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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Contralor
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Unidad : 3097
Transacciones Resultantes de la Venta de los Activos 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico
Informe Número:
CP-02-24 del 30 de abril de 2002
Período Auditado:
2 de marzo de 1999 al 30 de junio de 2001
Autorizado por:
Manuel Díaz Saldaña, Contralor
Fecha:
6 de mayo de 2002

Nota: Este Comunicado de Prensa incluye el ANEJO 1 en el que se provee información sobre la unidad auditada; el ANEJO 2 donde se explica la clasificación y el contenido de un hallazgo; y los ANEJOS 3, 4 y 5 en los cuales se especifican los nombres, los cargos y el período durante el cual se desempeñaron los Miembros de la Junta de Gobierno, los funcionarios principales de dicha unidad y los Miembros de la Junta de Directores de TELPRI.

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de las Transacciones Resultantes de la Venta de Activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico (Autoridad) para determinar si las mismas se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Las pruebas efectuadas demostraron que las operaciones objeto de este informe se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. A continuación se resume el hallazgo 1 clasificado como principal:

1-a.  La Ley Núm. 54 autorizó, entre otras cosas, el proceso de negociación de la compraventa de los bienes de la Autoridad y sus subsidiarias. Además, la Resolución Conjunta Núm. 209, según enmendada, aprobó, entre otras cosas, la venta o traspaso de los bienes de la Autoridad y sus subsidiarias, así como, el uso que se le daría al dinero recibido por concepto de dicha venta o traspaso.

El 2 de marzo de 1999, cierre de la transacción de la venta de los bienes de la Autoridad, el Gobierno de Puerto Rico recibió $2,045,571,148. De este importe, $1,200,000,000 fueron utilizados para, entre otras cosas, crear un fondo especial designado como Fondo de Desarrollo de la Infraestructura de Puerto Rico el cual sería administrado por AFI. Se utilizó, además, para crear un fondo de $25,000,000 cuyo propósito era, entre otras cosas, cubrir los costos incurridos durante y como resultado del proceso de venta, incluyendo los procesos preliminares del mismo. Dicho fondo se conoce como Fondo de Gastos de la Venta de los Activos de la Autoridad y es administrado por el BGF.

Del 2 de marzo de 1999 al 30 de junio de 2001 el Fondo de Gastos generó $1,154,841 en ingresos por intereses y se efectuaron 89 desembolsos por $17,477,465 del mismo. Estos desembolsos correspondían a pagos por servicios de asesoría legal y análisis y orientación financiera recibidos durante el proceso de la venta de los bienes de la Autoridad, entre otros. Al 30 de junio de 2001 el balance del Fondo de Gastos era de $8,677,376.

El examen realizado a 21 (24 por ciento) de los 89 desembolsos mencionados por $9,055,711, reveló lo siguiente:

      1. Del 2 de septiembre de 1999 al 23 de abril de 2001 el BGF efectuó tres desembolsos por $6,009 a dos firmas de abogados por servicios legales prestados. Los indicados desembolsos fueron realizados con cargo al Fondo de Gastos. Determinamos que contrario a lo establecido en la Ley Núm. 54, dichos servicios no estaban relacionados con el proceso de venta de los bienes de la Autoridad ni con ningún otro asunto de ésta.

      2. La situación comentada ocasionó que el BGF pagara indebidamente $6,009 del producto de la venta de los bienes de la Autoridad. Privó, además, al Fondo de Gastos de recursos que pudieron utilizarse para atender gastos del proceso de venta de los indicados bienes.

      3. Del 2 de septiembre de 1999 al 9 de noviembre de 2000 el BGF efectúo ocho desembolsos por $38,513 a una firma de abogados y a un consultor financiero correspondientes a quince facturas por servicios legales y financieros relacionados con el proceso de venta de los bienes de la Autoridad. Observamos que, contrario a la reglamentación aplicable y a normas de control interno y de sana administración, dichas facturas no indicaban el período para el cual se estaban facturando los servicios.

      4. Contrario a la reglamentación aplicable y a normas de control interno y de sana administración, tres facturas por $29,000 pagadas por el BGF entre el 9 de septiembre de 1999 y el 6 de noviembre de 2000 a una firma de contadores públicos autorizados por servicios de auditoría, no tenían informes de tareas realizadas u otro documento en donde especificara la labor realizada y las horas invertidas en las mismas. Dichas facturas sólo indicaban el tipo de servicio realizado y el importe del mismo.

      5. Las situaciones comentadas en los apartados a.2) y 3) no permiten al BGF ejercer un control adecuado sobre la legalidad y corrección de los pagos efectuados por los servicios contratados durante el proceso de venta de los bienes de la Autoridad.

      6. Del 11 de marzo de 1999 al 23 de abril de 2001 el BGF efectuó 16 desembolsos por $728,111 a tres consultores financieros, tres asesores legales y al Senado de Puerto Rico por gastos incurridos durante el proceso de venta de los bienes de la Autoridad. Dichos gastos fueron por envío de correspondencia, transportación aérea y terrestre, servicios clericales, reproducción de documentos, mensajería y llamadas a larga distancia, entre otros. El examen de dichos desembolsos reveló que:

a.  Contrario a normas de sana administración y control interno, de los gastos mencionados, $201,772 fueron pagados por el BGF a pesar de que las facturas sometidas no incluían los justificantes necesarios que respaldaran los gastos reclamados, tales como: copias certificadas de facturas, conduces certificados como correctos, desgloses detallados de los gastos u otros documentos que evidenciaran el desembolso incurrido. Tampoco los funcionarios del BGF a cargo de examinar la corrección de los mismos y aprobar los desembolsos los solicitaron.

La situación comentada no permite al BGF ejercer un control adecuado sobre la legalidad y corrección de los pagos efectuados por gastos reembolsables relacionados con servicios recibidos durante el proceso de venta de los bienes de la Autoridad. Propició, además, el ambiente para la situación que se comenta en el Apartado a.4)b).

b.  El 5 de octubre de 1998 un consultor financiero facturó al BGF $156,075 por gastos incurridos del 24 de octubre de 1997 al 24 de julio de 1998 durante el proceso de venta de los bienes de la Autoridad. El 29 de noviembre de 1999 el BGF pagó al consultor el indicado importe. El examen de los justificantes sometidos por el consultor reveló que:

  • $450 correspondían a la compra de unos tickets for the client, client relations para el Vicepresidente a cargo de Privatizaciones del BGF. Contrario a lo establecido en la Ley Núm. 54 y a normas de sana administración, en los documentos examinados no se indicaba el propósito de dicha compra ni las razones para autorizar el pago de la misma. Tampoco el consultor presentó los justificantes para dicha compra ni los funcionarios del BGF a cargo de preintervenir los desembolsos los solicitaron.

  • $98 fueron por gastos incurridos por personal del consultor en bebidas y en un lugar que ofrece servicios para mejorar la apariencia física y relajación personal, entre otros. Contrario a lo establecido en la Ley Núm. 54 y a normas de sana administración, determinamos que dichos gastos no constituyen un fin público.

Las situaciones comentadas en el Apartado a.4)2) ocasionaron que el BGF pagara indebidamente $548 del producto de la venta de los bienes de la Autoridad. Privó, además, al Fondo de Gastos de recursos que pudieron utilizarse para atender otros gastos incurridos durante el indicado proceso.

El Informe de Auditoría CP-02-24, emitido por nuestra Oficina el 30 de abril de 2002, se puede conseguir en nuestra página de Internet: http://www.ocpr.gov.pr.

ANEJO 1

transacciones resultantes de la venta de los activos
de la autoridad de teléfonos de puerto rico

INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD AUDITADA

La Autoridad fue creada por la Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974, según enmendada, como una corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ello con el propósito de adquirir, operar y expandir las facilidades de comunicación en Puerto Rico.

El 24 de julio de 1974 la Autoridad adquirió de All American Cables and Radio, Inc., subsidiaria de la International Telephone and Telegraph Corporation, todas las acciones comunes emitidas y en circulación de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC). El precio de adquisición fue de $165,250,857. La PRTC operaba como una subsidiaria de la Autoridad.

Los poderes corporativos de la Autoridad eran ejercidos por una Junta de Gobierno (Junta de Gobierno) compuesta por siete miembros. Cinco de ellos eran nombrados por el Gobernador con el consejo y el consentimiento del Senado. Los otros dos representaban directamente el interés de los consumidores.

El 4 de agosto de 1997 se aprobó la Ley Núm. 54 mediante la cual se autorizó, entre otras cosas, el proceso de negociación de compraventa de los bienes de la Autoridad y sus subsidiarias; establecer los procedimientos y las condiciones bajo los cuales se efectuará dicha venta; establecer el proceso de aprobación por el Gobernador y por la Asamblea Legislativa y disponer el uso del producto neto de la venta. Para llevar a cabo dicho proceso se autorizó a la Junta de Gobierno a crear un Comité Negociador (Comité) el cual estaría compuesto por tres miembros de dicha Junta, el Director Ejecutivo de la Autoridad y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). Este último sería designado como Presidente del Comité y tendría a su cargo en el BGF la contratación de los expertos y asesores que estimara necesarios para facilitar la venta.

El 25 de septiembre de 1997 la Junta de Gobierno, mediante la Resolución Núm. 97-42, entre otras cosas, creó el Comité.

Durante el proceso de la compraventa el Comité, a través de su asesor Morgan Stanley & Co., invitó a participar a veinte y ocho compañías de telecomunicaciones. De éstas, ocho sometieron la información requerida. Seis de éstas últimas se retiraron durante el proceso y Telefónica Internacional, S.A. (TISA) a pesar de que mostró interés nunca sometió una oferta final de compra. Un consorcio compuesto por GTE International Telecommunications, Inc. y Popular, Inc. (Consorcio) fue el único que presentó una oferta final al Comité.

El 27 de mayo de 1998 el Comité sometió un informe a la Junta de Gobierno y al Gobernador donde recomendó, entre otras cosas, vender por $1,875 millones el 50 por ciento más una acción al Consorcio. El 24 de junio la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta Núm. 209 donde, entre otras cosas, aceptó los términos y condiciones del Acuerdo de Compraventa (Asset Purchase Agreement) con el Consorcio. Autorizó, además, al Comité y a la Junta de Gobierno a aprobar cualquier enmienda que no alterara material y adversamente para la Autoridad los términos y condiciones del acuerdo mencionado con el Consorcio.

El 25 de junio de 1998 TISA presentó al Comité una oferta no solicitada por $2,100 millones para adquirir el 60 por ciento de las acciones ó $2,000 millones para adquirir el 50 por ciento más una acción. El 3 de julio el Comité decidió evaluar dicha oferta para determinar si la misma superaba la presentada por el Consorcio.

El 15 de julio de 1998 el Consorcio presentó al Comité una nueva oferta de compra la cual mejoró varios aspectos de su primera oferta y aumentó el importe de la misma a $2,008.7 millones por el 51 por ciento de las acciones.

Luego de evaluar las nuevas ofertas presentadas por TISA y el Consorcio, el 20 de julio de 1998 el Comité recomendó a la Junta de Gobierno adjudicar la venta al Consorcio y dar por terminado el proceso de privatización. La Junta de Gobierno aprobó dicha transacción ese mismo día.

El 12 de febrero de 1999 la Administración Federal de Comunicaciones aprobó la transacción de compraventa y el 2 de marzo fue formalizado el Acuerdo de Compraventa. Al cierre de la transacción el Gobierno de Puerto Rico recibió $2,045,571,148. Este importe incluye el precio de venta del 51 por ciento de las acciones al Consorcio, $26,100,000 de la venta de un 3 por ciento de las acciones al Plan de Participación de los Empleados en las Acciones (Employee Stock Ownership Plan)1 más otros recursos por $10,771,148 que surgieron como consecuencia de la transacción.

El total recibido se distribuyó según se indica:

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Deuda de la Autoridad

$ 588,147,7552

Plan de Retiro de los Empleados de la PRTC

173,525,925

Fondo de Desarrollo de la Infraestructura de Puerto Rico

1,200,000,000

Recursos para cubrir los costos de la transacción

25,000,000

Reserva para contingencias

 

58,897,468

TOTAL

$2,045,571,148

Los $25,000,000 para cubrir los costos de la transacción son administrados por el BGF. El propósito de dichos fondos es cubrir los gastos incurridos durante el proceso de compraventa por las instituciones gubernamentales designadas en la Resolución Conjunta Núm. 209, según enmendada3. Además, la reserva para contingencias por $58,897,468 también es administrada por el BGF y su propósito es atender, entre otras cosas, litigios legales que puedan surgir como consecuencia de la venta y otros asuntos judiciales de la Autoridad que estaban pendientes a la fecha de la transacción de venta4. Cualquier sobrante de ambos importes más los intereses que generen serán depositados en el Fondo de Desarrollo de la Infraestructura de Puerto Rico.

Dicho fondo es administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)5.

Luego de la transacción, las acciones de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Inc. (TELPRI), nueva compañía de teléfonos de Puerto Rico, se distribuyeron de la siguiente forma: 50 por ciento para el Consorcio, 43 por ciento para el Gobierno de Puerto Rico y 7 por ciento para el ESOP. Los poderes corporativos de TELPRI son dirigidos por una Junta de Directores compuesta por nueve miembros, de los cuales tres son nombrados por el Gobierno de Puerto Rico6.

Con el cierre de la transacción de la venta de los bienes de la Autoridad y sus subsidiarias entró en vigor la Ley Núm. 94 del 24 de junio de 1998 la cual enmendó la Ley Núm. 25 para, entre otras cosas, adscribir la Autoridad al BGF. Se estableció, además, que la Autoridad tendría existencia y personalidad jurídica separada e independiente del BGF y que sería dirigida por una Junta de Gobierno compuesta por cinco miembros. El Presidente del BGF es el Presidente de la Junta y Director Ejecutivo de la Autoridad. Los restantes cuatro miembros son nombrados por la Junta de Directores del BGF de entre sus miembros.

Para administrar las acciones del Gobierno de Puerto Rico en TELPRI, el BGF creó una subsidiaria conocida como GDB Holdings. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2000 la Autoridad creó una subsidiaria conocida como PRTA Holdings Corporation la cual asumió la responsabilidad de administrar dichas acciones a partir de la indicada fecha.

El 25 de enero de 2002 la Autoridad formalizó un nuevo acuerdo con el Consorcio para venderle por $172,260,000 un 15 por ciento adicional de las acciones que posee de TELPRI8. Ello según fue acordado en el Acuerdo de Compraventa del 2 de marzo de 1999. Luego de esta venta, las acciones de TELPRI se distribuyen de la siguiente forma: 65 por ciento para el Consorcio, 28 por ciento para el Gobierno de Puerto Rico y 7 por ciento para el ESOP. La cantidad de miembros del Gobierno de Puerto Rico en TELPRI no se vió afectada por dicha transacción.

Los dividendos que generen las acciones del Gobierno de Puerto Rico en TELPRI y el producto neto de la venta posterior de las mismas son destinados a fortalecer la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades9.

ANEJO 2

transacciones resultantes de la venta de los activos
de la autoridad de teléfonos de puerto rico

CLASIFICACIÓN Y CONTENIDO DE UN HALLAZGO

En nuestros informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados por las pruebas realizadas. Éstos se clasifican como principales o secundarios. Los principales incluyen desviaciones de disposiciones sobre las operaciones de la unidad auditada que tienen un efecto material, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. Los secundarios son los que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves.

Los hallazgos del informe se presentan según los atributos establecidos conforme a las normas de redacción de informes de nuestra Oficina. El propósito es facilitar al lector una mejor comprensión de la información ofrecida. Cada uno de ellos consta de las siguientes partes:

Situación - Los hechos encontrados en la auditoría indicativos de que no se cumplió con uno o más criterios.

Criterio - El marco de referencia para evaluar la situación. Es principalmente una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del auditor.

Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio.

Causa - La razón fundamental por la cual ocurrió la situación.

Al final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el informe para que se tomen las medidas necesarias sobre los errores, irregularidades o actos ilegales señalados.

En la sección sobre los COMENTARIOS DE LA GERENCIA se indica si el funcionario principal y los ex funcionarios de la unidad auditada efectuaron comentarios sobre los hallazgos incluidos en el borrador del informe que les envía nuestra Oficina. Dichos comentarios se consideran al revisar el borrador del informe y se incluyen al final del hallazgo correspondiente en la sección de HALLAZGOS EN LAS TRANSACCIONES RESULTANTES DE LA VENTA DE LOS ACTIVOS DE LA AUTORIDAD DE TELÉFONOS DE PUERTO RICO, de forma objetiva y conforme a las normas de nuestra Oficina. Cuando la gerencia no provee evidencia competente, suficiente y relevante para refutar un hallazgo, éste prevalece y se añade al final del mismo la siguiente aseveración: Consideramos las alegaciones de la gerencia, pero determinamos que el hallazgo prevalece.

ANEJO 3

transacciones resultantes de la venta de los activos
de la autoridad de teléfonos de puerto rico

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA AUTORIDAD
QUE ACTUARON DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

 

NOMBRE

 

CARGO

PERÍODO

Desde

Hasta

CPA Juan Agosto Alicea

Presidente10

1 mar. 01

30 jun. 01

Sra. Lourdes M. Rovira Rizek

Presidenta

2 mar. 99

31 dic. 00

Hon. Ramón Cantero Frau

Miembro10

1 mar. 01

30 jun. 01

Lic. Melba Acosta Febo, CPA

"

1 mar. 01

30 jun. 01

Hon. Juan A. Flores Galarza

"

1 mar. 01

30 jun. 01

Sr. Samuel H. Jové Fontán

"

1 mar. 01

30 jun. 01

Sr. Ángel L. Morey Santiago

"

2 mar. 99

31 dic. 00

Lic. Xenia Vélez Silva, CPA

"

2 mar. 99

31 dic. 00

Ing. Carlos J. Vivoni Nazario

"

2 mar. 99

31 dic. 00

Lic. José Salas Soler

"

2 mar. 99

31 dic. 00

anejo 4

TRANSACCIONES RESULTANTES DE LA VENTA DE LOS ACTIVOS 
DE LA AUTORIDAD DE TELÉFONOS de puerto rico

FUNCIONARIOS PRINCIPALES QUE ACTUARON
DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

 

NOMBRE

 

cargo

PERÍODO

Desde

Hasta

CPA Juan Agosto Alicea

Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y Director Ejecutivo de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico

2 ene. 01

30 jun. 01

Sra. Lourdes M. Rovira Rizek

Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y Directora Ejecutiva de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico

2 mar. 99

31 dic. 00

Ing. Ramón A. Amador Bidot

Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

2 feb. 01

30 jun. 01

Sr. Ismael Pérez Ramos

Director Ejecutivo Interino de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

2 ene. 01

1 feb. 01

Ing. Miguel A. Cordero López

Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

2 ene. 00

31 dic. 00

Ing. Carlos J. Vivoni Nazario

"

1 ago. 99

31 dic. 99

Dr. Carlos I. Pesquera Morales

"

2 mar. 99

31 jul. 99

anejo 5

TRANSACCIONES RESULTANTES DE LA VENTA DE LOS ACTIVOS
DE LA AUTORIDAD DE TELÉFONOS de puerto rico

MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE TELPRI REPRESENTANTES DEL INTERÉS PÚBLICO QUE ACTUARON DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

 

NOMBRE

 

CARGO

PERÍODO

Desde

Hasta

CPA Juan Agosto Alicea

Miembro11

5 mar. 01

30 jun. 01

Sr. Héctor Nevares

"

5 mar. 01

30 jun. 01

Sr. Samuel H. Jové Fontán

"

12 jun. 01

30 jun. 01

Hon. Ramón Cantero Frau

"

5 mar. 01

11 jun. 01

Sra. Lourdes M. Rovira Rizek

"

2 mar. 99

31 dic. 00

Sr. Ángel L. Morey Santiago

"

2 mar. 99

31 dic. 00

Ing. Carlos J. Vivoni Nazario

"11

2 mar. 99

31 dic. 99

___________________________

1.  El ESOP se creó para permitirle a los empleados de la PRTC ser dueños de parte de la nueva compañía de teléfonos. Para ello, el Gobierno contribuyó con un 3 por ciento de sus acciones al ESOP y le vendió una cantidad igual para aquellos empleados interesados en adquirir una participación mayor a la concedida. Además, el ESOP recibió un 1 por ciento adicional de parte de Popular, Inc, lo cual aumentó su participación a un 7 por ciento, y redujo la participación del Consorcio a 50 por ciento.

2.  La deuda total de la Autoridad a la fecha de la transacción era $808,566,224. Para el pago de dicha deuda se utilizaron $588,147,755 de los fondos de la venta más $220,418,469 de una reserva para el pago de bonos, servicio de deuda y mejoras capitales que la Autoridad tenía depositada en el BGF a la fecha de la transacción de venta.

3.  Los $25,000,000 fueron depositados en una cuenta bancaria en el BGF. Al 30 de junio de 2001 dicha cuenta bancaria tenía un balance de $8,677,376. En el Hallazgo 1 de este informe se presentan más detalles sobre dicha cuenta y el resultado de nuestro examen sobre la misma.

4.  Los $58,897,468 fueron depositados en una cuenta bancaria en el BGF. Al 30 de junio de 2001 dicha cuenta bancaria tenía un balance de $69,996,991. En el Hallazgo 2 de este informe se presentan más detalles sobre dicha cuenta y el resultado de nuestro examen sobre la misma.

5.  La administración y el uso dado al dinero del Fondo de Infraestructura será objeto de examen por esta Oficina durante la auditoría regular de AFI.

6.  En el Anejo 2 presentamos una relación de los tres miembros de la Junta de TELPRI representantes del interés público del 2 de marzo de 1999 al 30 de junio de 2001.

7.  Las operaciones de PRTA Holdings son dirigidas por una Junta de Directores compuesta por los cinco miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad y por el Presidente de la Junta de Síndicos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades.

8.  El producto neto fue $172,160,000 luego de que el BGF retuviera $100,000 por los gastos que incurrió durante el proceso de la indicada venta.

9.  Al 28 de febrero de 2002 la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades había recibido $24,730,602 por concepto de dividendos generados por las acciones del Gobierno de Puerto Rico en TELPRI y $172,160,000 del producto neto de la venta adicional al Consorcio de un 15 por ciento de dichas acciones el 25 de enero de 2002.

10.  Durante el período del 1 de enero al 28 de febrero de 2001, dicho puesto estuvo vacante.

11.  Los tres puestos de representantes del interés público en la Junta de Directores de TELPRI estuvieron vacantes del 1 de enero al 4 de marzo de 2001. Además, el puesto en dicha Junta dejado por el ingeniero Vivoni Nazario a partir del 1 de enero de 2000 fue cubierto el 5 de marzo de 2001.

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