Nota:
Este Comunicado de Prensa incluye información
sobre la unidad auditada (Anejo 1),
la clasificación y contenido de los hallazgos
del informe (Anejo 2) y los miembros de
la Junta de Gobierno y funcionarios principales
que actuaron durante el período auditado
(Anejo 3).
Estamos
realizando una auditoría de las operaciones
fiscales de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico (Autoridad)
para determinar si se hicieron de acuerdo
con la ley y la reglamentación aplicables.
Determinamos
emitir varios informes de dicha auditoría.
Este sexto informe contiene el resultado
sobre la evaluación parcial de la segunda
enmienda formalizada el 1 de marzo
de 1999 al contrato del 26 de mayo de 1995,
y la evaluación de las operaciones relacionadas
con las plantas de tratamiento y filtración
de agua potable y tratamiento de aguas usadas
de la Autoridad.
Las
pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro
poder demuestran que las operaciones objeto
de este informe no se realizaron de acuerdo
con la ley, los acuerdos contractuales,
la reglamentación, las normas de sana administración
y de control interno aplicables. A continuación
resumimos los hallazgos del informe clasificados
como principales:
1.
Esta Oficina contrató los servicios de un
perito en privatización (perito) para que
prestara servicios de asesoramiento en materias
especializadas de privatización y asuntos
relacionados. Como parte de sus servicios
el perito realizó una evaluación de la segunda
enmienda formalizada el 1 de marzo de 1999
al contrato formalizado el 26 de mayo de
1995, tomando en consideración la práctica
que se sigue en el ámbito mundial en este
tipo de contratación. Además, en su evaluación
consideró las recomendaciones del Banco
Mundial para contratos de privatización.
El
examen realizado sobre la formalización
y los términos y las condiciones establecidos
en la segunda enmienda al contrato reveló
que:
a.
Contrario a la práctica que se sigue en
el ámbito mundial, la Junta de Gobierno
no estableció un plan de privatización donde
se incluyera la formulación de estrategias,
los objetivos, las actividades, las metas,
las responsabilidades, los recursos y las
medidas de evaluación en la privatización
de las áreas operacionales de la Autoridad.
La
situación comentada limitó a la Junta de
Gobierno de establecer con anterioridad
las estrategias, los objetivos, las actividades
y las metas sobre el proceso de privatización
de las áreas operacionales de la Autoridad.
Ello, con el propósito de evaluar la efectividad
del proceso de privatización establecido.
b.
Contrario a normas de sana administración,
en la segunda enmienda al contrato no se
incluyeron los términos y las condiciones
para la reducción del déficit de la Autoridad,
el desarrollo de tecnología e inversión
en infraestructura.
La
situación comentada impide a la Autoridad
mantener un control adecuado sobre la administración
del contrato con el Operador Privado. Además,
propicia el ambiente para que el Gobierno
continúe financiando las operaciones fiscales
de la Autoridad por medio de subsidios gubernamentales.
Del 1 de julio de 1997 al 30 de junio de
2000 la Autoridad había recibido $249,744,000
en subsidios gubernamentales.
c.
El contrato entre
la Autoridad y el Operador Privado establece
lo que se denominó como el "Management
Fee" ("fee").1
Este pago se estableció en $17,375,000 para
el cuarto año de contrato (1 de septiembre
de 1998 al 31 de agosto de 1999) y
en $19,250,000 para el quinto (1 de septiembre
de 1999 al 31 de agosto de 2000) y sexto
año de contrato (1 de septiembre de 2000
al 31 de agosto de 2001). Contrario a la
práctica que se sigue en el ámbito mundial,
el pago del "fee" al Operador
Privado no se ajustó a los criterios de
eficiencia, rentabilidad y rendimiento.
La
situación comentada puede propiciar que
el Operador Privado no se esfuerce por optimizar
su desempeño, ya que el pago por sus servicios
("fee") no está sujeto a su desempeño.
1
Cantidad establecida en el contrato para
el pago de los servicios que prestaría el
Operador Privado a la Autoridad.
d. Contrario
a normas de sana administración, la Autoridad
no cuenta con un plan que detalle el curso
de acción a seguir para la continuidad de
sus operaciones y administración de los
sistemas de agua y alcantarillado y áreas
administrativas en caso de la cancelación
o terminación del contrato con el Operador
Privado. Esto se conoce como ("Rollback
Plan").
La
situación comentada deja a la Autoridad
desprovista de las herramientas esenciales
necesarias para la continuidad del servicio
a la ciudadanía en caso de cancelación o
terminación del contrato mencionado. Lo
anterior puede propiciar que se continúe
con los servicios del Operador Privado,
a pesar de que los mismos no protejan los
intereses de la Autoridad.
e.
Contrario a la ley y al reglamento, la segunda
enmienda del contrato formalizada el 1 de
marzo de 1999 fue anotada en el Registro
de Contratos de la Autoridad el 8 de junio
de 1999, o sea, 99 días calendarios después
de haber sido formalizada. La misma fue
radicada en esta Oficina luego de transcurridos
196 días del término fijado por ley.
La
situación señalada privó a esta Oficina
de considerar con prontitud la referida
enmienda. Además, retrasó la fecha en que
la enmienda al contrato debía estar accesible
a la ciudadanía en calidad de documento
público.
2.
La Autoridad mantiene plantas de tratamiento
y filtración de agua potable (plantas de
agua potable) y de tratamiento de aguas
usadas (plantas de aguas usadas) para procesar
el agua que utiliza el Pueblo de Puerto Rico.
Por virtud del contrato formalizado el 26 de
mayo de 1995 el Operador Privado tiene a
su cargo la administración, la operación
y el mantenimiento de las plantas de la
Autoridad.2
Al
31 diciembre de 2000 la Autoridad proveía
servicio de agua potable a 1,186,143 clientes.
De éstos, 1,080,369 son clientes residenciales,
62,161 clientes comerciales, 42,001 son
clientes del Gobierno y 1,612 clientes industriales.3
Al
8 de octubre de 2000 el total de agua potable
filtrada de la Autoridad era, aproximadamente,
431 millones de galones diarios (MGD). Además,
el total de aguas usadas tratadas era de
224 MGD.3
Las
operaciones relacionadas con las plantas
de agua potable y de aguas usadas se rigen
por leyes y reglamentos estatales y federales.
Además, por reglamentos internos de la Autoridad.4
El
examen realizado sobre el particular reveló
que:
a. Contrario
a normas de control interno y de sana administración,
al 31 de diciembre de 1999 el Operador
Privado no mantenía un inventario confiable
del total de plantas de agua potable y de
aguas usadas de la Autoridad. En cinco ocasiones
durante el transcurso de nuestra auditoría
el Operador Privado nos certificó diferentes
totales.
b.
Las plantas de agua potable y de aguas usadas
de la Autoridad son inspeccionadas, entre
otras, por el Programa de Agua Potable del
Departamento de Salud de Puerto Rico, la
Agencia Federal de Protección Ambiental
(EPA por sus siglas en inglés), el Negociado
de Permisos y Cumplimiento de la Junta de
Calidad Ambiental, el Negociado de Prevención
de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico y la Oficina de Seguridad en el Trabajo
del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos.
2
AFI ha estado
desarrollando 11 proyectos estratégicos,
3 especiales y 482 de acción inmediata
por $1,893 millones. Esto con el propósito,
entre otros, de construir acueductos regionales,
rehabilitación de compuertas de la Represa
Carraízo y reparaciones de estaciones de
bombas y salideros.
3
Información suministrada por el Operador
Privado.
4
En el Informe de Auditoría CP-01-2
del 16 de agosto de 2000 se señalaron aspectos
relacionados con los reglamentos internos
de la Autoridad.
Contrario
a normas de control interno y de sana administración,
la Autoridad no mantenía una base de datos
de las inspecciones que realizan las entidades
reguladoras mencionadas a las plantas de
ésta. Ello con el propósito de mantener
un control adecuado y poder dar el seguimiento
necesario a las recomendaciones que formulen
estas entidades.
Las
situaciones comentadas no permiten a la
Autoridad contar con información esencial
para mantener inventarios confiables de
las plantas que ésta posee. Además, impide
a la Autoridad mantener un control adecuado
de sus instalaciones y de las inspecciones
que realizan las entidades reguladoras sobre
las mismas con el propósito de asegurarse
de que se tomen acciones correctivas en
cuanto a las deficiencias que se identifiquen
en las inspecciones mencionadas.
c.
De acuerdo con información suministrada
por el Operador Privado entre el 1 de enero
de 1995 al 30 de junio de 2000 la EPA impuso
multas a la Autoridad por $6,200,143 relacionadas
con violaciones a las leyes federales por
la operación de las plantas de agua potable
y de aguas usadas.
Al
30 de junio de 2000 la Autoridad había pagado
$5,884,343 en multas.5
Además, la Autoridad se comprometió con
la EPA a realizar proyectos en las plantas
por $4,521,000 para corregir deficiencias
señaladas por ésta.
La
situación comentada privó a la Autoridad
de recursos por $5,884,343 que pudo haber
utilizado para atender otras necesidades
operacionales.
3.
El Operador Privado por virtud del contrato
otorgado el 26 de mayo de 1995 es responsable
de la administración, la operación y el
mantenimiento de las instalaciones de la
Autoridad. Esto incluye las plantas de agua
potable y las plantas de aguas usadas.
Del
18 de octubre al 5 de diciembre de 2000
nuestros auditores visitaron 31 plantas
de agua potable y 11 plantas de aguas usadas
de la Autoridad.
En
las 31 plantas de agua potable visitadas
se procesa aproximadamente el 80 por ciento
del agua filtrada de la Autoridad. Además,
en las plantas de aguas usadas se procesa
el 80 por ciento del agua tratada. Esto
es 355.90 MGD6 en las plantas
de agua potable y 185.95 MGD en las plantas
de aguas usadas. Por otro lado, las 42 plantas
constituyen aproximadamente el 20 por
ciento del total de plantas de la Autoridad.
En
las visitas realizadas examinamos, entre
otros, la reglamentación; la existencia,
el funcionamiento y el mantenimiento de
equipos e instrumentos; la existencia y
disponibilidad de los informes y documentos
que evidencian el resultado de las operaciones;
y el almacenamiento e inventario de los
materiales y piezas de repuestos (abastos).
Además, del cumplimiento con las recomendaciones
de las inspecciones realizadas por entidades
reguladoras.
5
El pago de estas multas se evaluará
en la auditoría que estamos realizando de
la Autoridad.
6
Información provista por el
Operador Privado.
El
examen realizado y el resultado de nuestras
visitas reveló que:
a.
En las plantas de agua potable y de
aguas usadas identificamos 3,181 deficiencias.7
De éstas, 2,588 se determinaron en las
plantas de agua potable, y 593 en las
plantas de aguas usadas.
b.
Entre las deficiencias más significativas
determinadas están las siguientes:
(1)
En la planta de agua potable Guilarte
en Adjuntas, el equipo mecánico
del espesador no estaba funcionando
desde hacía siete meses.
(2)
La planta de agua potable La Virgencita
en Toa Alta, recircula el agua de
lavado ("backwash") con
el agua cruda que recibe la planta.
(3)
La planta de agua potable Ponce
Nueva en Ponce tiene una pérdida
de agua tratada de aproximadamente
un millón de galones diarios.
(4)
En la planta de agua potable Sergio
Cuevas en Trujillo Alto los niveles
de seguridad no son los más adecuados.
También, en las paredes del baño
de los caballeros existía material
pornográfico y otro tipo de material
que pudiera propiciar un ambiente
de acoso sexual.
(5)
La planta de agua potable Cayey
Urbano en Cayey descarga el agua
producto del lavado de los filtros,
sin tratar, en una quebrada adyacente.
En la quebrada no hay advertencias
sobre la condición de la descarga
de agua.
Del 5 de octubre de 2000 al 18 de enero
de 2001 nuestra Oficina notificó mediante
carta al Presidente de la Junta de Gobierno
de la Autoridad situaciones relacionadas
con algunas de estas deficiencias.
c.
También determinamos otras 233 deficiencias
no incluidas en los apartados "a"
y "b", tales como, plantas
sobrecargadas, resultados de laboratorios
no informados al operador y equipo abandonado,
corroído u obsoleto. De éstas, 182 deficiencias
fueron determinadas en las plantas de
agua potable y 51 en las plantas de
aguas usadas.
d.
Las plantas son inspeccionadas por varias
agencias reguladoras, según se indica
en el Hallazgo 2. En las visitas efectuadas
se obtuvo información que demuestra
que 88 deficiencias que habían sido
señaladas por el Programa de Agua Potable
del Departamento de Salud, la EPA y
la Junta de Calidad Ambiental del 30
de marzo de 1993 al 9 de noviembre
de 1999 no habían sido corregidas
por la Autoridad a la fecha de nuestra
visita.
Las
situaciones comentadas en los apartados
"a" al "d" propician
que la Autoridad incumpla con leyes y reglamentos
federales y estatales, lo que podría conllevar
la imposición de multas. Además, pueden
afectar la calidad del servicio relacionado
con los servicios de agua potable y tratamiento
de aguas usadas que la Autoridad provee
a la ciudadanía. En el Hallazgo 2-c
comentamos el pago de multas por $5,884,343
por el incumplimiento de leyes y reglamentos.
4.
Nuestra Oficina contrató una firma de ingenieros
para evaluar aspectos de la operación de
las plantas de agua potable y las de aguas
usadas. La firma de ingenieros evaluó una
muestra de diez plantas, cinco de éstas
de agua potable y cinco de aguas usadas.
La
evaluación de las plantas incluyó aspectos
técnicos y de reglamentación relacionados
con la operación de éstas. Entre otros aspectos,
se consideró el cumplimiento con los parámetros
del permiso de descarga, la medición de
flujos, la calibración de los instrumentos
de medición de flujo y la certificación
de los operadores. Además, de examinar en
las plantas de agua potable los procesos
de floculación, sedimentación, filtración,
desinfección y manejo de lodos. Por otro
lado, en las plantas de aguas usadas se
evaluó los procesos de remoción de arena,
clarificación primaria (sedimentación),
digestión y desinfección.
El
examen realizado reveló que:
a.
En ninguna de las cinco plantas de agua
potable evaluadas: se estaban realizando
la remoción de lodos en diferentes etapas
del proceso de forma eficiente; había
documentación que evidenciara la calibración
de los equipos de medición de flujo;
cumplen con varios de los límites establecidos
en el permiso NPDES para la descarga
de las aguas de decantado de lodos;
los operadores estaban certificados
por la Junta Examinadora de Operadores
de Plantas; y en tres plantas no se
realizaban adecuadamente los procesos
de floculación, sedimentación y filtración.
b.
En ninguna de las cinco plantas de tratamiento
de aguas usadas evaluadas: cumplieron
con varios de los límites establecidos
en el permiso de descarga; hay documentación
que evidencie la calibración de los
equipos de medición de flujo; los operadores
estaban certificados por la Junta Examinadora
de Operadores de Plantas; y dos plantas
no cumplen con el límite de flujo promedio
diario.
c.
La firma de ingenieros determinó otras
deficiencias relacionadas con las operaciones
de las plantas evaluadas.
5.
Del 12 de agosto de 1989 al 31 de enero
de 2000 la Autoridad formalizó con una firma
de ingenieros consultores (ingenieros consultores)
catorce contratos por $9,033,404. Los referidos
contratos fueron otorgados para, entre otras
cosas, inspeccionar los sistemas de agua
e informar a la Autoridad sobre el mantenimiento,
las reparaciones y la operación de los sistemas
de agua y el importe estimado que costaría
realizar dichas mejoras.
Los
ingenieros consultores evalúan anualmente
las plantas de agua potable y las de aguas
usadas a base de los siguientes criterios
generales: buena, promedio, pobre e inaceptable.
Durante el año fiscal 1994-95 los ingenieros
consultores evaluaron 107 plantas de agua
potable y 70 plantas de aguas usadas.
Por otro lado, durante el año fiscal 1999-2000
evaluaron 124 plantas de agua potable y
68 plantas de aguas usadas.
La
evaluación realizada por los ingenieros
consultores a base de los criterios generales
mencionados reveló que:
a.
El 80 por ciento de las plantas de agua
potable evaluadas para el año fiscal
1994-95, obtuvieron una calificación
de buena y promedio mientras que sólo
el 72 por ciento de las plantas evaluadas
para el año fiscal 1999-2000 obtuvieron
dicha calificación. Reveló, además,
que el 90 por ciento de las plantas
de aguas usadas evaluadas para el año
fiscal 1994-95 obtuvieron una calificación
de buena y promedio mientras que sólo
el 68 por ciento de las plantas evaluadas
para el año fiscal 1999-2000 obtuvieron
dicha calificación.
Esto
representó una disminución de un 8 por
ciento en la calificación de buena y
promedio en las plantas de agua potable
y de un 22 por ciento en la calificación
de buena y promedio en las plantas de
aguas usadas, al comparar las evaluaciones
del año fiscal 1994-95 con las del 1999-2000.
b.
Los ingenieros consultores en la evaluación
de las plantas de agua potable y de
aguas usadas para el año fiscal 1999-2000
determinaron otras deficiencias relacionadas
con la operación y mantenimiento de
los mismos. Estos señalaron, entre otras
cosas, que en algunas de las plantas
de agua potable existían deficiencias
tales como: no completaban el proceso
de tratamiento y disposición de lodos;
falta de manuales de operación y mantenimiento
y que las plantas operaban consistentemente
por encima del flujo para la cual fue
diseñada.
Por
otro lado, en algunas de las plantas de
aguas usadas señalaron, entre otras cosas,
que mantenían un nivel de cloro residual
excesivo, obviaban procesos de tratamiento
("by pass") y carecían de manuales
de los equipos utilizados en éstas.
c.
Los ingenieros consultores en los informes
sobre las plantas de agua potable para
los años 1994-95 al 1999-2000 señalaron
consistentemente, entre otras cosas,
que existían plantas que se estaban
operando sobre la capacidad de su diseño;
plantas que reciben aguas crudas del
río, continúan experimentando severos
problemas de turbidez en el agua procesada
durante el período de lluvia; muchas
instalaciones con equipo de dosificadores
de químicos secos no se están utilizando
(fuera de uso e inoperables); la precisión
de la data de flujo es cuestionable
y carecen de la instrumentación apropiada;
equipo de monitoreo instalado aún no
ha sido puesto en servicio por los contratistas
o se ha dañado poco después de haber
sido instalado; la entrada de aguas
crudas excede la capacidad de las plantas;
instalaciones que reciben aguas crudas
en cantidades significativamente por
encima de su capacidad de diseño de
flujo permiten que aguas crudas o parcialmente
tratadas obvien componentes críticos
del tratamiento.
Por
otro lado, la firma de ingenieros consultores
en la evaluación de las plantas de aguas
usadas para los años 1994-95 al 1999-2000
señaló, entre otras cosas, la inconsistencia
de la remoción y disposición de lodos; el
sobrecargo de algunas plantas de tratamiento;
la ventilación inadecuada de las áreas tóxicas
o peligrosas; las frecuentes roturas de
equipo e instrumentación; los atrasos en
la terminación de proyectos y en el recibo
de piezas de repuesto; y la insuficiencia
en la capacidad de las estaciones de bombas
en casos de emergencia.
Las
situaciones comentadas en los hallazgos
4 y 5 le impiden a la Autoridad mantener
un control adecuado sobre las operaciones
de las plantas de agua potable y de aguas
usadas. Además, dichas situaciones limitan
ofrecer un servicio de óptima calidad a
los habitantes de Puerto Rico.
Además,
de los hallazgos resumidos se incluyen siete
comentarios especiales relacionados con
el impedimento a nuestra gestión fiscalizadora;
ausencia de miembros de la Junta de Gobierno
a las reuniones de dicho cuerpo; posibles
violaciones al Código de Rentas Internas
1994; pérdidas en las operaciones fiscales
de la Autoridad; incumplimiento de la reglamentación
relacionada con los parámetros de bacteriología,
turbidez y trihalometanos de varios sistemas
de agua operados por la Autoridad; estado
de las recomendaciones de un informe preparado
con el objetivo de lograr la rehabilitación
de la Autoridad y ausencia de propuestas
para el desarrollo de una planta piloto.
El
Informe de Auditoría
CP-01-18 emitido por el Contralor
el 19 de abril de 2001 se puede conseguir
en nuestra página de la Internet: http://www.ocpr.gov.pr.
Anejo
1
AUTORIDAD
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
RICO
INFORMACION SOBRE LA UNIDAD AUDITADA
La
Autoridad fue creada por virtud de la Ley
Núm. 40 del 1 de mayo de 1945, según enmendada
(Ley Núm. 40). Esta se creó como una corporación
pública con el propósito de proveer servicios
de agua y alcantarillado sanitario a los
habitantes del Pueblo de Puerto Rico.
Los
poderes corporativos de la Autoridad son
ejercidos por una Junta de Gobierno compuesta
por nueve miembros. Cinco de éstos son nombrados
por el Gobernador, dos representan el interés
del consumidor y son elegidos mediante referéndum
y los restantes dos son el Presidente del
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto
Rico y el Secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas.
La
Junta de Gobierno nombra al Director Ejecutivo
de la Autoridad. Para realizar las funciones,
la Autoridad está estructurada en divisiones,
áreas operacionales y oficinas regionales.8
El
13 de septiembre de 1993 mediante el Boletín
Administrativo Núm. OE-1993-41 el Gobernador
de Puerto Rico declaró un estado de emergencia
en la Autoridad, debido a los problemas
que confrontaba ésta sobre: el mantenimiento
de su infraestructura; el almacenamiento,
el tratamiento, la distribución y el mantenimiento
del agua potable; la recolección, el tratamiento
y la disposición de las aguas usadas; y
los servicios que presta a los ciudadanos.
Por virtud de dicho Boletín, el Gobernador
autorizó al Director Ejecutivo de la Autoridad
a tomar las medidas que fueran necesarias,
entre ellas, acciones de subastas, contrataciones
y compras, para corregir la situación que
confrontaba la Autoridad.
8
Por virtud de la Ley Núm. 328 del 28 de
diciembre de 1998, y a partir de dicha fecha,
la Junta de Gobierno puede delegar en uno
o varios operadores privados las facultades
del Director Ejecutivo mediante un contrato
de administración (Operador Privado).
El
26 de mayo de 1995 la Autoridad formalizó
un contrato de servicios con Professional
Services Group, Inc. (PSG) para la administración,
la operación, la reparación y el mantenimiento
de los sistemas de agua y alcantarillados.
Por virtud del contrato, PSG, además, sería
responsable, entre otras, de las áreas de
servicios al cliente, facturación, cobros,
laboratorios, recursos humanos y finanzas.
PSG comenzó a prestar sus servicios efectivo
el 1 de septiembre de 1995.9
PSG
cambió de nombre para identificarse como
Compañía de Aguas de Puerto Rico, Inc. (CAPR).
Efectivo el 1 de marzo de 1999 la Autoridad
formalizó con Compagnie Générale des
Eaux-Sahide
(CGE), compañía matriz de CAPR y Aqua Alliance,
Inc. (AA) (Operador Privado) lo que se denominó
la segunda enmienda al contrato formalizado
con PSG el 26 de mayo de 1995 (SECOND
AMENDED AND RESTATED AGREEMENT FOR THE OPERATION,
MANAGEMENT, REPAIR, AND MAINTENANCE OF AN
AQUEDUCT, SEWER AND CUSTOMER SERVICES SYSTEM).10
Por virtud de esta enmienda, el Operador
Privado (CGE y AA) asumiría todas las obligaciones
y responsabilidades de PSG y se ampliaría
la delegación administrativa y operacional
en un director de operaciones privado. Además,
las funciones del Operador Privado serían
realizadas por la CAPR, mientras que los
pagos se efectuarían a AA. Por otro lado,
el Operador Privado tendría a su cargo todas
las áreas operacionales de la Autoridad.
La Oficina del Contralor de la Autoridad,
la Oficina del Tesorero y la Oficina del
Superacueducto de la Costa Norte estarían
adscritas a la Junta de Gobierno.
9
El 16 de octubre de 1995 el Gobernador
de Puerto Rico mediante el Boletín Administrativo
Núm. OE-1995-69 declaró que el estado de
emergencia de la Autoridad continuaba.
10
El 15 de septiembre de 1998 se formalizó
lo que se denominó la primera enmienda al
contrato donde se acordó que la responsabilidad
de todas las obligaciones de PSG serían
asumidas por CGE.
La
Autoridad, además, enmendó el 1 de marzo
de 1999 el contrato de asistencia con la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
(AFI) otorgado el 21 de junio de 1988. Ello
para que AFI, entre otras cosas, diseñara,
planificara, financiara y construyera 11
proyectos estratégicos, tres especiales
y 482 de acción inmediata.11
Los
recursos para financiar la construcción
de las plantas de filtración y tratamiento
de agua y otras instalaciones provienen
principalmente de líneas de crédito otorgadas
a la Autoridad por el Banco Gubernamental
de Fomento para Puerto Rico. Los recursos
para atender sus gastos operacionales provienen
principalmente de los cobros a los abonados
por los servicios de agua y alcantarillados.
Para
los años fiscales 1997-98 al 1999-2000 la
Autoridad generó ingresos de sus operaciones
por $976,587,000, recibió subsidios por
$249,744,000, e incurrió en gastos operacionales
por $1,552,029,000, según se indica:
|
Año fiscal |
Ingresos
operacionales |
Subsidios12 |
Gastos
operacionales
y otros |
Déficit |
|
|
|
|
|
|
1997-98 |
$328,657,000 |
$ 69,602,000 |
$ 493,184,000 |
$ 94,925,000 |
|
1998-99 |
319,661,000 |
70,000,000 |
519,689,000 |
130,028,000 |
|
1999-00 |
328,269,000 |
110,142,000 |
539,156,000 |
100,745,000 |
|
Totales |
$976,587,000 |
$249,744,000 |
$1,552,029,000 |
$325,698,000 |
11
El costo de estos proyectos se estimó en
$1,893 millones.
12
Los subsidios son asignaciones legislativas
para cubrir gastos operacionales y/o mejoras
públicas.
Anejo
2
AUTORIDAD
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
RICO
CLASIFICACION Y CONTENIDO DE LOS HALLAZGOS
En
nuestros informes de auditoría se incluyen
los hallazgos significativos determinados
en las pruebas realizadas. Estos se clasifican
como principales y secundarios. Los principales
incluyen desviaciones de disposiciones con
un efecto material, tanto en el aspecto
cuantitativo como en el cualitativo, sobre
las operaciones de la entidad auditada.
Se clasifican como hallazgos secundarios
los que consisten en faltas o errores que
no han tenido consecuencias graves.
Los
hallazgos de este informe están presentados
a base de atributos establecidos conforme
a las normas de redacción de informes de
esta Oficina. El propósito es facilitar
al lector una mejor comprensión de la información
ofrecida. Cada uno de ellos consta de las
siguientes partes:
1.
Situación - Los hechos encontrados en
la auditoría indicativos de que no se
cumplió con uno o más criterios.
2.
Criterio - El marco de referencia para
evaluar la situación. Es principalmente
una ley, reglamento, carta circular, memorando,
procedimiento, norma de control interno,
norma de sana administración, principio
de contabilidad generalmente aceptado,
opinión de un experto o juicio del auditor.
3.
Efecto - Lo que significa, real o potencialmente,
no cumplir con el criterio.
4.
Causa - La razón fundamental por la cual
ocurrió la situación.
Al
final de cada hallazgo se hace referencia
a las recomendaciones que se incluyen en
el informe para que se tomen las medidas
necesarias sobre los errores, irregularidades
o actos ilegales señalados.
En
la sección "Comentarios de la Gerencia"
se incluye información sobre la contestación
de la gerencia con respecto a los asuntos
señalados. Referente a las situaciones que
la gerencia ofreció información específica,
ésta se incluye al final del hallazgo correspondiente.
Anejo
3
AUTORIDAD
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO
RICO
Miembros
de la Junta de Gobierno y Funcionarios
Principales que actuaron durante el Período
Auditado
|
|
|
Período |
|
Nombre |
Cargo |
Desde |
Hasta |
| |
Junta
de Gobierno |
|
|
| |
|
|
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|
Ing.
Carlos García Hernández |
Presidente |
27
abr 00 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Armando Vivoni Santoni (Q.E.P.D.) |
" |
13
dic 99 |
13
abr 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Armando Vivoni Santoni (Q.E.P.D.) |
Presidente
Interino |
16
nov 99 |
12
dic 99 |
| |
|
|
|
|
Lic.
Nilda Muñoz de Vissepó |
Presidenta |
26
mayo 95 |
15
nov 99 |
| |
|
|
|
|
CPA
Jorge A. Aquino Barreto |
Vicepresidente |
27
abr 00 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Carlos García Hernández |
Vicepresidente |
17
nov 99 |
25
abr 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Armando Vivoni Santoni (Q.E.P.D.) |
Vicepresidente |
26
mayo 95 |
15
nov 99 |
| |
|
|
|
|
Sr.
Alberto Escudero |
Miembro |
27
nov 00 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Luis R. Lomba |
" |
1
jul 00 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Hon.
Sergio González |
" |
23
ago 99 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
CPA
Jorge A. Aquino Barreto |
" |
1
ago 99 |
26
abr 00 |
| |
|
|
|
|
Vacante |
" |
1
abr 99 |
31
dic 99 |
| |
|
|
|
|
Sra.
Lourdes Rovira Rizek |
" |
18
nov 98 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Carlos A. García Hernández |
" |
3
jul 97 |
16
nov 99 |
| |
|
|
|
|
CPA
Benjamín Bigio |
" |
1
jul 97 |
31
mar 99 |
| |
|
|
|
|
Dr.
Jorge González Monclova |
" |
8
feb 96 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Ing.
José Luis Torres Maldonado |
" |
8
feb 96 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Dr.
Carlos I. Pesquera |
" |
7
dic 95 |
19
jul 99 |
| |
|
|
|
|
Sr.
César A. Montilla, Jr. |
" |
26
mayo 95 |
31
dic 00 |
|
|
|
Período |
|
Nombre |
Cargo |
Desde |
Hasta |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Funcionarios
principales |
|
|
| |
|
|
|
|
Ing.
Perfecto Ocasio Fernández |
Director
Ejecutivo13 |
26
ene 98 |
26
feb 99 |
| |
|
|
|
|
CPA
Orlando Colón García |
Subdirector
Ejecutivo de Apoyo Gerencial y
Ambiental |
15
feb 96 |
28
feb 99 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Jaime Tous Rodríguez |
Subdirector
Ejecutivo de Ingeniería y Planificación14 |
25
feb 97 |
28
feb 99 |
| |
|
|
|
|
Lic.
Carlos V. De Jesús Rosado |
Asesor
Jurídico |
21
mayo 99 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Vacante |
" |
27
feb 99 |
20
mayo 99 |
| |
|
|
|
|
Lic.
Rafael Martínez |
" |
7
ene 99 |
26
feb 99 |
| |
|
|
|
|
Lic. Ada López Santiago |
Asesora Jurídico |
4 nov 97 |
5 ene 99 |
| |
|
|
|
|
CPA
Orlando Rivera Martínez |
Director
de Finanzas |
26
mayo 95 |
28
feb 99 |
| |
|
|
|
|
Sr.
Sergio Romero Molina |
Contralor |
24
jul 00 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Sra.
Myriam Mercado |
Contralora
Interina |
10
mayo 99 |
21
jul 00 |
| |
|
|
|
|
Srta.
María de los Angeles Náter |
Contralora |
1
sep 98 |
6
mayo 99 |
| |
|
|
|
|
Sr.
Glodoberto Albertorio |
Tesorero |
1
jul 99 |
31
dic 00 |
| |
|
|
|
|
Vacante |
" |
13
jun 99 |
30
jun 99 |
| |
|
|
|
|
Srta.
Ivonne Falcón |
Tesorera
Interina |
12
mayo 99 |
12
jun 99 |
| |
|
|
|
13
Efectivo el 1 de marzo de 1999 estas funciones
fueron delegadas al Operador Privado.
14
Este puesto es de nueva creación.
|
|
|
Período |
|
Nombre |
Cargo |
Desde |
Hasta |
|
Sr.
Edgardo Rivera Jiménez |
Tesorero |
2 jul 96 |
11 mayo 99 |
| |
|
|
|
|
Sr.
Hilberto Maldonado Hernández |
Administrador
de Contrato Interino15 |
14
ago 97 |
26
feb 99 |
|
|
|
|
|
|
Vacante |
Administrador
de Contrato |
10
sep 96 |
13
ago 97 |
| |
|
|
|
|
Ing.
Serafín Acevedo |
"
16 |
1
ene 96 |
9
sep 96 |
15
Estas funciones efectivo el 1 de marzo de
1999 las realiza la Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura (AFI).
16
Este cargo se creó en noviembre de 1995.
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