1 de junio de 1982 al 30 de junio de 1995
(En algunos aspectos se examinaron operaciones de fechas posteriores)

Nota: Este Comunicado de Prensa incluye información sobre la unidad auditada (Anejo 1), la clasificación y el contenido de los hallazgos del informe (Anejo 2), los funcionarios principales que actuaron durante el período auditado (Anejo 3) y Miembros de la Junta de Directores (Anejo 4).

Realizamos una auditoría de las operaciones fiscales de Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Las pruebas efectuadas revelaron la comisión de irregularidades y violaciones de la ley, de la reglamentación vigente y de acuerdos contractuales relacionados con las operaciones fiscales que conciernen a este informe. Por ello, en nuestra opinión, dichas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y los reglamentos aplicables.

A continuación se resumen los hallazgos 1 al 7 clasificados como principales:

1. En los años fiscales del 1990-91 al 1994-95 ASPRI efectuó desembolsos por $31,582,482 por la compra de bienes y servicios. Las compras eran autorizadas por la Dra. Flor de María Cacho Bonilla, Directora Ejecutiva, y por el Dr. Waldemar Pérez Quintana, Director Asociado de ASPRI. Estos también aprobaban los desembolsos.

Examinamos 60 desembolsos efectuados por ASPRI por $859,130 de enero de 1992 a septiembre de 1995 para verificar los procedimientos seguidos para autorizar las compras y aprobar los desembolsos. El referido examen reveló lo siguiente:

a. De dichos desembolsos, 18 (30 por ciento) por $326,369 fueron efectuados de enero de 1992 a febrero de 1995 al Center for Education and Community Services, Inc. (CECSI) por la compra de alimentos, artículos de limpieza y sillas plásticas, y por servicios relacionados con el hospedaje de deambulantes y el arrendamiento de locales. El examen de los documentos relacionados con dichos desembolsos reveló que la Directora Ejecutiva y el Director Asociado crearon CECSI para ampliar los servicios que ASPRI ofrecía a su clientela. Esta fue incorporada en el Departamento de Estado el 4 de marzo de 1988 con el número 18098. La Directora Ejecutiva no solicitó autorización a los miembros de la Junta para crear dicha entidad. Tampoco se lo informó a la ADFAN, entidad que le asignaba los fondos, en ninguna de las propuestas que sometieron a ésta en los años fiscales del 1988-89 al 1993-94 para solicitar los mismos. No fue hasta el 31 de mayo de 1995 luego de que nuestra Oficina comenzara la auditoría de ASPRI, que se alude a la creación de CECSI en una propuesta sometida por ASPRI a la ADFAN correspondiente al año fiscal 1995-96.

La situación señalada privó a la Junta y a la ADFAN de información necesaria para fiscalizar las operaciones de ASPRI y para evaluar el cumplimiento con las leyes y los reglamentos. Ello propicia el ambiente para la comisión de irregularidades y que éstas no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades. Ejemplo de ello son las situaciones señaladas en los apartados "b"y "c" de este hallazgo que siguen a continuación:

b. En el caso de las compras de alimentos los empleados que realizaban las funciones de compras en ASPRI adquirieron los bienes a varios proveedores. Dos de dichos empleados nos indicaron que de las facturas que sometían los proveedores se preparaban otras facturas a nombre de CECSI (posteriormente "Food Distributors") para aparentar que esta última era la que le vendía los alimentos a ASPRI. Nos indicaron, además, que por instrucciones de la Directora Ejecutiva, a las facturas se les añadía entre un 20 y un 30 por ciento sobre el importe facturado por los proveedores. Las facturas eran preparadas fuera del horario regular de trabajo, en la casa de uno de los empleados de ASPRI que tenía a cargo realizar las funciones de compra. Uno de los empleados nos indicó que por dichas funciones recibía una compensación mensual de CECSI que fluctuaba entre $150 y $300. De acuerdo con los registros de cheques de ASPRI, de octubre de 1990 a septiembre de 1995 ésta le pagó a CECSI $1,851,003 por las alegadas compras.

c. Los 42 desembolsos restantes por $532,761 fueron efectuados a los siguientes proveedores: Food Distributors $205,781, Medic Specialty $66,034, Centro Vacacional Maná $126,834, Community Transportation $100,619, Print & Office Supplies $21,645 y Corpurimetal, Inc. $11,848. Para las compras efectuadas a Medic Specialty, Community Transportation y Print & Office Supplies se siguió un procedimiento similar al utilizado para hacer las compras de alimentos. Estas facturaban de la misma forma que se hacía para las compras que inicialmente se efectuaban a CECSI y luego al alegado proveedor Food Distributors, según se indica en el apartado "b" de este hallazgo. De acuerdo con los registros de cheques de ASPRI, de octubre de 1990 a septiembre de 1995 a dichos proveedores se le efectuaron otros desembolsos por $3,418,708. Los cheques emitidos por ASPRI por la compra de los alegados bienes y servicios provistos por los proveedores indicados fueron depositados en cuentas bancarias de CECSI.

Las situaciones señaladas ocasionaron que mediante el establecimiento de corporaciones cuyo ánimo principal era el lucro, se utilizaran fondos públicos para propósitos distintos a los establecidos en las leyes federales, mediante las cuales se asignaron los fondos de los programas de CSBG y "Homeless" y en los contratos de delegación de fondos. Ello propició el ambiente para la comisión de irregularidades. Como resultado de dichas irregularidades, el 16 de julio de 1997 un Gran Jurado Federal encontró causa para acusar a la Directora Ejecutiva y al Director Asociado de ASPRI por los siguientes cuatro cargos, y un quinto cargo para confiscar las propiedades muebles e inmuebles adquiridas mediante el esquema mencionado:

Count One - Conspiracy to Commit Theft from a Program Receiving Federal Funds, 18 USC Section 371.

Count Two - Theft from a Program Receiving Federal Funds, 18 USC
sections 666(a)(1)(A) and 2.

Count Three - False Statement on an Application for a Bank Loan, 18 USC Section 1014.

Count Four - Frauds and Swindles, 18 USC Section 1341.

Count Five - Criminal Forfeiture, 18 USC sections 982(a)(2)(A) and 982(a)(4).

Entre otras cosas, el Gran Jurado Federal y nuestros auditores determinaron lo siguiente:

- De diciembre de 1990 a noviembre de 1994 la Directora Ejecutiva, en su carácter de representante de CECSI, adquirió ilegalmente 13 propiedades inmuebles por $2,653,069 con fondos de ASPRI.

- De junio de 1995 a septiembre de 1996 se emitieron 16 cheques por $2,636 a favor de un banco comercial para pagar un préstamo personal otorgado en diciembre de 1993 por $5,000 a la Supervisora de Personal de ASPRI.

- En abril de 1995 y junio de 1996 se emitieron tres cheques por $6,000 a favor de un banco comercial para ser acreditados a las cuentas de retiro individual (IRA) de la Directora Ejecutiva y del Director Asociado de ASPRI.

El 18 de agosto de 2000 en la Corte Federal un jurado compuesto por 12 ciudadanos encontró culpables a dichos funcionarios de todos los cargos imputados.

2. De diciembre de 1989 a septiembre de 1995 la ADFAN le transfirió fondos a ASPRI por $37,913,321, mediante contratos de delegación de fondos, para brindar servicios relacionados con los programas de CSBG y "Homeless". El examen de los desembolsos efectuados por ASPRI por $4,623,386 reveló lo siguiente:

a. La Directora Ejecutiva de ASPRI utilizó $4,558,611 para invertir en cuatro certificados de depósitos a nombre de dicha entidad. Las inversiones se mantuvieron del 3 de agosto de 1990 al 9 de septiembre de 1991 por períodos que fluctuaron entre 32 y 1,291 días. El examen del flujo de efectivo de ASPRI reveló que después de agosto de 1990 la Directora Ejecutiva continuaba solicitando a la ADFAN que le transfiriera fondos para llevar a cabo sus operaciones, a pesar de mantener inversiones en los referidos certificados de depósito. Para los certificados de depósito números 4287 y 4288 se estableció en los documentos que los intereses se acreditarían a las cuentas. Para los certificados de depósito números 4340 y 4346 los intereses se depositaron en cuentas aparte, las cuales no pudieron ser examinadas por las dificultades confrontadas en la auditoría.

Por otro lado, la Directora Ejecutiva de ASPRI utilizó el Certificado de Depósito Núm. 4301 por $99,671 como garantía para obtener en un banco comercial en octubre de 1990 un préstamo a la demanda a favor de CECSI por $99,000. Según los documentos relacionados con el trámite de dicho préstamo, $8,000 eran para comprar vehículos para uso personal, y $91,000 serían utilizados como línea de crédito para cubrir sobregiros temporeros y cartas de crédito de préstamos efectuados por CECSI.

b. Entre noviembre de 1991 y febrero de 1992 la Directora Ejecutiva adquirió con fondos de ASPRI tres vehículos de motor por $64,775. El examen efectuado reveló que los vehículos fueron registrados a nombre de CECSI, a pesar de haberse adquirido con fondos de ASPRI. Observamos, además, que el primer vehículo era utilizado por el Auditor Interno, el segundo por la Directora Ejecutiva y el otro por el Director Asociado de ASPRI. El Auditor Interno nos informó mediante declaración jurada del 9 de octubre de 1996 que le fue asignado dicho vehículo como parte de la compensación por los servicios que prestaba a CECSI como subsidiaria de ASPRI.

El mantener fondos en certificados de depósito por $4,558,611 por períodos prolongados privó a ASPRI de utilizar oportunamente los mismos para los propósitos para los cuales fueron asignados que eran, entre otros, ofrecer los servicios a los clientes de la entidad, tales como envejecientes y personas de escasos recursos (apartado "a"). Además, el uso ilegal de fondos por $64,775 para la compra de vehículos privó a ASPRI de recursos por dicho importe para atender otras necesidades de su clientela (apartado "b").

3. De diciembre de 1992 a abril de 1995 ASPRI efectuó desembolsos por $348,971 a dos proveedores para la compra de ocho vehículos de motor especiales (guaguas) y para la transportación marítima de éstos y de otros nueve. De dicho importe, $302,439 correspondía al costo de los vehículos, $36,032 al costo de los fletes marítimos y almacenaje, y $10,500 por el depósito de los vehículos.

El examen mediante prueba de los desembolsos efectuados por $251,662 en relación con el financiamiento de 13 de los referidos vehículos de motor reveló lo siguiente:

a. El costo total de financiamiento de los 13 vehículos de motor transportados a Puerto Rico, a pagarse con fondos de ASPRI, ascendió a $502,994. Los mismos fueron financiados a nombre de CECSI mediante préstamos efectuados a dos bancos comerciales entre abril de 1993 y enero de 1994. No obstante, los 13 vehículos, fueron registrados a nombre de ASPRI, por lo que la entidad recibió una exención contributiva del Departamento de Hacienda por $106,644 por concepto de arbitrios. Por otro lado, de los 13 vehículos 10 por $401,452 fueron arrendados por CECSI a 8 municipios entre abril de 1993 y agosto de 1995, lo que le generó ingresos a ésta por $124,500 por el arrendamiento de los mismos. La renta mensual era de $750. En los contratos de arrendamiento se establecía como arrendador CECSI h/n/c Community Transportation, representado por la Directora Ejecutiva de ASPRI.

b. De acuerdo con los documentos suministrados por uno de los bancos comerciales, el vehículo marca Ford E-350 del 1992 con tablilla 89289H, estaba financiado por ese Banco y reflejaba un balance deudor de $12,250 a mayo de 1996. No obstante, ASPRI había pagado dicho vehículo en enero de 1993 con un cheque que incluía la compra de dos vehículos por $33,540 cada uno. El referido cheque se emitió a favor de Community Transportation y se había depositado en una cuenta bancaria a nombre de CECSI. Como indicamos en el Hallazgo 1, Community Transportation alegadamente le prestaba servicios a ASPRI en relación con la venta de vehículos de motor para transportar envejecientes.

c. Las transacciones relacionadas con la adquisición, el financiamiento y el arrendamiento de los referidos vehículos de motor no fueron informadas a la ADFAN. Además, en las propuestas sometidas por ASPRI a dicha agencia en los años fiscales 1993-94 y 1994-95 no se presupuestaron fondos para realizar la compra de vehículos.

d. Del examen de las actas de la Junta de Directores se desprende que la Directora Ejecutiva tampoco le informó a dicho Cuerpo las transacciones efectuadas en relación con la compra, el financiamiento y el arrendamiento de estos vehículos.

e. El 2 de abril de 1996 solicitamos al Auditor Interno inspeccionar 26 vehículos de motor. La información sobre dichos 26 vehículos se obtuvo de los contratos que identificamos en el Registro de Contratos de nuestra Oficina a nombre de Community Transportation, del Departamento de Hacienda y del "Inventario Físico de Activo Fijo" (Modelo SC-795) de ASPRI. En la muestra seleccionada de los 26 vehículos incluimos 7 de los 13 vehículos de motor mencionados en el
apartado "a". Del 16 de abril al 30 de mayo de 1996 realizamos la inspección de los vehículos, la cual reveló lo siguiente:

(1) Siete vehículos por $287,267 no fueron presentados para examen por la gerencia de ASPRI. Estos alegaron que los mismos no fueron adquiridos con fondos de ASPRI y que no pertenecían al inventario de vehículos de la entidad. No obstante, uno de éstos por $33,539 aparecía registrado en el informe "Inventario Físico de Activo Fijo" de ASPRI que nos fue entregado el 7 de marzo de 1996 por el Auditor Interno. Los restantes seis por $253,728 fueron transportados a Puerto Rico con fondos de ASPRI, según comentamos en el apartado "a". Estos seis vehículos no aparecían registrados en el "Inventario Físico de Activo Fijo" de ASPRI. Los seis vehículos estaban arrendados a los municipios de Río Grande (2), Santa Isabel (1), Rincón (1), Cidra (1) y Las Piedras (1).

(2) Veintiuno de los vehículos tenían sus licencias a nombre de ASPRI. Cuatro aparecían a nombre de una compañía arrendadora y en un caso no se nos suministró la licencia.

(3) Once de los vehículos estaban rotulados con el nombre de "Acción Social de Puerto Rico", en lugar de indicar el nombre de la ADFAN y del programa al cual pertenecen, según requerido.

Las situaciones comentadas en los apartados "a", "b" y "e" ocasionaron que los informes financieros y los récords de ASPRI no reflejaran la realidad sobre los balances de sus cuentas, como son los activos, ya que no incluían los ingresos por $124,500 generados por el arrendamiento de los vehículos. Tampoco incluían en la cuenta de propiedad los 10 vehículos de motor por $401,452. Dichas situaciones pueden propiciar la comisión de irregularidades.

Además, las situaciones comentadas en los apartados "c" y "d" impidieron a la ADFAN y a la Junta contar con información sobre las transacciones efectuadas por la Directora Ejecutiva relacionadas con la compra y el arrendamiento de vehículos.

4. De acuerdo con los récords de ASPRI, al 30 de junio de 1995 su Junta estaba constituida por nueve miembros. Dos de ellos eran los alcaldes de los municipios de Guaynabo y Salinas, un legislador de la Cámara de Representantes y los restantes seis eran miembros del sector servido y de grupos religiosos. El Asesor Legal de ASPRI era el Secretario de la Junta. De acuerdo con los "By Laws" de ASPRI, la Junta tenía la responsabilidad de nombrar al Director Ejecutivo, aprobar asuntos vitales relacionados con las operaciones de dicha entidad y fiscalizar el funcionamiento de los diferentes programas que administraba.

El examen de las minutas de las reuniones celebradas por la Junta de junio de 1988 a junio de 1995 reveló lo siguiente:

a. En dicho período (84 meses) la Junta se reunió solamente en 11 ocasiones. Dos de éstas fueron reuniones extraordinarias que se celebraron el 23 de febrero de 1990 y el 18 de septiembre de 1992 y las restantes fueron reuniones ordinarias.

b. Las actas de las reuniones celebradas el 18 de septiembre de 1992 y el 12 de marzo y 25 de agosto de 1993 aparecen firmadas por el Secretario de la Junta como Presidente Interino. Este también firmó como Presidente Interino el acta de la reunión celebrada el 23 de febrero de 1990, a pesar de que, de acuerdo con la hoja de asistencia, la Presidenta de la Junta estuvo presente en dicha reunión. En los expedientes de la Junta no encontramos evidencia, ni ésta nos fue sometida para examen, que demostrara que, para dichas reuniones, este funcionario fuera designado por la Junta como Presidente Interino.

c. Las funciones del Asesor Legal eran conflictivas con las de Secretario de la Junta. Como Asesor Legal éste, además, estaba a cargo de las operaciones de ASPRI, en ausencia de la Directora Ejecutiva y del Director Asociado. Estas funciones son conflictivas con las que realizaba como Secretario de la Junta que entre otras cosas, debe fiscalizar las operaciones que realizaban los funcionarios de ASPRI. Por otro lado, el Secretario de la Junta no tenía voz ni voto, lo que también confligía con su gestión de Presidente.

d. En las minutas de las pocas reuniones celebradas por la Junta no se incluían detalles importantes de los asuntos tratados. Estas contenían información general sobre los asuntos presentados ante la Junta por la Directora Ejecutiva. De la información que se presenta en las mismas no se desprende el alcance de la evaluación y fiscalización de los miembros de la Junta sobre los asuntos importantes que se les presentaron, así como sobre las demás operaciones de ASPRI.

e. En las minutas de las reuniones del 18 de mayo de 1994 y del 19 de junio de 1995 no aparecen las firmas del Presidente y del Secretario de la Junta. En su lugar, se indicó la palabra "FIRMADA".

La ausencia de reuniones periódicas impidió a los miembros de la Junta evaluar el desempeño de la gerencia de ASPRI y familiarizarse con sus operaciones (apartado "a"). Por otro lado, la presencia del Asesor Legal en las reuniones de la Junta en calidad de Presidente le resta credibilidad y objetividad a los trabajos realizados por dicho organismo, ya que éste era un funcionario de la entidad que participaba activamente en la toma de decisiones de los trabajos realizados (apartado "b"). Estas situaciones y las señaladas en los apartados "c" al "e" impedían corroborar el alcance de la fiscalización efectuada por los miembros de la Junta sobre las operaciones fiscales de ASPRI. Ello propició el ambiente para la comisión de irregularidades y que éstas no se pudieran detectar a tiempo para fijar responsabilidades. Ejemplo de ello es que en la investigación efectuada por la fiscalía federal en relación con la determinación del Gran Jurado Federal que se comenta en el Hallazgo 1, el Alcalde de Guaynabo, quien aparecía como miembro de la Junta, indicó que nunca compareció a las reuniones de ese organismo. Por su parte, el Alcalde de Salinas indicó que no recordaba nada sobre sus acciones como miembro de la Junta de ASPRI.

5. La ADFAN como agencia encargada de los fondos otorgados por el gobierno federal bajo las leyes de CSBG y "Homeless" tenía la responsabilidad de evaluar y fiscalizar el uso que le daban a los mencionados fondos las entidades públicas y privadas que cualificaban para recibir los mismos. La ADFAN realizaba la fiscalización mediante monitorías que anualmente programaba para efectuar a las entidades que les transfería fondos federales.

Examinamos los documentos suministrados por la ADFAN en relación con monitorías o auditorías de los fondos federales otorgados a ASPRI en los años fiscales del 1990-91 al 1995-96. El examen efectuado reveló que la ADFAN no realizó anualmente monitorías y que la Directora Ejecutiva obstaculizó los trabajos del personal de dichas agencias y el contratado para realizar las monitorías y auditorías, según se indica:

a. De octubre de 1990 a septiembre de 1996 los auditores internos de la ADFAN sólo realizaron dos monitorías de los fondos asignados a ASPRI. Estas correspondían a los años
fiscales 1990-91 y 1992-93.

De septiembre a diciembre de 1991 los auditores de la ADFAN efectuaron la monitoría de ASPRI de octubre de 1990 a septiembre de 1991. El informe sobre el resultado de la monitoría se emitió el 12 de mayo de 1992. En la misma fecha fue sometido a la Directora Ejecutiva de ASPRI para comentarios. De acuerdo con el informe, el examen se realizó mediante entrevistas al personal y a los participantes, verificación de documentos y visitas a las regiones. En carta del 4 de octubre de 1991, dirigida al entonces Director de Monitoría y Auditoría Interna de la ADFAN, la Directora Ejecutiva de ASPRI le comunicó su insatisfacción con el procedimiento utilizado para realizar la monitoría. Esta indicó, entre otras cosas, que observó signos de improvisación, falta de organización y actitudes negativas por parte de la auditora que tuvo a cargo el examen.

La monitoría de octubre de 1992 a septiembre de 1993 fue realizada en mayo de 1994. El informe se emitió en septiembre de 1994 y fue sometido para comentarios en junio de 1995. La Directora Ejecutiva de ASPRI reaccionó al mencionado informe en carta del 14 de julio de 1995 dirigida al Director del Programa de CSBG de la ADFAN. En dicha carta criticó nuevamente el procedimiento utilizado por los auditores para realizar la monitoría. En la misma ésta comunicó su rechazo tanto a la conducción de la monitoría como a los hallazgos detectados.

b. Para los años fiscales 1991-92 y del 1993-94 al 1995-96 no se realizaron monitorías sobre el uso que se le dio a los fondos federales delegados a ASPRI. Solamente se realizaron auditorías financieras por auditores externos contratados por ASPRI para los años fiscales del 1987-88 al 1994-95. No obstante, funcionarios de la ADFAN intentaron hacer una auditoría del año fiscal 1991-92 y una monitoría del año fiscal 1995-96, pero las mismas fueron impedidas por la gerencia de ASPRI, según se indica:

(1) La entonces Directora del Programa CSBG de la ADFAN contrató a una firma de contadores públicos autorizados para que realizaran la auditoría de ASPRI correspondiente al período terminado al 30 de septiembre de 1992. En carta del 8 de marzo de 1994, en la que se hace referencia a una reunión celebrada el 3 de marzo, los auditores contratados le comunicaron a la Directora del Programa que habían detenido la auditoría de ASPRI por las siguientes razones:

- La gerencia de ASPRI no permitió comenzar la auditoría, la cual estaba programada y confirmada para dar inicio el 3 de marzo de 1994.

- La gerencia de ASPRI, representada por su abogado, objetó que se iniciara la auditoría por cuestión de principios.

- La gerencia de ASPRI indicó a los auditores contratados que tenían que clarificar unos asuntos con SENDEC, previo a comenzar una auditoría y de acceder a la misma le era imposible en ese momento, ya que estaba en proceso una auditoría para el año fiscal programa 1992-93 y no tenía el personal disponible para atenderlos.

Dicha firma de auditores nunca realizó la mencionada auditoría.

(2) En carta del 2 de febrero de 1996 el Director del Programa CSBG de la ADFAN le informó a la Directora Ejecutiva de ASPRI que su Oficina comenzaría una monitoría el 20 de febrero para evaluar el desarrollo de los programas subvencionados con los fondos reprogramados por $3,610,233. En dicha comunicación se solicitaron varios documentos que debían estar disponibles para revisión. El 20 de febrero la Auditora del Programa de CSBG se reportó en las oficinas principales de ASPRI para dar inicio a la monitoría. La Directora Ejecutiva de ASPRI no permitió comenzar la misma debido a que alegadamente no había contrato para esa propuesta y que tenía personal de la Oficina del Contralor en su agencia.

Por otro lado, en carta del 16 de febrero de 1996 una firma de asesores legales contratada por ASPRI con sede en Washington, DC, le comunicaron al Director del Programa de CSBG, que era imposible realizar la monitoría mencionada por las siguientes razones:

- ASPRI estaba siendo auditada por los auditores de la Oficina del Contralor y por auditores externos, según lo requería la ley federal, por lo que acomodar otros auditores era imposible.

- La ADFAN suspendió la asignación de fondos CSBG del año fiscal programa 1995-96, sin previa notificación y sin realizar una vista, en clara violación a la Ley de CSBG.

El Director del Programa CSBG notificó esta situación a la Asesora Legal y a la Administradora de la ADFAN en memorando del 22 de febrero de 1996. Dicha monitoría no se llegó a realizar.

Las situaciones comentadas impidieron a la ADFAN tener conocimiento pleno del uso que se dio a los fondos federales otorgados a ASPRI. Ello propició el que se manejara de forma irregular parte de los fondos asignados en los años fiscales del 1990-91 al 1995-96. Ejemplo de ello son las situaciones que se comentan en los hallazgos 1 al 3.

6. En los "Single Audits Report" de los años fiscales del 1989-90 al 1994-95 preparados por una firma de auditores externos contratada por ASPRI se indicó que los fondos de los programas de CSBG y "Homeless" asignados a dicha entidad ganaron intereses por $648,016 y $143,055, respectivamente. En el informe del período terminado el 30 de septiembre de 1995 (1994-95) se establece que en el 1989-90 y en los años fiscales anteriores (1985-86 al 1988-89) se acumularon intereses por $236,921 y $84,174 en las respectivas cuentas de dichos fondos.

El examen efectuado de los informes financieros emitidos por los auditores externos y los ingresos generados por intereses reveló lo siguiente:

a. La firma de auditores externos indicó en cada uno de los informes emitidos en los años fiscales del 1989-90 al 1994-95 que las transacciones relacionadas con los intereses generados no fueron incluidas como parte de la auditoría y que su opinión sobre los estados financieros de ASPRI no estaba relacionada con dichos fondos. Este comentario se incluyó en la conclusión sobre los controles internos y administrativos de la entidad. De acuerdo con los "Single Audits Reports", la gerencia de ASPRI limitó el alcance de las pruebas realizadas por la firma de auditores externos para los años fiscales mencionados. Esta no le permitió a los auditores externos examinar las transacciones relacionadas con los ingresos por $791,071 generados por intereses.

b. En los "Single Audits Report" de los años fiscales del 1989-90 al 1992-93 se establece que los intereses generados por las cuentas de los programas de CSBG y "Homeless" fueron incluidos como otros ingresos y eran parte del balance de reserva ("fund balance") en los estados financieros de ASPRI. No obstante, en los estados financieros de los años fiscales 1993-94 y 1994-95 no se incluyeron como ingresos ni como parte del balance de reserva. Los auditores indicaron en los informes de dichos años fiscales que la gerencia de ASPRI acumuló los mismos en otra entidad separada no identificada, la cual no había sido auditada. Nuestro examen reveló que en los referidos años fiscales ASPRI recibió ingresos por intereses por $165,280.

c. El examen efectuado por nuestros auditores reveló que la Directora Ejecutiva de ASPRI no devolvió a la ADFAN los intereses generados por $791,071 durante los años fiscales del 1985-86 al 1994-95. Tampoco solicitó a ésta, mediante propuesta, la reprogramación de dichos ingresos para ser utilizados en los programas que administraba. De la investigación efectuada se determinó que parte de los intereses fueron depositados en una cuenta a nombre de CECSI y que se utilizaron para garantizar líneas de crédito solicitadas a los bancos para adquirir algunas propiedades.

Las situaciones comentadas en los apartados "a" y "b" impidieron a la firma de auditores externos expresar una opinión sobre la legalidad y corrección de las transacciones efectuadas por $99,026 y $58,036 relacionadas con los ingresos generados por los intereses recibidos durante los años fiscales del 1985-86 al 1993-94 de los fondos de los programas de CSBG y "Homeless", respectivamente. Ello pudo propiciar el ambiente para la comisión de irregularidades y que éstas no se pudieran detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

La situación comentada en el apartado "c" impidió a la ADFAN contar con fondos por $791,071 para disponer de ellos, según requerían las leyes federales que creaban los programas de "Homeless" y CSBG.

7. De acuerdo con los informes de "Inventario Físico de Activo Fijo" (Modelo SC-795) de los años fiscales del 1982-83 al 1994-95, ASPRI tenía 10 vehículos de motor y 16 autobuses con costos de $144,593 y $546,705, respectivamente. Los vehículos fueron adquiridos durante dichos años fiscales y estaban bajo el control del Encargado de Servicios Generales de la entidad.

El examen de las operaciones relacionadas con dichos vehículos de motor reveló que:

a. No se llevaba un registro completo para cada vehículo con información sobre la descripción y el historial del mismo. El Encargado de Servicios Generales mantenía una "Tarjeta de Registro de la Propiedad" para cada vehículo, pero no se llenaba en todas sus partes. En la misma no se indicaba, entre otras cosas, la orden de compra, el origen de los fondos, el nombre del vendedor, el nombre del receptor, la localización, el destinatario y el uso que se le daría. La mencionada tarjeta proveía espacios para indicar dicha información.

b. No se mantenía un registro con información de las fechas en que se utilizaban los vehículos, las horas de entrada y de salida, la descripción del viaje realizado, el millaje recorrido, los accidentes, el consumo de gasolina, el mantenimiento y otros.

c. De los vehículos incluidos en inventario, cinco por $62,065 aparecían como decomisados, según una anotación que se hizo en la "Tarjeta de Registro de la Propiedad" y en los informes de "Inventario Físico de Activo Fijo". En la mencionada tarjeta ni en el "Inventario Físico de Activo Fijo" se indicaba la fecha en que fueron decomisados, excepto en uno de los casos por $11,675 que se indicó "6/15/94 Decomisado".

Según los documentos examinados, 2 de los 5 vehículos que aparecían como decomisados fueron vendidos por CECSI a 2 empleados de ASPRI por $5,000 y $3,520, respectivamente. Estos vehículos eran dos Jeeps Montero 1984 adquiridos el 14 de febrero y 3 de octubre de 1984 por $11,735 y $11,255, respectivamente. En la investigación se determinó que los mismos se pagarían en plazos mensuales de $168 mediante descuentos a efectuarse en la nómina de los empleados, a partir del
1 de noviembre de 1991. Además, se determinó que las transacciones de ventas fueron realizadas por CECSI, representada por la Directora Ejecutiva de ASPRI.

En una reunión que sostuvimos con el Auditor Interno de ASPRI el 13 de marzo de 1996 le preguntamos sobre el procedimiento que seguían para decomisar los vehículos de motor y cualquier otro equipo adquirido. Este nos indicó que los vehículos y el equipo a decomisar se botaban. En el caso de los vehículos indicó que no se utilizaban como "trade in". Para realizar el decomiso se cumplimentaba un formulario que fue suministrado por la ADFAN para estos propósitos. Dicho formulario se utilizaba para rebajar el equipo decomisado del inventario de ASPRI y para informar estas transacciones a la ADFAN. El Auditor Interno no pudo especificar en qué lugar se disponía de los vehículos y del equipo inservible.

Las situaciones comentadas impiden a ASPRI ejercer un control adecuado sobre los vehículos de motor. Además, propician el ambiente para las situaciones irregulares como la comentada en el apartado "c" en la que se vendieron dos vehículos por $8,520 que aparecían como decomisados en los récords de ASPRI.

El Informe de Auditoría DA-01-33, emitido por nuestra Oficina el 11 de junio de 2001, se puede conseguir en nuestra página de la Internet: http://www.ocpr.gov.pr.

Anejo 1

ACCION SOCIAL DE PUERTO RICO, INC.
INFORMACION SOBRE LA UNIDAD AUDITADA

ASPRI es una corporación sin fines de lucro organizada bajo la Ley Núm. 3 del 9 de enero de 1956, "Ley de Corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Se incorporó el 22 de junio de 1982 en el Departamento de Estado con el número 12,781. La misma fue creada con el propósito de implantar, desarrollar y coordinar programas de bienestar social para atacar las causas de la pobreza en Puerto Rico con un enfoque comunitario.

En el año fiscal 1982-83 ASPRI fue clasificada como una entidad elegible para la implantación y el desarrollo de programas comunales bajo la "Omnibus Budget Reconciliation Act"¹  (P.L. 97-35) del 13 de agosto de 1981. Dicha ley requiere que las entidades que reciban fondos para la implantación de los programas comunales sean fiscalizadas por una Junta de Directores (Junta) donde haya representantes del sector público y privado, de grupos principales que representen intereses de la comunidad y de los sectores pobres del país y religiosos. Las funciones ejecutivas de ASPRI las ejerce una Directora Ejecutiva. En el período auditado ASPRI fue dirigida por la Dra. Flor de María Cacho Bonilla.²

Para ofrecer los servicios a los clientes ASPRI cuenta con cinco oficinas regionales localizadas en Canóvanas (Noreste), Cayey (Sur-Central), Isabela (Noroeste), Ponce (Suroeste) y Vega Alta (Norte-Central). A través de estas oficinas ASPRI administra, entre otros, programas de empleo, de enlace con la comunidad, de reparación de viviendas, y de servicios comunales y de autosuficiencia. Los programas van dirigidos a atender necesidades particulares para beneficio de los envejecientes, deambulantes y personas de escasos recursos.

ASPRI recibe, entre otros, fondos federales de la ADFAN y aportaciones municipales para los centros de cuidado de envejecientes para llevar a cabo sus operaciones. Para transferir los fondos a ASPRI la ADFAN formaliza un contrato de delegación de fondos³. Durante los años fiscales del 1990-91 al 1994-95, según los estados financieros auditados (Single Audit Reports), ASPRI recibió fondos por $34,724,203 y efectuó desembolsos por $31,582,482 para un saldo libre de $3,141,721 al 30 de junio de 1995, según se indica:

De los fondos recibidos, $31,627,689 provinieron del programa "Community Service Block Grant" (CSBG), ⁵ $2,260,813 del programa "Homeless"⁶  y $461,003 de aportaciones municipales. Además, ASPRI tuvo otros ingresos por $276,377 por intereses generados de las cuentas corrientes y de certificados de deposito⁷ y por $98,321 de otras fuentes no especificadas.

El 7 de septiembre de 1994 el Sr. John Tournour, Regional Inspector General for Audit Services del Departamento de Salud y Servicios al Ciudadano de los Estados Unidos (conocido en inglés por Department of Health and Human Services y por sus siglas como DHHS), le envió una comunicación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. En la misma solicitó nuestra asistencia para que, con la ayuda de la Oficina del Inspector Postal de los Estados Unidos, realizáramos una auditoría sobre el uso de fondos del programa de CSBG que se asignaron a SENDEC y que fueron transferidos a ASPRI. En la carta se indica, además, que aparentemente estaba ocurriendo un desfalco en una de las entidades que estaba recibiendo fondos federales.

Anejo 2

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CLASIFICACION Y CONTENIDO DE LOS HALLAZGOS

En nuestros informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos determinados en las pruebas realizadas. Estos se clasifican como principales y secundarios. Los principales incluyen desviaciones de disposiciones con un efecto material, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo, sobre las operaciones de la entidad auditada. Se clasifican como hallazgos secundarios los que consisten en faltas o errores que no han tenido consecuencias graves.

Los hallazgos del informe están presentados a base de atributos establecidos conforme a las normas de redacción de informes de esta Oficina. El propósito es facilitar al lector una mejor comprensión de la información ofrecida. Cada uno de ellos consta de las siguientes partes:

1. Situación - Los hechos encontrados en la auditoría indicativos de que no se cumplió con uno o más criterios.

2. Criterio - El marco de referencia para evaluar la situación. Es principalmente una ley, reglamento, carta circular, memorando, procedimiento, norma de control interno, norma de sana administración, principio de contabilidad generalmente aceptado, opinión de un experto o juicio del auditor.

3. Efecto - Lo que significa, real o potencialmente, no cumplir con el criterio.

4. Causa - La razón fundamental por la cual ocurrió la situación.

Al final de cada hallazgo se hace referencia a las recomendaciones que se incluyen en el informe para que se tomen las medidas necesarias sobre los errores, irregularidades o actos ilegales señalados.

En la sección "Comentarios de la Gerencia" del informe se incluye información sobre la contestación de la gerencia con respecto a los asuntos señalados. Referente a las situaciones que la gerencia ofreció información específica, ésta se incluye al final del hallazgo correspondiente.

Anejo 3

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Funcionarios principales que actuaron durante el período auditado

Anejo 4

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Miembros de la Junta de Directores del 1 de junio de 1988 al 30 de junio de 1995

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