Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Cada rama del gobierno ejerce

las funciones encomendadas

por la Constitución.

Estas funciones se deben ejercer

con eficiencia en el uso de los recursos

y eficacia en los resultados esperados.

Este principio se aplica a la petición presupuestaria

Al fortalecer la Contraloría

estamos contribuyendo a mejorar

nuestras capacidades de fiscalizar

las transacciones de los fondos

y la propiedad públicos, que es la encomienda

dada por la Constitución y respaldada

por la Legislatura de Puerto Rico.

2. La teoría orgánica del Estado nos ayuda a visualizarlo como un organismo con diferentes instituciones desempeñando diversas funciones. El bienestar del todo se atribuye tanto al funcionamiento armonioso del organismo total, como a la contribución particular de sus partes individuales.

Cada agencia o institución del Estado tiene su mandato. Como los recursos son escasos, y las necesidades son ilimitadas, es necesario racionalizar y distribuir esos recursos para que cada parte cumpla su mandato de la mejor forma posible.

3. El gobierno que trabaja como un "organismo" eficiente y eficaz se distingue por varias características, visibles desde el punto de vista de cada agencia, y del organismo en su totalidad.

Desde el punto de vista de las entidades de gobierno, cada una define, aplica y dispone en el grado necesario, los siguientes elementos:

- misión clara y particular

- objetivos mensurables y viables

- planes estratégicos

- controles de calidad

- códigos públicos de ética

- recursos humanos

- infraestructura física

- tecnologías

- gerencia financiera

- presupuesto

- rendición de cuentas

Desde el punto de vista del funcionamiento total de las entidades gubernamentales, éstas deben:

- apoyarse unas a otras

- funcionar con sentido de armonía

- y acoplar sus gestiones para el bien común

4. Entre éstas no debe ocurrir una competencia de recursos que anule, cancele o haga inefectivas las funciones de cada cual.

Es importante que en la administración pública tengamos prudencia en cuanto a no duplicar esfuerzos ni recursos.

5. Por consiguiente, una agencia de gobierno para ser verdaderamente efectiva, debe tener

- la organización

- los recursos

- y los procesos

que le permitan cumplir cabalmente sus funciones constitucionales.

6. La OCPR es la agencia del Estado a la que el pueblo y el gobierno dieron su confianza en 1952 y le asignaron la encomienda de fiscalizar el uso de los fondos, bienes y propiedades del Pueblo de Puerto Rico. Desde entonces, durante los pasados cuarenta y nueve años, esta institución ha desarrollado una capacidad grandísima de hacer lo que debe hacer, con independencia y objetividad.

Esta es la institución pública idónea para ejercer su influencia preventiva y su función fiscalizadora en controlar la corrupción. Para eso el Estado le provee la organización, los recursos y los mecanismos de llevar a cabo su misión.

7. La Contraloría de Puerto Rico es una institución pública del Estado, no una persona privada ni un sujeto particular. Manuel Díaz Saldaña es un funcionario entre quinientos más, con mis obligaciones, y nada menos, pero nada más. El Contralor de Puerto Rico representa no mi persona, sino a una colectividad formal y oficial del Gobierno de Puerto Rico.

Es importante que nadie se confunda en comprender claramente que la Oficina del Contralor de Puerto Rico es la que tiene la encomienda constitucional que le hace responsable de rendir cuentas a las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales en cuanto a fiscalizar las transacciones públicas relacionadas con la corrupción.

Esa capacidad se pone en evidencia de tres maneras:

1. La acumulación de conocimientos, peritaje y sabiduría en hacer auditorías de gobierno.

2. La profesionalización de recursos humanos cualificados.

3. La sistematización de procedimientos y tecnologías para fiscalizar y controlar la corrupción.

Es aquí, y no en comisiones de ciudadanos privados, donde existe la experiencia, los recursos, los sistemas y el derecho en ley constitucional, para hacer fiscalizaciones de la corrupción pública en Puerto Rico.

Es aquí, donde la legislatura ha de apoyar con los presupuestos necesarios a fin de que la Contraloría disponga de mejores estructuras y condiciones para cumplir sus encomiendas.

Es aquí, donde existe el rigor de análisis, los controles de calidad, las transparencias, los compromisos éticos explícitos, y la cultura institucional de casi cinco décadas haciendo investigaciones y auditorías públicas combatiendo la corrupción.

Es aquí, donde hay que fijar atención, dar apoyo, robustecer y fortalecer los trabajos destinados a controlar la corrupción.

8. Cuando se creó el "Blue Ribbon Committee" dimos la voz de alerta porque en su estructura ejecutiva, en su composición de miembros y en sus tareas, existen dos problemas que deben ser anticipados y juiciosamente analizados:

1. potencial conflicto de intereses de las personas nombradas

2. conferir la responsabilidad de controlar la corrupción por parte del sector público a manos privadas

9. Hay tres razones ulteriores, y fundamentales, por las cuales hemos llamado la atención a los problemas potenciales del "Blue Ribbon Committee".

- Por la necesidad de despolitizar esas funciones, es decir, porque las personas deben estar públicamente desafiliadas de los partidos políticos.

- Por la necesidad de someterse a la Ley de Etica Gubernamental, es decir, porque ninguna persona que investiga públicamente la corrupción, y recibe estipendios del Estado, está por encima de la juramentación ética que ha de cumplir todo funcionario público.

- Por la necesidad de asegurar la transparencia, objetividad e imparcialidad en todas las funciones que conlleven investigar transacciones y contrataciones del gobierno con el sector privado.

10. En el sector público, existen ya diversas formas y entidades que hacen investigaciones y fiscalizan contrataciones y transacciones que pueden provocar corrupción. Por ejemplo:

1. La propia Asamblea Legislativa con sus comisiones .

2. El Comité del Gobernador sobre Auditoría creado mediante la Ley Núm. 110 del 3 de agosto de 1995, la cual enmienda la Ley Habilitadora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Ley 147 del 18 de junio de 1947.

3. Los auditores internos de las entidades gubernamentales.

4. Los auditores externos

5. Y todo el conjunto de medidas anticorruptivas que hemos

propuesto públicamente y que todos los partidos políticos han endosado.

RESUMEN

1. Concentremos recursos donde cada agencia o institución pública tiene sus fortalezas. Las fortalezas derivan de cinco fuentes:

a. la encomienda constitucional,

b. la independencia,

c. la capacidad de gestión -organización y procesos-,

d. el personal cualificado,

e. la cultura institucional de experiencia, conocimientos e integridad.

2. Preservemos y mejoremos continuamente las instituciones concebidas en la sabiduría de la Asamblea Constituyente y plasmada en nuestra Constitución, que han demostrado su eficacia y han ganado la confianza y credibilidad de la sociedad, como producto de su trabajo, como es la Oficina del Contralor.

3. Los valores y activos del pueblo de Puerto Rico en investigar, fiscalizar y controlar la corrupción ya están organizados e implantados en la propia Legislatura, en el Departamento de Justicia, en la Oficina de Ética Gubernamental, en los sistemas de gerencia fiscal de cada agencia ejecutiva, en los Municipios y en la propia Oficina del Contralor. La clave está en tener la voluntad y el deseo de ponerlos en práctica día a día, y fortalecerlos.

4. La mayor contribución que podemos hacer para controlar la corrupción es dotando de recursos a las instituciones que ya tienen la responsabilidad de ejercer esa función. La creación de organismos paralelos distrae recursos que de otra forma podrían ser asignados a los organismos ya existentes.

5. Ninguna persona que ejerza funciones fiscalizadoras está exenta de hacer valer el código de Etica que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido para todos los funcionarios. Esta es una obligación doble: legal y moral.

6. Es necesario distinguir y diferenciar las responsabilidades que competen al sector público y al sector privado. Los funcionarios del Estado y los ciudadanos privados tienen obligaciones que no deben confundirse. Hay tareas que son propias del gobierno, y es peligroso colocarlas en manos privadas, porque se reducen las maneras de proteger el bien común.

Anejo

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
LA FORTALEZA
SAN JUAN PUERTO RICO

Boletín Administrativo Núm. 2001-06

ORDEN EJECUTIVA PARA CREAR
LA COMISION INDEPENDIENTE DE CIUDADANOS
PARA EVALUAR TRANSACCIONES GUBERNAMENTALES

POR CUANTO:	El pueblo de Puerto Rico exige de su gobierno que opere con honradez y transparencia, y que las agencias gubernamentales funcionen bajo los más altos estándares de integridad, respetabilidad y eficiencia.

POR CUANTO:	Existe una imperiosa necesidad de establecer como uno de los principales componentes de la política del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, y la total erradicación de la corrupción gubernamental, que en el pasado ha lacerado la confianza de los puertorriqueños en sus instituciones gubernamentales.

POR CUANTO:	Para que dicha política pública sea efectiva resulta necesaria la cooperación activa, no sólo de todos los funcionarios y empleados públicos, sino también de toda la ciudadanía, y para dar impulso a esa lucha contra la corrupción es deseable formar una firme alianza entre el gobierno y la sociedad civil.

POR CUANTO:	Como uno de los mecanismos para poner en efecto dicha alianza, se debe crear una comisión independiente de ciudadanos privados, representativos de la sociedad. Estos funcionando de manera autónoma, deben tener autoridad para evaluar todas las transacciones gubernamentales significativas, tanto de la pasada como de la actual administración, que a juicio de la propia comisión ameriten ser evaluadas, con propósito de hacer las recomendaciones en cuanto a las medidas que se deban tomar a la luz de dichas evaluaciones.

POR CUANTO:	Es deseable que el proceso de evaluación mencionado sea efectuado por una comisión compuesta por ciudadanos privados, pues ello no sólo garantizará que la evaluación será hecha con independencia de criterio, sino que mediante dicho mecanismo el proceso decisional gubernamental recibirá un valiosísimo insumo que de otra forma no estaría fácilmente disponible.

POR TANTO:	YO, SILA M. CALDERÓN, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo lo siguiente:

PRIMERO:	Se crea la Comisión Independiente de Ciudadanos para evaluar Transacciones Gubernamentales, con el propósito de que ésta evalúe las transacciones gubernamentales significativas, tanto de la pasada como de la actual administración, que a juicio de la propia Comisión ameriten ser evaluadas.


SEGUNDO:	Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones y facultades: (a )Evaluar las transacciones gubernamentales significativas efectuadas por las agencias de la Rama Ejecutiva del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto durante la pasada como durante la actual administración, que a juicio de la propia Comisión ameriten ser evaluadas. A los fines de lo dispuesto en esta Orden Ejecutiva, se considerarán significativas aquellas transacciones que, a juicio de la Comisión, ya sea por su cuantía o por otras características, tengan el potencial de impactar sustancialmente áreas tales como la estructura gubernamental, el erario, la economía e infraestructura del país, o la confianza en las instituciones gubernamentales. (b) Solicitar de cualquier persona natural o jurídica, ya sea o no un funcionario o empleado público, toda clase de información sobre cualquier transacción gubernamental que sea objeto de evaluación por la Comisión, cuando a juicio de la propia Comisión esa información sea pertinente al proceso de evaluación. (c) Requerir la ayuda de los funcionarios pertinentes de la Rama Ejecutiva para, mediante los mecanismos provistos por ley, obtener la comparecencia de cualquier persona o la entrega de cualquier documento u objeto, cuando ello fuese necesario y procedente. (d) Rendir los informes que más adelante se mencionan.

TERCERO:	La Comisión rendirá a la Gobernadora aquellos informes que la propia Comisión estime apropiado, con el resultado parcial o final de las evaluaciones que la Comisión haya llevado o esté llevando a cabo. Dichos informes incluirán los hallazgos que hayan resultado de esas evaluaciones, y pondrán también incluir recomendaciones, a corto y a largo plazo, de que se tomen aquellas acciones que la Comisión considere conveniente, incluyendo, pero sin limitarse a, recomendaciones de que se adopten nuevas normas estatutarias o reglamentarias para regir dichas transacciones, o se modifiquen las existentes, o que se proceda con trámites administrativos, civiles o criminales contra determinadas personas. Dichos informes serán divulgados únicamente por la Gobernadora, excepto cuando a su juicio ello pueda interferir con que se lleven a cabo en forma exitosa las acciones que puedan ser necesarias a la luz del contenido del informe en particular.

CUARTO:	La Oficina de la Gobernadora proveerá una oficina a la Comisión donde ésta pueda realizar sus funciones. Las operaciones administrativas de la Comisión se llevarán a cabo a través del Departamento de Estado. Se autoriza y ordena al Departamento de Estado, Departamento de Justicia, y a las demás agencias gubernamentales bajo la autoridad de la Oficina de la Gobernadora que provean a la Comisión aquel apoyo que fuere necesario para que la Comisión pueda llevar a cabo en forma exitosa su encomienda, incluyendo, pero sin limitarse a, apoyo técnico, apoyo, de personal equipo, y la contratación por la agencia de personal adicional que la Comisión necesite. Las solicitudes de apoyo de la Comisión se canalizarán a través del Secretario de la Gobernación.

QUINTO:	La Comisión estará compuesta por el Lic. David Noriega Rodríguez, la Lcda. Ileana Colón Carlo, la Lcda. Carmen Rita Vélez Borrás, el CPA Pedro A. Galarza y el Lic. Pedro López Oliver. La compensación que recibirán éstos por sus servicios se fijará en los correspondientes contratos de servicios profesionales a ser otorgados entre cada uno de ellos y la Oficina de la Gobernadora. Será Presidente de la Comisión el Lic. David Noriega Rodríguez. De surgir por cualquier motivo una vacante en la Comisión, la Gobernadora hará el nombramiento para llenar la misma.

SEXTO:	La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría del número total de sus miembros. La Comisión se reunirá con la frecuencia que estime apropiada, y cuatro de sus miembros constituirán quórum. Los trabajos de la Comisión se llevarán a cabo en estricta confidencialidad. La información a la que tengan acceso los miembros de la Comisión como resultado de sus funciones en ésta será considerada estrictamente privilegiada, y no podrá ser revelada ni usada por ninguno de ellos para ningún otro fin que no sea los trabajos de la Comisión. Sujeto a lo dispuesto en esta Orden Ejecutiva, la Comisión adoptará aquellas otras normas que considere apropiadas para regir su propio funcionamiento interno.

SÉPTIMO:	El presidente de la Comisión organizará y dirigirá las labores de la Comisión, y será el único portavoz de ésta. Podrá llevar a cabo cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Gobernadora o por el Comité que sea necesaria para el mejor cumplimiento de esta Orden Ejecutiva.

OCTAVO:	Para los fines de esta Orden Ejecutiva, Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico significará cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, junta, comisión, oficina, autoridad, administración, corporación pública, junta o tribunal examinador, entidad, funcionario, y cualquier otro organismo del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente bajo Firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Ciudad de San Juan, hoy día 31 de enero de 2001.

Sila M. Calderón
Gobernadora

Promulgada de acuerdo con la ley, hoy 31 de enero de 2001.

LCDO. FERDINAND MERCADO RAMOS
SECRETARIO DE ESTADO