Prevención y fiscalización para el Gobierno (Parte II)

Publicado en El Vocero de Puerto Rico
jueves, 13 de agosto de 2009
Pág. 31

Manuel Díaz Saldaña
Contralor de Puerto Rico

El Pueblo tiene pleno derecho a exigir del Gobierno transparencia y efectividad en administrar el bien común. El bien común es bien por ser las condiciones sociales que permiten vivir dignamente y es común por ser de todos y para todos. No pertenece a nadie en particular ni a ningún grupo de interés económico, político-partidista, religioso o de otra índole. El Gobierno, en esencia, tiene credibilidad en la medida que administra los bienes, los recursos, los fondos y el dinero público con justicia, honradez y eficacia.

Desde su origen en 1952, la Contraloría cumple su misión constitucional al procurar que el Gobierno administre el bien común de manera legal y ética. De hacerlo bien, se gana la confianza del Pueblo. De lo contrario, provoca crisis de credibilidad por causas que son conocidas: derrochar dinero, despilfarrar recursos y malgastar fondos públicos. En otras palabras, por los caprichos, extravagancias, arbitrariedades y la corrupción de quienes abusaron de sus cargos públicos y traicionaron la confianza del Pueblo. Es responsabilidad colectiva ser vigilantes como sociedad para la defensa permanente del bien común. Todos en la sociedad civil y en las agencias públicas debemos hacer nuestra parte en esa responsabilidad compartida. La Contraloría hace su parte al fomentar una administración pública limpia y eficaz, y lo hacemos mediante la prevención puntual y la fiscalización constante.

La fiscalización se realiza para detectar errores o desviaciones en cumplir con leyes y normas. El resultado son informes de auditoría con hallazgos y recomendaciones para corregir transacciones hechas de manera incorrecta o ilegal. Los informes provienen de análisis de documentos, entrevistas, evaluaciones realizadas por peritos y otras pruebas que se realizan para determinar si la propiedad y los fondos públicos se usaron de modo correcto. La prevención se realiza para que el personal de las entidades públicas esté debidamente informado y sepa con antelación cómo administrar correctamente el bien común. La prevención es la voz de alerta para que el Gobierno actúe con prudencia y buen juicio: 1) conozca leyes y normas a cumplir; 2) conozca medidas administrativas de control financiero; 3) anticipe riesgos al incumplir con la ley y/o con la ética pública; y 4) planifique y supervise el uso correcto de recursos. Prevención es que las entidades gubernamentales reciban la información puntual y necesaria para una administración pública transparente, honrada y eficaz, sin excusas para alegar ignorancia de su responsabilidad con el bien común.

En abril del 1998, y revisados en junio del 2008, la Contraloría fomentó la práctica de diez principios para lograr esa administración pública. La lógica de esos principios es evidente: registros de contabilidad, conciliaciones bancarias, informes financieros, no sobregiro en la asignación presupuestaria, planes estratégicos, notificación de pérdidas o irregularidades en el manejo de fondos o bienes públicos, registro de contratos, sistema de archivo y control de documentos, y tecnología de información. Cumplirlos debe ser una sencilla práctica rutinaria, no un acto de heroísmo público. Sabemos qué hacer. Tenemos los sistemas y las tecnologías. Hay personas competentes. ¿Qué podría faltar? La voluntad de hacerlo.

La Contraloría lleva casi seis décadas aprendiendo la experiencia histórica de cómo administrar las instituciones públicas en una democracia. De esa experiencia hemos aprendido valiosas lecciones y conocimientos no sólo de Puerto Rico, sino también de otros países en mejores y peores condiciones de gobierno. De esas lecciones, hemos establecido un proyecto importante para evaluar la implantación de los principios mencionados: Medidas para Mejorar la Administración Pública y el Programa de Prevención – Anticorrupción (un Programa ambicioso para frenar la corrupción, el peor mal que destruye al Gobierno). Ambas estrategias preventivas
miden el establecimiento de esos principios para administrar el bien común como el Pueblo exige y merece: con justicia social, servicios de calidad, transparencia a la verdad y control a la corrupción.

El Programa de Prevención – Anticorrupción establece medidas concretas para prevenir actos de corrupción. Estas medidas, entre muchas, incluyen la prevención con respecto a conflictos de intereses y el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos; el establecer una cultura de responsabilidad ética; el recibo y referido de querellas; las normas de Capital Humano; el implantar la actividad de auditoría interna; la evaluación de riesgos de la entidad, y otras. Puerto Rico debe despertar rápido y con urgencia ante la incidencia de la corrupción. No hay país inmune a que la corrupción eche raíces y florezca. Nuestro subsuelo ya tiene raíces de corrupción que
están germinando a través del sistema de Gobierno y de la empresa privada. Conocemos bien esas raíces y sus manifestaciones externas: la inobservancia de leyes y de reglamentos, el incumplimiento de deberes, la ausencia de normas y de reglamentos escritos, la falta de supervisión adecuada, corruptos que fácilmente evaden la justicia, una cultura empresarial privada expuesta al fraude y a la extorsión… todo ello hace a los gobiernos
vulnerables a la corrupción.

Sin un gobierno eficiente –sin el predominio de la ley, sin justicia, sin una administración pública efectiva, sin regulación responsable, sin conducta insobornable de gobernantes, sin empresa privada ética– ninguna cantidad de fondos, ningún milagro económico, ninguna promesa de bienestar futuro, sacarán a Puerto Rico de la crisis y lo pondrán en camino hacia la prosperidad económica, la justicia social, la paz colectiva y el bienestar general de todos.

La prevención y la fiscalización son indudables factores para mejorar nuestra administración pública, pero resultan insuficientes sin los esfuerzos concertados de la sociedad civil, la empresa privada, los grupos comunitarios, las instituciones educativas, las asociaciones profesionales, y demás grupos organizados que colaboran para sostener instituciones públicas honradas y eficaces.

No hay ley que imponga desde arriba un gobierno eficiente. No se hace con legislación ni discursos. La buena administración pública –y un gobierno eficiente– es un logro de la voluntad colectiva, es fruto de la dedicación de líderes íntegros comprometidos con el bien común y desinteresados de sus egoísmos particulares. A todos nos corresponde ser solidarios en defender el bien común, la justicia social y la paz que Puerto Rico necesita en estos tiempos de crisis y desesperanza.