Primera Entrega Reconocimientos
a los Recintos de la Universidad de Puerto Rico

4 de abril del 2003

Muy buenas tardes a todos. Me uno a los saludos protocolares expresados. Quiero de mi parte agradecer a los Presidentes de la Junta y de la Universidad, a los distinguidos Rectores, y otros miembros de la comunidad universitaria, por su presencia en este acto. Habida cuenta que estamos en el corazón del liderazgo universitario, y entre estudiosos del saber, permítanme hacerles los siguientes planteamientos:

= Primero, desde mi punto de vista, creo que hay tres capacidades humanas fundamentales: la capacidad de aprender, de decidir y de actuar.

= Segundo, en el mundo moderno las actividades más relevantes del ser humano se elaboran a través de organizaciones e instituciones sociales.

= Tercero, en la sociedad actual, junto a la propiedad, el capital y el trabajo, el factor conocimiento acrecienta cada vez más su valor social y económico.

= Y cuarto, las instituciones educativas -en general- y las universitarias -en particular- juegan un papel preponderante en enseñar y aplicar esas capacidades de aprender, decidir y actuar.

Mi mensaje a ustedes consiste en relacionar esos cuatro planteamientos en sus implicaciones para la administración pública puertorriqueña.

Aunque no son ideas nuevas, insisto en ellas por su importancia en este acto de Reconocimiento donde la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor estrechan sus vínculos de colaboración, entendimiento y voluntad común. Colaboración, porque entre nosotros existen muchos intereses por el bien de Puerto Rico. Entendimiento, para tener referentes conceptuales comunes sobre las normas aplicables a una sana administración pública. Y voluntad común, para poder actuar en forma solidaria.

Así las cosas, la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor, en forma unida, demuestran al país que la buena administración de las instituciones, tanto públicas como privadas, no es un ideal quimérico, sino una realidad que se puede hacer operativa y visible. Brevemente, elaboro estas ideas.

La construcción del mundo es producto de diferentes prácticas económicas, políticas, científicas, tecnológicas, educativas y culturales; estas prácticas, mayormente acontecen por medio de organizaciones e instituciones sociales, y no de acciones individuales y solitarias; así mismo, esas prácticas resultan de las capacidades de aprender, de decidir y de actuar.

Si esto es así, entonces, para nosotros es importante pensar cómo esas capacidades se incorporan, interiorizan, y aplican en aquellas instituciones cuya finalidad, precisamente, es enseñar y desarrollar conocimientos relevantes al ser humano y útiles a la vida social. Por más vueltas que demos al asunto, es legítimo preguntar a los sistemas educativos, desde la escuela primaria hasta el postgrado, sobre qué saberes aprenden sus integrantes; sobre qué decisiones se toman y cuáles criterios las rigen; y sobre las acciones que constituyen su identidad colectiva.

Nuestra tesis es que las universidades son las instituciones sociales mejor capacitadas para la ejecución efectiva de esas grandes tareas de aprender, decidir y actuar que se traducen en el desarrollo intelectual, profesional y ético de sus egresados. En consecuencia, proponemos tres afirmaciones sobre la universidad:

1.Una, en la universidad es donde mejor se definen, enseñan y difunden los aprendizajes de mayor importancia para la vida económica, cultural, política y social de un pueblo.

2. Dos, en la universidad es donde se deben tomar decisiones colegiales con un nivel sofisticado de racionalidad producto del nivel formativo de sus integrantes.

3. Y tres, en la universidad es donde se esperan actuaciones que correspondan a los conocimientos organizacionales que circulan entre los miembros de la propia comunidad universitaria.

Me pueden reprochar que dibujo un cuadro romántico de la realidad universitaria. Acepto ese reproche, pero tengo una explicación: en estos tiempos donde ocasionalmente sentimos bajar el voltaje de la inteligencia colectiva, los universitarios sólo tienen una opción razonable, que es mantener viva la utopía. No conviene descalificar esa utopía, porque han sido los universitarios, durante muchos siglos, quienes han mantenido la lucidez intelectual de denunciar lo que no debe ser, y han sabido sostener, con valentía, los ideales de lo que debe ser una humanidad transformada.

Ese gran papel histórico ahora se acrecienta, en una época donde el conocimiento tiene un valor socioeconómico y cultural sin precedentes. Es indudable que los universitarios ocupan un papel estratégico y privilegiado, porque son la única institución social que se ha especializado, durante casi un milenio, en la tarea paciente y laboriosa de producir, organizar y comunicar conocimientos.

Pero se enfrentan a un problema grande, el problema que podemos llamar del RAC, un problema que retrasa a cualquier sociedad en sus intentos de desarrollo; el "R-A-C" es el Rechazo a la Aplicación del Conocimiento. A primera vista puede no ser obvio en Puerto Rico, pues tenemos la apariencia de una sociedad moderna, con tecnologías de punta, una economía relativamente próspera, unas clases profesionales bien preparadas y unos sistemas educativos que parecen avanzados. Sin embargo, analizando a fondo la cuestión, podemos identificar una resistencia o rechazo a la aplicación racional, metódica y científica de muchos conocimientos que teóricamente poseemos y que públicamente expresamos como parte de nuestro capital intelectual, técnico y científico.

Aunque parezca desconcertante a la altura del Siglo 21, hay que admitir que el Rechazo a la Aplicación del Conocimiento se observa particularmente en la administración pública. Cualquier estudiante que curse estudios graduados en los recintos puede hacer una investigación de campo y encontrar entidades públicas que carecen de sistemas tecnológicos apropiados; que no tienen, o no aplican sistemas de planificación estratégica; que no funcionan según criterios y estándares evaluativos; que no aplican indicadores de eficiencia ni verifican los resultados que obtienen a la luz de sus prioridades y metas; que operan sus finanzas como si fuesen propietarios privados de una finca con riquezas ilimitadas en un universo de abundancia plena; que ignoran las necesidades de adiestramiento de su gente y no prestan atención a la formación profesional continua; que manejan la gerencia y la administración con una arbitrariedad asombrosa, con una discrecionalidad descontrolada y una indiferencia a las normas más elementales de sana administración; y paro aquí, porque me paso la tarde entera multiplicando ejemplos.

Por esas razones, desde que empezamos en la Contraloría, tomamos la iniciativa de emprender una campaña masiva e intensa de prevención y educación que tiene tres componentes principales: Excelencia en la Administración Pública; Cero Tolerancia a la Corrupción; y Desarrollo Profesional del Servidor Público.

Empezamos con los Municipios orientándolos en la aplicación metódica de unos criterios que les permiten focalizar áreas específicas para mejorar su administración. Nada esotérico hay en eso. Es la simple y llana aplicación de conocimientos básicos. Hemos tenido muy buenos resultados con los esfuerzos de prevención, pero sin bajar la guardia en la fiscalización. De igual forma, en otras entidades gubernamentales, que incluyen a los Recintos Universitarios, hemos utilizado la experiencia y conocimientos acumulados por un poco más de cincuenta años en la Oficina del Contralor, para apoyarlos en su gestión continua por la eficacia y la eficiencia administrativa.

Puerto Rico necesita a los docentes, investigadores y administradores universitarios que están en la vanguardia intelectual, científica y profesional del país. Los necesitamos para enseñar a miles de futuros empresarios, profesionales y servidores públicos cómo se deben administrar y dirigir las instituciones sociales, haciéndolo con eficacia gerencial y con integridad ética, que no son dimensiones reñidas. La aportación de disciplinas como planificación, gerencia, administración, economía, contabilidad, finanzas, ética pública, entre tantas, deben ser enseñadas con claridad y practicadas con eficacia. En ese sentido, estamos seguros que los criterios que hemos propuesto son una herramienta que ayuda a la Junta de Síndicos, a la Presidencia, a los Rectores, a los Decanos y Directivos de distintas oficinas, a trabajar con mayor aprovechamiento de sus recursos y obtener mejores resultados. El hecho mismo de que ustedes estén participando en esta actividad añade valor a la responsabilidad tan importante que tiene la Universidad de Puerto Rico con la administración pública de nuestro país.

Por todas esas razones, hoy nos sentimos muy contentos de que la Universidad de Puerto Rico acoja con beneplácito este esfuerzo de impulsar la excelencia administrativa a lo largo y ancho de la esfera pública. Cuenten con nosotros en la Contraloría para colaborar en pos de esa utopía realizable que es convertir la Administración Pública de Puerto Rico en un modelo de categoría mundial. Aprovecho la ocasión para felicitarles en el Centenario de nuestra Universidad de Puerto Rico.

Muchas gracias.

Manuel Díaz Saldaña
Contralor de Puerto Rico

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