Prevención y fiscalización para el Gobierno (Parte I)

Publicado en El Vocero de Puerto Rico
lunes, 10 de agosto de 2009
Pág. 28

Manuel Díaz Saldaña
Contralor de Puerto Rico

El sabio refrán aconseja que prevenir es mejor que lamentar. Prevenir es una virtud de personas prudentes y racionales. Prevenir ahorra tiempo, economiza esfuerzos, anticipa líos eludibles, evita crisis, nos hace precavidos de tomar decisiones imprudentes. Prevenir es una experiencia común en nuestra vida cotidiana de negocios, en la familia, en las finanzas personales y en la salud física. Prevenir es un consejo básico en el inventario de exhortaciones que abuelos y padres damos a nietos: “ten prudencia, no te lances, no te metas en ese lío, ojo con eso, piénsalo tres veces, cuídate bien…”. Si como individuos, en familia y en negocios sabemos prevenir a tiempo, ¿por qué no hacerlo en la práctica cotidiana de las entidades gubernamentales que administran recursos, bienes y propiedades del Pueblo?

Deseo compartir esta inquietud con el Pueblo. La prevención y la fiscalización en la administración
pública son medidas urgentes en Puerto Rico. Es imperativo entender su importancia por dos razones fundamentales: una, para tener gobiernos eficientes, con todo lo que esto implica en servicios, calidad, productividad, honestidad y transparencia; y dos, para defender la propiedad y los fondos del Pueblo. Dedicaremos dos artículos a estos temas.

El déficit de prevención ha costado graves problemas que pudieron preverse a tiempo. En gran medida, la actual crisis fiscal hunde raíces –por décadas– en no prevenir las consecuencias negativas de decisiones incorrectas e incluso ilegales. Con una simple calculadora se pueden efectuar operaciones aritméticas elementales y darse cuenta que la crisis fiscal explotaría tarde o temprano inevitablemente. Digo darse cuenta en dos significados del vocablo: “cuenta” como operación aritmética y “cuenta” como la razón que examina para comprender, estar advertido o ser consciente. Ese darse cuenta es una obligación de las entidades gubernamentales. Es obligación porque los bienes, las propiedades, los recursos y las finanzas del erario no son de intereses privados y por tanto, deben administrarse con apego a la ley, a la ética, a lo correcto de hacer y tomar en cuenta la responsabilidad ante el Pueblo, es decir, cuidar con prudencia el bien común.

Los puertorriqueños tenemos la oportunidad de construir juntos una sociedad de prosperidad económica con justicia social, paz y bienestar espiritual en un destino común de dignidad. Pero nos enfrentamos a un escenario complicado que desafía nuestra inteligencia colectiva y buena voluntad: crisis fiscal, economía colapsada, violencia y desconfianza en las entidades gubernamentales, que nos exige unidad, dinamismo y competitividad.

En este escenario se comprende la relevancia de la función fiscalizadora y preventiva de la Contraloría en fomentar una administración pública de excelencia. La fiscalización y la prevención, comprendidas con amplitud, tienen como finalidad básica proteger la estructura gubernamental.

La vitalidad del Gobierno depende de muchos factores: educación cívica, desarrollo económico con justicia social, sector empresarial socialmente responsable, valores culturales compartidos, sociedad civil activa, sana administración pública, y otros. En el Gobierno, las autoridades públicas tienen que justificar sus decisiones y convencer a la población para merecer apoyo y confianza. Todos los gobiernos, en mayor o menor grado, sufren actualmente la pérdida de credibilidad. Si las autoridades pueden justificar sus decisiones en forma honesta y responsable, generan la confianza del Pueblo. Es imperativo, en consecuencia, tener mecanismos de prevención, fiscalización y rendición de cuentas, que son protectores de la estructura gubernamental y la confianza en ella.

El mayor peligro para la credibilidad y la efectividad en el Gobierno es la corrupción. Cuando la
corrupción se instala en el funcionamiento cotidiano de la administración pública y del Gobierno, es como una enfermedad que se esparce por todo el organismo gubernamental lo cual destruye la calidad moral del sistema y su legitimidad.

El peligro es que los pueblos y los gobiernos pueden vivir con la corrupción, de hecho, algunos se
alimentan de ella para subsistir, como en las dictaduras. También hay gobiernos con formalidades democráticas (elecciones, partidos políticos, división de poderes), pero tienen instalada la corrupción en sus aparatos administrativos. Son pueblos cuyos derechos y libertades son limitados y recortados, se han habituado al caudillismo y a la demagogia hasta que hagan una implosión por la conjunción de numerosos factores que propicien su desplome. Afortunadamente, países con tradición democrática como Puerto Rico tienen poderes para sobreponerse a las crisis y renovar sus estructuras gubernamentales, ser eficaces y productivos, rendir cuentas al Pueblo con honestidad y transparencia, dar servicios de calidad y controlar la corrupción.

Como ciudadanos democráticos hemos de ser vigilantes y activos en pedir cuentas al Gobierno y no cederle nuestros derechos o prerrogativas. Los que asumimos funciones de servicio público y de representantes del Pueblo, debemos ser responsables en custodiar y administrar el bien común de Puerto Rico con la honradez y la competencia que se espera de nosotros. Nuestro deber es mejorar la administración pública y prevenir la corrupción.

En la parte II explicaremos qué hace la Contraloría en esos dos importantes renglones: Medidas para Mejorar la Administración Pública y el Programa de Prevención – Anticorrupción. Ambas
estrategias se fundamentan en leyes, reglamentos, normas y principios de sana administración.