Nota: Este Comunicado de Prensa incluye información sobre la unidad auditada (Anejo 1), la clasificación y contenido de los hallazgos del informe (Anejo 2) y los miembros de la Junta y funcionarios principales que actuaron del 1 de julio de 1989 al 31 de diciembre de 1999 (Anejo 3).

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales del Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros (Sistema), para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Determinamos emitir varios informes de esta auditoría. Este es el tercer y último informe y cubre las operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar por préstamos, los fondos asignados mediante leyes especiales para pagar otros beneficios a pensionados, las inversiones, las propiedades reposeídas y la anulación de los cheques. El primer Informe de Auditoría, DA-01-18 del 10 de enero de 2001 cubrió las operaciones relacionadas con las cuentas por cobrar, la propiedad, los recursos humanos, las recaudaciones, las compras, los informes anuales, el funcionamiento de la Junta de Directores y el arrendamiento de oficinas y de estacionamientos. El segundo Informe de Auditoría, DA-01-29 del 30 de mayo de 2001 cubrió las operaciones relacionadas con los contratos de servicios de administración y de servicios profesionales y consultivos.

Las pruebas efectuadas revelaron que las operaciones objeto de este informe se realizaron sustancialmente de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, excepto por los siguientes hallazgos clasificados como principales:

1. Al 30 de junio de 1999 el Sistema tenía una cartera de 36,491 préstamos por $336,116,123, de acuerdo con el "Balance de Comprobación de Préstamos" suministrado por la Secretaria Ejecutiva Auxiliar del Area de Préstamos. Al 30 de junio de 2000 dicha cartera se mantenía en 40,942 préstamos por $326,737,000 de acuerdo con los estados financieros auditados.

La Sección de Cobros del Area de Préstamos tenía la responsabilidad de realizar las gestiones de cobro en los casos de préstamos con atrasos. El examen efectuado reveló que:

a. Al 30 de junio de 1999 el Sistema tenía 4,106 préstamos por $30,338,604 cuyos prestatarios estaban atrasados en sus pagos. Esto de acuerdo con las listas de "Préstamos Personales, Hipotecarios y Culturales con Atrasos" preparadas por el Centro de Sistemas de Información del Sistema a solicitud de nuestros auditores. Las pruebas realizadas demostraron que la Sección de Cobros del Area de Préstamos no realizaba gestiones de cobro efectivas a los prestatarios que tenían atrasos, como se indica en el apartado "b". Las mensualidades atrasadas de dichos préstamos fluctuaban entre 2 meses y 16 años y ascendían a $8,611,137.

Al 15 de mayo de 2001 el Sistema tenía 1,311 préstamos por $5,232,842 cuyos prestatarios estaban atrasados en sus pagos, según el "Listado de Préstamos Delincuentes" suministrado por la Secretaria Ejecutiva Auxiliar del Area de Préstamos. Dicha lista excluye los préstamos que tenían entre dos y cinco meses de atrasos.

b. El examen de 12 de dichos préstamos con atrasos, cuya deuda al 30 de junio de 1999 ascendía a $23,973, correspondientes a 6 préstamos hipotecarios por $13,244 emitidos entre octubre de 1971 y abril de 1998 y a 6 préstamos personales por $10,729 emitidos entre mayo de 1996 y septiembre de 1998, reveló que:

(1) La Sección de Cobros del Area de Préstamos no realizó ninguna gestión de cobro a 5 deudores de los préstamos hipotecarios que tenían entre 2 y 10 mensualidades atrasadas por $12,853.

(2) Dicha Sección tampoco realizó gestiones de cobro a los deudores de 3 de los préstamos personales que tenían entre 4 y 9 mensualidades atrasadas por $4,993.

Las situaciones comentadas en los apartados "a" y "b" propician que se acumulen las deudas que mantienen los prestatarios y se dificulte el cobro de éstas. Además, priva al Sistema de recursos económicos necesarios para sus operaciones.

c. La Sección de Cobros del Area de Préstamos no imponía los intereses correspondientes para que éstos se cobraran junto a los pagos que efectuaban los prestatarios de las mensualidades de los préstamos vencidos. En el examen de seis facturas al cobro por $34,634 emitidas entre septiembre de 1994 y junio de 1997 por préstamos culturales y personales vencidos, y que fueron pagadas por los deudores entre abril de 1996 y diciembre de 1998, mediante descuentos en nóminas y planes de pago, determinamos que no se cobraron intereses por $8,069.

La situación comentada tiene el efecto de condonar indebidamente el pago de intereses a los deudores. Además, priva al Sistema de ingresos necesarios para sus operaciones.

2. Desde el 1965 la Legislatura de Puerto Rico ha aprobado legislación para conceder a los maestros pensionados beneficios especiales no cubiertos por el Sistema, tales como: aumentos en la aportación patronal de los planes de salud; aportación del 50 por ciento de los intereses de los préstamos de viajes culturales efectuados por los maestros activos y los jubilados, y por el aumento en el bono de Navidad. El Sistema es el responsable de administrar las leyes que se aprueben para conceder esos beneficios especiales que no estaban contemplados en su origen en la ley creadora de dicha agencia. En las leyes se requiere que se incluya en la "Ley del Presupuesto Funcional del Gobierno" las cantidades que fueran necesarias para poder conceder los beneficios a los pensionados. Además, se autoriza al Secretario de Hacienda para que de cualesquiera fondos existentes en el Tesoro de Puerto Rico, no destinados a otras atenciones, ponga a la disposición del Sistema las cantidades necesarias cuando las consignadas en la ley de presupuesto para dar cumplimiento a las disposiciones de dichas leyes resultaren insuficientes.

Por otro lado, las cantidades que se consideran suficientes para cubrir el pago de los beneficios aprobados mediante estas leyes se incluyen anualmente en el presupuesto del Gobierno preparado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La Sección de Estadísticas del Sistema es la responsable de preparar anualmente una petición presupuestaria de los fondos necesarios para conceder estos beneficios y de someterla a la OGP.

De acuerdo con un informe emitido por una firma de auditoría y consultoría contratada por el Sistema, al 30 de junio de 1998 dicha agencia tenía un balance de $10,662,322 en cuentas por cobrar adeudadas por el Gobierno Central al Sistema por desembolsos efectuados a los pensionados por los beneficios otorgados mediante las leyes especiales. La firma había sido contratada para realizar una auditoría de las operaciones del año fiscal 1997-98 relacionadas con dichos beneficios.

Por su parte, al 30 de junio de 1999, el balance de las cuentas por cobrar por el concepto indicado, de acuerdo con los libros del Sistema, era de $11,169,374. Dicho importe fue ajustado a $2,676,780 por recomendación de la firma de auditores externos contratada por el Sistema para efectuar la auditoría financiera del año fiscal 1998-99. Esta recomendó que se efectuara un ajuste por $8,492,594 para disminuir el importe de la cuenta por cobrar a la cantidad indicada. El Director del Area de Servicios de Finanzas del Sistema nos indicó que el ajuste fue recomendado a base de la información suministrada por la OGP a la firma de auditores, al confirmar con dicha agencia el balance de la cuenta por cobrar.

El 5 de marzo de 1999 la firma de auditoría y consultoría contratada por el Sistema le suministró a la Junta de Directores el informe de la auditoría efectuada del año fiscal 1997-98 sobre los procesos relacionados con las operaciones de los beneficios concedidos por las leyes especiales. La firma señaló las siguientes deficiencias en los procesos relacionados con la identificación de los costos de los beneficios concedidos a los jubilados y las peticiones de reembolso.

(1) El Informe de Petición de Fondos que la Junta de Retiro para Maestros (JRM) somete a OGP consistentemente contiene errores o diferencias inexplicables. Por ejemplo, el balance inicial de cada período informado difiere del balance final del informe anterior.

(2) Para someter a OGP los gastos relacionados con las leyes especiales se utilizan cifras estimadas. Los informes preparados por las áreas de la JRM que contienen datos relacionados a cada ley en particular no se utilizan.

(3) El informe sometido a OGP no contiene información de todas las leyes especiales relacionadas a la Junta. La Ley Núm. 109 (1997) relacionada con la aportación para el aumento en el bono de Navidad de los pensionados no ha sido incorporada en el informe de petición, por lo que los balances de gastos sometidos a OGP no son correctos.

(4) La JRM no reclama a OGP las asignaciones de fondos que les corresponden a tiempo. La JRM no liberó las asignaciones hechas para la Ley Núm. 52 (1966) correspondientes a los siguientes años: 1966-67 ($23,602), 1971-72 ($80,000), 1972-73 ($80,000), 1973-74 ($80,000)
y 1987-88 ($1,243,350).

(5) El Centro de Sistemas de Información y el Area de Préstamos de la JRM no producen los informes necesarios para poder calcular los intereses relacionados con la Ley Núm. 22 (1965). La Ley provee un subsidio del cincuenta por ciento a los maestros y pensionados para el pago de los intereses relacionados con los préstamos culturales.

La situación señalada le impide al Sistema mantener información financiera confiable de dichas operaciones. Ello, a su vez, afecta el fondo del Sistema del cual se pagan los beneficios a los pensionados. Por ejemplo, según el Mayor General del Sistema la cuenta de Aportaciones por Recibir - E.L.A. tenía un balance de $11,169,374 al 30 de junio de 1999. No obstante, a dicha fecha la referida cuenta de la OGP tenía un balance de $2,676,780.

En el Anejo 1 se comentan detalladamente los hallazgos resumidos y los hallazgos 3 al 5 clasificados como secundarios.

El Informe de Auditoría DA-01-35 emitido por nuestra Oficina el 15 de junio de 2001, se puede conseguir en nuestra página de la Internet: http://www.ocpr.gov.pr

Anejo 1

SISTEMA DE ANUALIDADES Y PENSIONES PARA MAESTROS
INFORMACION SOBRE LA UNIDAD AUDITADA

El Sistema fue creado mediante la Ley Núm. 218 del 6 de mayo de 1951, según enmendada, "Ley de Retiro para Maestros" (Ley Núm. 218). Dicha ley creó la "Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico" (Junta) quien tiene la responsabilidad de administrar y mantener el buen funcionamiento del Sistema. Mediante la Ley Núm. 196 del 26 de diciembre de 1997 se cambió la composición de la Junta de cinco a siete miembros. Estos son: el Secretario de Hacienda, quien actúa como Presidente de la Junta; el Secretario de Educación; el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Presidente de una de las asociaciones magisteriales de Puerto Rico, quien es designado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado; y tres miembros del Sistema, en representación de los maestros. Estos tres miembros son nombrados por el Gobernador, con el consentimiento del Senado, por el término de cuatro años y uno de ellos deberá ser un maestro pensionado. La Junta tiene, entre otras funciones, las de: proveer seguridad económica al maestro en el momento de su retiro mediante el pago de pensiones; proveer ayuda económica a los beneficiarios de los maestros fallecidos; administrar eficaz y eficientemente el fondo de anualidades, el cual se nutre de las deducciones que les hace el Departamento de Educación a los maestros por las cuotas correspondientes; y ofrecer otros beneficios a los maestros, tales como: préstamos para viajes culturales y préstamos personales e hipotecarios de cuyos intereses también se nutre el fondo de anualidades.

Las funciones administrativas del Sistema las ejerce un Secretario Ejecutivo nombrado por la Junta.

En los años fiscales 1996-97, 1997-98 y 1998-99 el Sistema contó con un balance final en los activos disponibles para el pago de beneficios por $1,892,142,000, $2,135,436,000 y $2,313,730,000, respectivamente, según se indica:

Anejo 2

SISTEMA DE ANUALIDADES Y PENSIONES PARA MAESTROS 

CLASIFICACION Y CONTENIDO DE LOS HALLAZGOS

En nuestros informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados en las pruebas realizadas. Estos se clasifican como principales y secundarios. Los principales incluyen desviaciones de disposiciones con un efecto material, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, sobre las operaciones de la entidad auditada. Se clasifican como hallazgos secundarios los que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves.

Los hallazgos del informe están presentados a base de atributos establecidos conforme a las normas de redacción de informes de esta Oficina. El propósito es facilitar al lector una mejor comprensión de la información ofrecida. Cada uno de ellos consta de las siguientes partes:

1. Situación - Los hechos encontrados en la auditoría indicativos de que no se cumplió con uno o más criterios.

2. Criterio - El marco de referencia para evaluar la situación. Es principalmente una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del auditor.

3. Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio.

4. Causa - La razón fundamental por la cual ocurrió la situación.

Al final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el informe para que se tomen las medidas necesarias sobre los errores, irregularidades o actos ilegales señalados.

En la sección "Comentarios de la Gerencia" del informe se incluye información sobre la contestación de la gerencia con respecto a los asuntos señalados. Referente a las situaciones que la gerencia ofreció información específica, ésta se incluye al final del hallazgo correspondiente.

 Anejo 3

SISTEMA DE ANUALIDADES Y PENSIONES PARA MAESTROS

Miembros de la Junta y funcionarios principales que actuaron durante
 el período del 1 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 1999

(Cont. Anejo 3)

(Cont. Anejo 3)

(Cont. Anejo 3)

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1)  De acuerdo con los estados financieros auditados del 1998-99 la diferencia por $46,710,000 entre los años fiscales 1997-98 y 1998-99 del total de ingresos obedeció a una merma de $56,327,000 en el cambio neto en el valor de mercado de las inversiones; en este caso de los pagarés y bonos por $47,687,000.

2)  En la Nota 1 de los Estados Financieros Auditados del 1997-98 se indicó que la diferencia por $5,100,000 entre el balance final de activos del 1996-97 y el balance inicial de activos del 1997-98 obedeció a que se hizo un ajuste por dicho importe a base de correcciones que se efectuaron en las cuentas de balances de préstamos personales, fondos de reserva e intereses en los préstamos hipotecarios y en las cuentas de reservas de los referidos préstamos para el pago de seguros.

3)  La Ley Núm. 196 del 26 de diciembre de 1997 enmendó la composición de la Junta y designó al Secretario de Hacienda como Presidente. El Tesorero se elegirá entre los miembros de la Junta por mayoría de éstos. Al 31 de diciembre de 1999 no se había designado un Tesorero.

4)  Puesto de nueva creación.

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