30 de diciembre de 2002

Hon. Cirilo Tirado Rivera
Presidente
Comisión Conjunta sobre Informes
Especiales del Contralor
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Senador:

Mediante carta del 12 de diciembre de 2002 nos invitó a comparecer y testificar en una Reunión Ejecutiva ante la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor de la Asamblea Legislativa (Comisión). La comparecencia sería el lunes 16 de diciembre de 2002 a las 10:00 a.m., en su Oficina en el Capitolio.

La carta indica que los miembros de la Comisión están interesados en conocer los parámetros y las guías al amparo de los cuales tomamos la determinación de inhibirnos y delegar en el Subcontralor para que se haga cargo de determinadas unidades de auditoría. Además, interesan conocer las medidas que hemos tomado para que las auditorías delegadas sean imparciales. Como parte de nuestra presentación, también solicitan una lista de todas las unidades de auditoría delegadas en que nos hemos inhibido, que incluya los números de los informes publicados y las auditorías en proceso.

En contestación a su carta el 13 de diciembre solicitamos una prórroga de diez días laborables para comparecer ante la Comisión. Les informamos que la ponencia solicitada requería de preparación y la búsqueda de los informes de auditoría publicados por la Oficina del Contralor desde el 2 de octubre de 1997, fecha en que se juramentó al actual Contralor de Puerto Rico. Además, solicitamos que la vista fuese pública debido a la importancia que reviste este asunto para el pueblo de Puerto Rico.

Nuestra petición se contestó el mismo día 13 de diciembre mediante una llamada telefónica. Se nos concedió la prórroga, la vista se fijó para el 30 de diciembre y se nos informó que habían aceptado nuestra petición de que la misma fuera pública. Ello fue luego confirmado mediante carta del 16 de diciembre de 2002.

Agradecemos a la Comisión que nos haya concedido las peticiones que le formulamos. Comparecemos en ánimo de cooperación, al igual que lo hemos hecho en todas las ocasiones en que hemos asistido ante la Asamblea Legislativa y en que hemos puesto a disposición de esta Comisión las instalaciones de la Oficina del Contralor para la celebración de vistas públicas.

Es importante esta comparecencia para mantener la confianza que tiene el pueblo de Puerto Rico en la institución de la Oficina del Contralor y en el grupo de compañeros que se desempeñan en la Contraloría. Esos compañeros día a día llevan a cabo los trabajos de campo y de otra naturaleza en las múltiples auditorías que realizamos, muchos de ellos por largos años.

Como ustedes saben, el cargo de Contralor de Puerto Rico se crea por la Sección 22 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual dispone que:

...El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley...

La Oficina del Contralor es una institución sui generis que se rige por su ley habilitadora, Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada. Tanto en la Constitución como en la Ley Núm. 9, se establecen las normas que garantizan la independencia del Contralor.  Esa independencia es indispensable para que la Oficina del Contralor pueda trabajar sin presiones de índole alguna, que puedan afectar su objetividad y, por ende, el resultado de su trabajo.

La facultad del Contralor para delegar sus funciones surge expresamente del Artículo 16 de la Ley Núm. 9. En éste se dispone lo siguiente:

El Contralor podrá delegar cualesquiera de sus funciones en cualquier funcionario de su Oficina que él designe, excepto que no podrá delegar la función de adoptar y promulgar reglas y reglamentos. (Enfasis nuestro)

La delegación de una función, cualquiera que sea su naturaleza, excepto la función de reglamentación, tiene que hacerse en un funcionario de la Oficina del Contralor. Así lo dispone la ley diáfanamente, y sin margen para otras interpretaciones.

La controversia sobre la determinación de inhibirnos y delegar en el Subcontralor para que se haga cargo de determinadas auditorías no es nueva. El asunto se planteó por primera vez durante la vista de confirmación de este servidor para el cargo de Contralor en septiembre de 1997, hace más de cinco años. En ese momento distintos legisladores levantaron la preocupación respecto a un posible conflicto de intereses entre nuestras funciones pasadas como Secretario de Hacienda y las inherentes al cargo de Contralor. Nuestra determinación, que en ese momento le comunicamos a los legisladores, es que nos inhibiríamos de participar en tales auditorías y delegaríamos las mismas en el Subcontralor. Advertida de ello, la Asamblea Legislativa nos confirmó al cargo de Contralor.

En cumplimiento con la ley y en el ejercicio razonable de la discreción administrativa, nuestra práctica consistentemente ha sido delegar en el Subcontralor todo asunto relacionado a nuestro desempeño como Secretario de Hacienda y con cualquier otra encomienda. En el inicio de nuestra gestión el Subcontralor era el Sr. Luis M. Malpica Rodríguez, CFE, quien se jubiló el 31 de diciembre de 1999. Desde el 2 de enero de 2000 el Subcontralor es el Sr. Heriberto Colón Acevedo, CFE.

El señor Malpica Rodríguez trabajó en la Oficina del Contralor por más de 36 años ocupando varios cargos, comenzando como Auditor Asistente. Inclusive, actuó como Subcontralor bajo los anteriores Contralores, el CPA Ramón Rivera Marrero y la Lic. Ileana M. Colón Carlo, CPA. Además, fungió como Contralor Interino por más de un año tras la renuncia del Contralor Ramón Rivera Marrero.

El señor Colón Acevedo, a su vez, comenzó en la Oficina del Contralor el 2 de septiembre de 1975 y fue nombrado por la Contralora licenciada Colón Carlo, como Director de la División de Auditorías de Corporaciones Públicas el 1 de agosto de 1993.

La delegación la hemos hecho en funcionarios de probada capacidad y honestidad que ocupan o han ocupado puestos de carrera en la Oficina del Contralor por muchos años, que trabajaron muy de cerca con otros Contralores y que gozan de una intachable reputación, en y fuera de la Oficina del Contralor.

En la lista de las instancias en que nos hemos inhibido, que se acompaña como el Anejo A, conforme a la petición de la Comisión, notarán que desde octubre de 1997 hemos publicado 130 informes correspondientes a 109 unidades de auditoría delegadas en el Subcontralor. Ello representa el 15 por ciento del total de 852 informes publicados entre el 2 de octubre de 1997 y el 16 de diciembre de 2002.

Todos los informes de las unidades de auditoría delegadas se han entregado a la Gobernadora, a los Presidentes de ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa y a la entidad auditada. También se han enviado, en el curso normal de su publicación, a las distintas entidades gubernamentales de referimiento concernidas, inclusive a esta Comisión.

Hicimos la delegación por escrito al Subcontralor al comienzo de nuestra gestión (Anejo B). Ésta incluye la discusión, revisión, aprobación y publicación de los informes de las unidades de auditoría delegadas. Además, nos ocupamos de notificar a todos los directores de las divisiones de auditoría sobre la delegación, de manera que no trajeran a nuestra atención asunto alguno relacionado con las unidades de auditoría delegadas (Anejo C). La delegación también se informó a todo el personal de la Oficina del Contralor.

Al momento de hacer las delegaciones le pedimos a la entonces Secretaria de Estado que le proveyera al Subcontralor, señor Malpica Rodríguez, una certificación indicando los nombres de todas las juntas, comisiones u otros organismos públicos a los que pertenecimos desde el 2 de enero de 1993 al 30 de septiembre de 1997 (Anejo D). Además, copia de la carta de delegación en el señor Malpica Rodríguez se le envió al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental el 3 de octubre de 1997, con copia al Gobernador de Puerto Rico y a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (Anejo E).

La Oficina del Contralor es una institución creada a la par con la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. Desde entonces han fungido como Contralor de Puerto Rico distinguidos funcionarios, algunos de los cuales ocuparon cargos públicos antes de su designación como Contralor. Ello no fue óbice para su confirmación ni para que llevaran a cabo su trabajo. El primer Contralor de Puerto Rico, previo a su nombramiento, ocupó el cargo de Auditor de Puerto Rico. Los próximos dos Contralores, a su vez, ocuparon el cargo de Subsecretario del Departamento de Hacienda.

La Oficina del Contralor tiene en vigor procedimientos, normas y reglamentos para llevar a cabo su función de fiscalización de una manera uniforme, con un alto grado de independencia y objetividad institucional. Las normas de auditoría que rigen nuestro trabajo las hemos hecho públicas y se pueden ver en nuestra página del Internet. Además, queremos destacar que todos los que trabajamos en la Oficina del Contralor estamos sujetos a un Código de Ética interno.

Durante los cincuenta años de existencia de la Oficina del Contralor se ha desarrollado una cultura organizacional de laboriosidad, objetividad, profesionalismo y ética que destacan al personal y así lo ha reconocido el pueblo de Puerto Rico. Esas características constituyen el norte de nuestro compromiso.

El cargo de Contralor de Puerto Rico es de rango constitucional. El trabajo que da base para los informes del resultado de las auditorías, inclusive las unidades de auditoría delegadas, tiene que hacerlo el Contralor por mandato constitucional de forma ministerial. El Contralor y, por delegación su equipo de trabajo en la Oficina del Contralor, son los que están investidos con los poderes delegados del Estado por virtud de la Constitución y las leyes vigentes, para fiscalizar las transacciones del Gobierno. Esta facultad, unida a la independencia que se le reconoce al Contralor, requiere que se delegue en un funcionario de la Contraloría cuando el Contralor se inhibe. Esta realidad jurídica, a su vez, no permite que la delegación sea en una persona ajena a la Oficina del Contralor.

Además, la Ley Núm. 9 dispone en el Artículo 7 que en caso de enfermedad o ausencia "...el Contralor designará a uno de los funcionarios de su oficina para que desempeñe el cargo de Contralor interinamente y mientras dure su enfermedad o ausencia" (Enfasis nuestro). Ello es un indicio adicional de que el Contralor no puede delegar sus funciones en un tercero ajeno a la Oficina del Contralor.

El concepto de delegación interna es tan imprescindible y está tan unido al concepto de independencia en la institución de la Oficina del Contralor, que en caso que el Contralor quede incapacitado de forma temporal, sin que haya designado a un funcionario a ejercer la función interinamente, el Gobernador tiene que escoger un funcionario de la propia Oficina del Contralor, para que desempeñe el cargo mientras dure la incapacidad temporal del Contralor. El Gobernador también tiene que escoger un funcionario de la propia Oficina del Contralor para ejercer la función interinamente, durante el tiempo que sea necesario para nombrar un Contralor en propiedad, cuando ocurra una vacante o en el caso de incapacidad total y permanente del Contralor. Así se establece en los artículos 6 y 7 de la Ley Núm. 9, especificándose que el "...funcionario designado...tendrá todas las facultades y deberes del Contralor".

No se puede perder de perspectiva tampoco que tanto el Contralor, como los Subcontralores en quienes delega su función en caso de inhibición, son funcionarios que rinden informes financieros en la Oficina de Etica Gubernamental y que también están sujetos al escrutinio de dicha Oficina por disposición del Contralor.

En resumen, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la ley orgánica que crea la Oficina del Contralor le conceden al Contralor la independencia necesaria para ejercer sus funciones, inclusive la facultad de delegar cualesquiera de sus funciones en cualquier funcionario de la Oficina, excepto el poder de aprobar reglamentación. El Contralor, como funcionario constitucional, esta facultado para delegar en un funcionario de su Oficina la función de llevar a cabo una auditoría y publicar el respectivo informe no solamente en caso de enfermedad o ausencia, sino en cualquier momento en que lo estime pertinente. Además, las normas y procedimientos en vigor en la Oficina del Contralor y la cultura institucional sirven para mantener la objetividad e imparcialidad necesaria al auditar y publicar los respectivos informes. Finalmente, este curso de acción de delegación interna en caso de inhibición del Contralor se trajo ante la atención de esta Asamblea Legislativa cuando consideró y confirmó nuestro nombramiento en septiembre de 1997.

Estamos a sus órdenes para ofrecerles cualquier información adicional que estimen necesaria.

Contamos con su cooperación para mejorar la fiscalización y administración de la propiedad y los fondos públicos.

Cordialmente,

Fdo.
Manuel Díaz Saldaña

Anejos

c Hon. Antonio J. Fas Alzamora
Presidente
Senado de Puerto Rico

Hon. Carlos Vizcarrondo Irizarry
Presidente
Cámara de Representantes

Miembros de la Comisión Conjunta
sobre Informes Especiales del Contralor

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