Fiscalización rigurosa y constante

Publicado en El Vocero de Puerto Rico
viernes, 17 de noviembre de 2006
pág. 33

Manuel Díaz Saldaña
Contralor de Puerto Rico

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que el Contralor “fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley” (Artículo III, sección 22). La misión del Contralor, pues, proviene de ese mandato constitucional y legal.

Para cumplir el mandato constitucional, la Contraloría tiene seis estrategias orientadas a mejorar la administración pública; éstas se identifican de acuerdo con la experiencia documentada en los informes de auditoría. Una estrategia es la fiscalización rigurosa y constante por parte del equipo de auditores de la Oficina del Contralor; aumentando cada año la cantidad de informes de auditoría. Como parte de la fiscalización hemos desarrollado iniciativas innovadoras dirigidas a
estimular la sana administración pública mediante el reconocimiento positivo a las agencias y entidades que logran cumplir con estándares de calidad en la gerencia gubernamental. Asimismo, hemos establecido principios gerenciales, sistemas efectivos y controles internos que, si aplicados con voluntad y firmeza, generan los cambios necesarios para fortalecer la sana administración de los bienes públicos.

Las estrategias de fiscalización conducen a mejorar la administración pública, al detectar y corregir transacciones o actuaciones ilegales, incorrectas o indebidas que se presentan a través de hallazgos en los informes de auditoría. De esta manera, se fomenta el establecimiento de sistemas y controles adecuados para evitar la ocurrencia de tales transacciones o actuaciones. Al cumplir con esos sistemas, los servidores públicos ven mejorar la calidad de sus gestiones y se
motivan a trabajar por el bien del pueblo. De ahí la importancia de hacer los reconocimientos por acciones afirmativas.

Los reconocimientos de la Contraloría se basan en criterios que ayudan a implantar normas, sistemas y planes estratégicos de sana administración pública. El resultado debe ser el buen uso de la propiedad y los fondos públicos. Este programa de reconocimiento, conocido como Plan de Prevención- Anticorrupción, se extendió este año a la Legislatura.

Ejemplos de la estrategia de fiscalización rigurosa y constante son las auditorías a la Asamblea Legislativa, que incluyen al Senado de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio, la Oficina de Servicios Legislativos y las comisiones.

La Contraloría examina constantemente el uso adecuado de la propiedad y los fondos públicos y que éstos se utilicen conforme a lo que dispone la Constitución, Artículo VI Sección 9: “sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”.

Como resultado de las auditorías a los Cuerpos Legislativos realizadas por la Contraloría en décadas pasadas, se detectó que las áreas más débiles eran capital humano y la asignación de los fondos de Barril y Barrilito de Tocino. Por tal razón, durante los últimos años, nuestros esfuerzos se han enfocado en esas áreas de mayor prioridad.

Desde octubre del 1997 la Contraloría ha publicado trece informes de auditoría que cubren las operaciones fiscales de la Cámara de Representantes; nueve informes del Senado de Puerto Rico, que cubren las operaciones relacionadas con el personal y contratistas de las oficinas de los presidentes de los Cuerpos, los portavoces de la mayoría y minoría, la asignación de Barril y Barrilito de Tocino, y el examen del personal asignado en las oficinas de los legisladores en el
Capitolio y en las oficinas de servicios en los distritos; y además cinco informes que cubren las operaciones fiscales en la Superintendencia del Capitolio, uno de la Oficina de Servicios Legislativos y otro de la Comisión Conjunta sobre Donativos Legislativos.

También la Oficina examina aquellos donativos legislativos que administran las organizaciones sin fines de lucro y algunas agencias gubernamentales (Departamento de la Familia, Recreación y Deportes, Vivienda, Instituto de Cultura Puertorriqueña y Municipios). Estos fondos los utilizan para llevar a cabo diversos programas e iniciativas mayormente enfocadas en áreas relacionadas con los servicios sociales, educación, salud, cultura, recreación y deporte, entre otros. El uso adecuado de estos donativos es importante en la administración de los bienes públicos, y paradójicamente, existía ignorancia o confusión con respecto a los mismos; por eso que la Contraloría publicó el folleto informativo Organizaciones sin Fines de Lucro: Uso de la Propiedad y los Fondos Públicos.

En la misión de prevenir y fiscalizar el uso indebido de la propiedad y de los fondos públicos y en virtud de la Ley Núm. 222 del 6 agosto de 1999, la Contraloría ofrece un curso sobre el uso de los fondos públicos y la propiedad pública a todo senador y representante electo previo a su certificación por la Comisión Estatal de Elecciones. También, la Contraloría ha orientado a los
funcionarios y empleados asignados a las áreas administrativas de los Cuerpos Legislativos así como al personal asignado a las oficinas de los senadores y representantes. De igual forma, hemos sido partícipes con nuestras opiniones y recomendaciones cuando se legislan proyectos relacionados con la administración pública.

Les recordamos que nuestros informes de auditoría, cartas circulares y folletos informativos para mejorar la administración pública, entre otros, están disponibles en www.ocpr.gov.pr.

La Contraloría, como ente fiscalizador del Gobierno, seguirá buscando recursos que permitan seguir impactando con su trabajo fiscalizador y de prevención a todas las entidades públicas y otras que reciben fondos públicos. Todo ello en beneficio del Pueblo de Puerto Rico.