las operaciones de la entidad auditada. Se clasifican como hallazgos secundarios los que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves.

Los hallazgos de este informe están presentados a base de atributos establecidos conforme a las normas de redacción de informes de esta Oficina. El propósito es facilitar al lector una mejor comprensión de la información ofrecida. Cada uno de ellos consta de las siguientes partes:

1. Situación - Los hechos encontrados en la auditoría indicativos de que no se cumplió con uno o más criterios.

2. Criterio - El marco de referencia para evaluar la situación. Es principalmente una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del auditor.

3. Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio.

Al final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el informe para que se tomen medidas correctivas sobre los errores, irregularidades o actos ilegales señalados.

Cuando ello lo amerite, se incluye al final del hallazgo información sobre la contestación de la gerencia con respecto a los asuntos señalados.