Respetar la verdad y la dignidad

Publicado en el Vocero de Puerto Rico
viernes, 30 de septiembre de 2005
Pág. 35

Manuel Díaz Saldaña
Contralor de Puerto Rico

Es fácil coincidir en objetivos fundamentales para Puerto Rico: resolver el estatus político, justicia y bienestar económico generalizado, seguridad y paz, salud pública, educación de excelencia para todos, ecología sostenible, gobiernos justos, administración pública efectiva, salvaguardar derechos personales y colectivos, consolidar la democracia, etc. Los partidos políticos incorporan esas aspiraciones en sus plataformas programáticas. La sociedad civil también promueve ese tipo de ideales. Podemos discrepar en los contenidos y las estrategias, mas en lo esencial sabemos que a la pregunta ¿qué futuro queremos? las respuestas han de guiarse por principios de justicia y libertad, sin los cuales la democracia no prospera.

No está de más, por eso, reiterar lo que puede parecer obvio, pero que no lo es, a juzgar por lo que ocasionalmente se lee y oye en los comentaristas políticos: que la información sobre la cual opinan sea verdadera. En efecto, los principios de libertad y justicia se defienden honrando la verdad. En la sociedad hay grupos y personas que tienen una mayor responsabilidad para tutelar los principios democráticos: son quienes controlan la información e influyen en la opinión pública. Por supuesto, los gobernantes y servidores públicos juramentamos nuestro deber hacia el bien común. Pero el bien de la sociedad depende de todos. Debido a su función importante en la sociedad, los comentaristas políticos deben decir la verdad al emitir juicios sobre los gobiernos y los servidores públicos.

Nadie está por encima del bien y del mal. Los comentaristas que opinan sobre los acontecimientos del país tienen exigencias éticas e intelectuales obvias. Conocer la realidad tal cual es, sin acomodarla a su antojo. Investigar objetivamente los sucesos, sin prejuicios. Divulgar honestamente la verdad, sin falsear las cosas. Estar debidamente informados, sin improvisar a destiempo. Sobre todo, que demuestren profundidad y rigor analítico para entender los asuntos complejos de la vida pública. Pues los problemas complicados no se aclaran con opiniones triviales. ¿Es mucho pedir ese mínimo comportamiento intelectual?

Si además los comentaristas quieren elevar el nivel del debate público mostrando cómo las personas cultas e informadas saben discrepar con altura, debatir con elegancia y diferir con razonamientos, sin gritos e improperios, ello supone respetar la dignidad ajena. Tal comportamiento ético mínimo ¿será mucho pedir?

En la democracia los comentaristas tienen la oportunidad de edificar una opinión pública vigilante y crítica. La libertad de expresión les permite un amplio margen para alertar al pueblo acerca de demagogias, irregularidades, incompetencias y corrupciones que pudieran ocurrir en los gobiernos. Esa función positiva se acrecienta en tiempos de crisis. Si los poderes públicos dan motivos para desconfiar, con más razón la sociedad necesita\ comentaristas con la valentía para denunciar los problemas y la visión para ofrecer soluciones racionales, opciones viables, motivos de esperanza.

Ante posibles abusos del poder gubernamental, el ciudadano democrático cuenta con el poder de la información que circula libremente. Esa información sirve al bien común sólo si corresponde a los hechos y a la verdad. Los comentaristas que son veraces y honestos ganan credibilidad y confianza, cualidades muy valiosas cuando las sociedades sospechan o recelan de sus gobiernos representativos, o peor, cuando la desconfianza es generalizada hacia la misma sociedad. Esa función social de mantener la cordura y el nervio equilibrado, es responsabilidad de quienes controlan la información e influyen en la opinión pública.

Pero si los comentaristas se prestan a confundir la opinión pública, a ocultar la verdad, a manipular con información falsa o capciosa, a decir medias verdades, a difundir noticias exageradas o tendenciosas, todo ello lesivo al bien de la sociedad y de los buenos servidores públicos, entonces esos comentaristas dejan de ser los cauces de credibilidad que de ellos y ellas se espera.

Los propósitos nobles son traicionados cuando por prejuicios o agendas personales se complacen injuriando y burlándose de los servidores públicos. Una forma de esquivar la verdad es mediante el recurso a determinadas palabras o frases que descalifican a personas y grupos colocándoles etiquetas peyorativas. El que las arroja, no aporta argumentos convincentes ni datos objetivos, simplemente quiere descalificar amparándose en palabras ofensivas de impacto retórico. Brillan por su ausencia razones válidas, análisis objetivo y rectitud intelectual.

Es de derecho natural la propia buena fama, aunque a ojos del comentarista pueda parecer inmerecida o le disguste por su animadversión hacia esa persona. Se empaña la seriedad del comentarista cuando se jacta haciendo expresiones abiertamente difamatorias e insinuaciones falsas que lesionan la reputación de terceros. En las calumnias el daño causado a la buena fama del prójimo es doblemente injusto porque se hace a través de la mentira, a sabiendas que la información dada no es verdadera.

Un comentarista justo y honrado, sabrá cuidarse de la maledicencia y acusaciones infundadas que no sólo perjudican a los buenos servidores públicos, sino que fomentan la peligrosa deslegitimación de las instituciones democráticas del Estado. Y por añadidura podría tener un efecto disuasivo en el ingreso al servicio público.

Puerto Rico atraviesa una crisis política, económica y social de gran envergadura. Nadie lo dude. A corto y mediano plazo hemos de tomar decisiones valientes y trascendentales para las generaciones del porvenir. Ahora más que nunca necesitamos una opinión pública bien informada con la verdad y rectamente formada con juicios equilibrados. En tiempos de crisis hay la oportunidad de dar al pueblo palabras portadoras de bien. Ennoblece su trabajo el comentarista político que así lo haga. A la democracia le conviene la verdad y el decoro.