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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Contralor
Imagen:  Encabezado de la Sección de  Informes de Auditoría
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Unidad : 2153 Departamento de Salud
Tribunal Examinador de Médicos
Informe Número: DB-01-36 del 16 de mayo de 2001
Período Auditado: 1 de julio de 1997 al 30 de junio de 2000
Autorizado por: Manuel Díaz Saldaña, Contralor
Fecha: 18 de mayo de 2001

Nota:  Este Comunicado de Prensa incluye el ANEJO 1 en el que se provee información sobre la unidad auditada; el ANEJO 2 donde se explica la clasificación y el contenido de un hallazgo; y el ANEJO 3 en el cual se especifican los nombres, los cargos y el período durante el cual se desempeñaron los funcionarios principales de dicha unidad.  

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales del Tribunal Examinador de Médicos, adscrito a la Oficina de Reglamentación de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud, para determinar si las mismas se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.  Efectuamos la misma a base de la facultad que se nos confiere en la Sección 22 del Artículo III  de la  Constitución del  Estado Libre Asociado de     Puerto Rico y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada.

Determinamos emitir varios informes de esta auditoría.  Este es el primer informe y contiene el resultado del examen de las operaciones fiscales relacionadas con los controles administrativos, personal y el archivo de documentos públicos.

Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder demuestran que las operaciones objeto de este informe no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación vigentes.  A continuación resumimos los hallazgos clasificados como principales:

1. No se llevaba un registro de las solicitudes de los servicios que se tramitaban, los cuales generaban ingresos.  Este registro debe incluir, entre otras cosas, la fecha de entrega de los documentos, el nombre y la licencia del médico, concepto del servicio, importe cobrado por el servicio y el número de recibo expedido por el recaudador.  El mismo debe ser llevado por un empleado que no intervenga en el proceso de revisión de los documentos sometidos y la expedición de las licencias o certificaciones correspondientes.

Dicha situación nos impidió determinar el alcance de ciertas irregularidades ocurridas en noviembre de 1998 y enero de 1999.  Sobre el particular, no nos permitió establecer la cantidad y la procedencia de varios valores desaparecidos en el escalamiento ocurrido el 13 de enero de 1999, según se comenta en el Apartado 2.  Tampoco pudimos determinar con certeza el universo de las recaudaciones efectuadas por los servicios prestados durante los años fiscales 1997-98 al 1999-00 para verificar, a base de muestras, si éstas se depositaron en el banco.

2. El Tribunal no efectuó las investigaciones administrativas requeridas en relación con las irregularidades que se indican a continuación.  Éstas ocurrieron con giros emitidos a favor del Secretario de Hacienda que fueron depositados en una cuenta personal, y con un escalamiento en el cual desaparecieron varios valores.  Los hechos son los siguientes:

a.  El banco depositario de los fondos del Tribunal determinó que un empleado del Tribunal depositó en una cuenta personal de un amigo varios giros por $27,130 emitidos a favor del Secretario de Hacienda.  Esta situación fue informada al Tribunal por el banco el 4 de noviembre de 1998.  El 16 de diciembre de 1998 el Tribunal notificó los hechos al Secretario de Justicia, el 19 de enero de 1999 al Departamento de Hacienda, y el 30 de abril de 1999 a la Oficina del Contralor.

b. El 13 de enero de 1999 ocurrió un escalamiento en el Tribunal en el cual desaparecieron varios valores con las solicitudes de recertificación, que según la Directora Ejecutiva, había dejado sobre el escritorio del Vicepresidente del Tribunal para que éste los firmara.  Esta situación fue informada a la Policía de Puerto Rico el 14 de enero de 1999.  En la querella a la Policía, la Directora Ejecutiva indicó que se habían desaparecido aproximadamente 40 giros por $5,000.  Esta situación fue notificada al Secretario de Justicia y al Departamento de Hacienda el 19 de enero de 1999 y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico el 30 de abril de 1999.

El no realizar las investigaciones requeridas impidió determinar las causas y circunstancias en que ocurrieron las irregularidades para tomar las medidas correctivas necesarias.  Además, impidió identificar si otros funcionarios o empleados estaban relacionados con las irregularidades para tomar las acciones que procedieran contra éstos.  También, impidió determinar el importe total de los fondos malversados.

3. Mediante la Resolución 97-53 del 18 de marzo de 1998 del Tribunal, según enmendada, se aumentaron los importes a cobrar por varios de los servicios prestados por el Tribunal.  Dichos importes estaban establecidos en la Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1931, según enmendada, (Ley Núm. 22) y en el Reglamento Núm. 5441 del Tribunal Examinador de Médicos, según enmendado, (Reglamento Núm. 5441) aprobado por el Presidente del Tribunal y por la Secretaria de Salud el 19 de junio       de 1996.  También se establecieron nuevas tarifas a cobrarse por otros servicios.  Los cambios en los importes a cobrarse y los adicionales establecidos por los servicios brindados por el Tribunal no se radicaron en el Departamento de Estado ni se notificaron al público mediante aviso en un periódico de circulación general.

Como consecuencia de las referidas omisiones, los cambios en los importes y los nuevos importes establecidos a cobrarse por los servicios prestados por el Tribunal, pueden ser cuestionados judicialmente.

4.a.   Al 30 de octubre de 2000 el Tribunal no había preparado los informes anuales demostrativos de sus trabajos correspondientes a los años fiscales del 1997-98 al    1999-00 requeridos por ley.  Además, en el informe correspondiente al año fiscal   1996-97 no se incluyó la información  financiera requerida.

La situación comentada impidió a la Oficina del Gobernador, a la Asamblea Legislativa, a la Secretaria de Salud y a las organizaciones bonafide de médicos concernidas, tener conocimiento de las operaciones del Tribunal para los referidos años fiscales.

b.   La contabilidad de las cuentas del Tribunal que se llevaba en la Sección de Contabilidad de la Oficina de Finanzas del Departamento de Salud estaba atrasada.  Al 21 de noviembre de 2000 no se habían registrado en el Mayor de Asignaciones y Fondos el 75 por ciento de las transacciones correspondientes al año fiscal 1999-00 y ninguna de las transacciones del año fiscal 2000-01.

Con motivo de dicha situación, la gerencia del Tribunal no contaba de inmediato con información financiera necesaria para la toma de decisiones en las operaciones del Tribunal, y para la preparación y ejecución del presupuesto.

5. Contrario a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Núm. 22, el 1 de septiembre  de 2000 la Secretaria de Salud nombró a la Secretaria del Tribunal[1] en un puesto de carrera como Directora Ejecutiva II.

La referida situación violó el propósito de dicho Artículo y el principio de mérito en el servicio público, y puede tener consecuencias adversas al Tribunal.

6.a.   La Secretaria del Tribunal no mantenía en un archivo bajo llave las actas de las reuniones de los miembros del Tribunal.

b.   Al 16 de noviembre de 2000 las solicitudes de recertificación de los médicos correspondientes al trienio de 1998 al 2001[2] no se archivaban de forma tal que pudieran ser localizadas con prontitud.  Éstas se mantenían sin ningún orden en cajas para correspondencia ubicadas en el piso de un área del Tribunal.  En éstas se indica la fecha de radicación, el importe cobrado, y el número del recibo expedido por el recaudador, lo que lo convierte en un documento fiscal. De acuerdo con lo informado por la Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información (ODSI) del Departamento de Salud, en dichas cajas habían 9,363 solicitudes.

La situación que se comenta en el Apartado a. puede propiciar la desaparición de las actas y otras irregularidades.  Sobre el particular, no se localizaron para examen las actas de las reuniones de los miembros del Tribunal correspondientes al período de mayo de 1996 a diciembre de 1999.  Esto nos impidió obtener información sobre los asuntos discutidos en dichas reuniones y los acuerdos tomados.  La Directora Ejecutiva declaró que dichas actas se desaparecieron.

La situación que se comenta en el Apartado b. ocasiona la inversión de esfuerzo y tiempo adicional por parte de los empleados en la localización de dichos documentos y dificultó nuestra gestión fiscalizadora.  Además, pueden dar lugar a la pérdida de los documentos y otras irregularidades.  Sobre este particular, no se localizaron para examen 19 de 30 solicitudes de registro médico solicitadas (63 por ciento), por lo que no pudimos verificar si lo recaudado en estos casos se depositó y si se impusieron las multas, si algunas, por registro tardío.

El Informe de Auditoría DB-01-36 del Tribunal Examinador de Médicos, emitido por nuestra Oficina el 16 de mayo de 2001, se puede conseguir en nuestra página de la Internet http://www.ocpr.gov.pr.

 

ANEJO 1

DEPARTAMENTO DE SALUD
TRIBUNAL EXAMINADOR DE MÉDICOS
INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD AUDITADA

El Tribunal Examinador de Médicos (Tribunal) se creó en virtud de la Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1931, según enmendada (Ley Núm. 22) para autorizar y reglamentar el ejercicio de la profesión médica en Puerto Rico.  El mismo está integrado por nueve médicos nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico por un término de cinco años.  Dichos médicos no pueden ser nombrados por más de dos términos consecutivos y ocupan sus cargos hasta que sus sucesores son nombrados y tomen posesión de los mismos.

El Tribunal elige entre sus miembros al Presidente y al Vicepresidente.  Éstos ocupan sus puestos por el término de un año y pueden ser reelectosEl Presidente designa un Secretario, con el consentimiento del Secretario de Salud, quien también ejerce las funciones de Director Ejecutivo del Tribunal.

El Tribunal tiene, entre otras, las siguientes funciones y responsabilidades:

- Autorizar en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el ejercicio de la profesión de médico-cirujano u osteópata, mediante la concesión de licencias regulares, provisionales o especiales.

- Autorizar la práctica de la acupuntura a los médicos legalmente admitidos al ejercicio de la profesión en Puerto Rico, que posean licencia regular, y que cumplan con los requisitos de entrenamiento y experiencia requeridos por el Tribunal.

- Denegar, suspender, cancelar o revocar cualquier licencia, regular o provisional, así como emitir una orden fijando a un médico un período de prueba por un tiempo determinado.

- Ofrecer exámenes de reválida en Puerto Rico, totales o parciales, por lo menos dos veces al año.

- Establecer los requisitos y mecanismos necesarios para la recertificación cada   tres (3) años de los profesionales basándose en educación continuada y de las normas dispuestas por la Organización de Reglamentos y Evaluación Profesional.

Los recursos para cubrir los gastos del Tribunal provienen de los ingresos generados por los servicios prestados consistentes en exámenes de reválida, emisión, renovación y duplicados de licencias, certificado de especialidad y otros.  Los desembolsos y las transacciones relacionadas con personal y contratos son efectuadas a través del Departamento de Salud.

Para el año fiscal el Tribunal contó con un presupuesto de $1,640,437 y tuvo gastos operacionales por $884,329[3], cerrando con un sobrante acumulado de $756,108 al 30 de junio de 2000.

ANEJO 2

tribunal examinador de médicos
departamento de salud

CLASIFICACIÓN Y CONTENIDO DE UN HALLAZGO

En nuestros informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados por las pruebas realizadas.  Éstos se clasifican como principales o secundarios. Los principales incluyen desviaciones de disposiciones sobre las operaciones de la unidad auditada que tienen un efecto material, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo.  Los secundarios son los que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves.

Los hallazgos del informe se presentan según los atributos establecidos conforme a las normas de redacción de informes de nuestra Oficina.  El propósito es facilitar al lector una mejor comprensión de la información ofrecida.  Cada uno de ellos consta de las siguientes partes:

Situación - Los hechos encontrados en la auditoría indicativos de que no se cumplió con uno o más criterios.

Criterio - El marco de referencia para evaluar la situación.  Es principalmente una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del auditor.

Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio.

Causa - La razón fundamental por la cual ocurrió la situación.

Al final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el informe para que se tomen las medidas necesarias sobre los errores, irregularidades o actos ilegales señalados.

En la sección sobre los COMENTARIOS DE LA GERENCIA se indica si el funcionario principal y los ex funcionarios de la unidad auditada efectuaron comentarios sobre los hallazgos incluidos en el borrador del informe que les envía nuestra Oficina. Dichos comentarios se consideran al revisar el borrador del informe y se incluyen al final del hallazgo correspondiente en la sección de HALLAZGOS EN EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE MÉDICOS, de forma objetiva y conforme a las normas de nuestra Oficina.  Cuando la gerencia no provee evidencia competente, suficiente y relevante para refutar un hallazgo, éste prevalece y se añade al final del mismo la siguiente aseveración:  Consideramos las alegaciones de la gerencia, pero determinamos que el hallazgo prevalece.

ANEJO 3

tribunal examinador de médicos
departamento de Salud

funcionarios principales que actuaron durante el período auditado

NOMBRE

CARGO

PERÍODO

   Desde           Hasta

Dr. José Marrero Russé

Presidente[4]

1 ene. 00

31 jul. 00

Dr. Humberto Vázquez Oliveras

Presidente

1 jul.  97

31 dic. 99

Sra. Ivonne Fernández Colón

Directora Ejecutiva

5 dic. 97

31 jul. 00

Sr. Evaristo Orengo Santiago

Director Ejecutivo Interino

1 jul. 97

4 dic. 97

Sra. Yolanda Rodríguez Torres

Recaudadora Auxiliar[5]

1 jul. 97

31 jul. 00

Sra. Maribel Cáceres Benítez

Recaudadora Auxiliar5

1 jul. 97

31 jul. 00

Sra. Gloria Ortiz Agosto

Recaudadora Auxiliar5

1 jul. 97

31 jul. 00


[1] De acuerdo con el Reglamento Núm. 5441, el Secretario(a) del Tribunal también ejercerá las funciones de Director(a) Ejecutivo(a) del mismo.

[2] De acuerdo con la Ley Núm. 22 todo médico que posea una licencia regular expedida por el Tribunal Examinador de Médicos deberá recertificar la misma cada tres años.

[3] Información suministrada por la Oficina de Finanzas del Departamento de Salud.

[4] Los demás miembros de la Junta de Directores del Tribunal al 30 de junio de 2000 eran:

Dra. Margarita Perocier Aguirre, Vicepresidenta
Dra. Miriam Ramírez García
Dr. Antonio De Thomas Palau
Dr. Rafael Jiménez Méndez
Dr. Ramón Parrillas Barreras
Dra. Nilda Hernández Almenas
Dr. Frank A. Gaudier Guerra  

[5] Estos recaudadores son supervisados por el Recaudador Oficial del Departamento de Salud y le rinden a éste los informes mensuales correspondientes.

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